Copia de la carpeta de la investigación y también de la comunicación telefónica entre la Fiscalía Metropolitana Sur y el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fue el primer requerimiento que hizo el abogado Juan Carlos Manríquez tras asumir la representación de la ex candidata a gobernadora y al Senado Karina Oliva, en la causa por presunto fraude a las subvenciones electorales.
Y si bien en los últimos días el foco ha estado en la pertinencia y la forma en que se realizó el allanamiento a la sede de Comunes el pasado viernes, el defensor aborda el fondo y los sustentos de la medida intrusiva en una causa donde cuestiona la evidencia.
Antecedentes de la causa: "Apreciación desprolija"
Manríquez dice que "hemos asumido la representación de la ex candidata a senadora Karina Oliva y de su administrador de campaña (Martín Miranda) en la convicción absoluta, luego de revisar los antecedentes y los procedimientos iniciales, que el allanamiento producido a la sede partidaria y a su vez las imputaciones públicas efectuadas hacia su campaña, no solo resultan innecesarias, desmedidas, irregulares sino que, además, efecto de una apreciación desprolija de antecedentes iniciales completamente no chequeados, equívocos y, por lo demás, completamente impertinentes".
El abogado aborda también los antecedentes que se conocen del caso. "Se dice que existiría una multiplicidad de informes pagados más de una vez, cuestión que es absolutamente inefectiva, puesto que se trata de informes diferentes, de entes diferentes, de contenidos, extensiones y materias distintas. Además
se confunde la revisión de la cuenta electoral de la primera y segunda vuelta. Como ha dicho el director del Servicio Electoral, la segunda vuelta aún no es revisada. Y si bien la primera fue aprobada, hecha la trazabilidad íntegra de aquella, todas y cada una de esas partidas se encuentran debidamente respaldadas. El allanamiento era innecesario para aquello puesto que la mayor cantidad de esa información se encuentra disponible en fuentes abiertas, en las propias páginas del Servel".
No aparece factura de $50 millones
Una orden de entrada y registro suscrita por el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Jaime Fuica, dio luz verde el viernes 19 de noviembre al allanamiento a la sede de Comunes. El documento recoge los fundamentos de la fiscalía para la medida intrusiva. Entre ellos una ahora cuestionada factura.
Según la resolución del juez "se sindica que en una factura rendida al servicio, la cual es la N°4, de 12 de junio del año 2021, emitida por parte de Sport Management, por un monto de alrededor de $50.000.000, su dueño indicó que dicho servicio fue inexistente y que ellos no habían realizado dicha factura".
Manríquez asegura que dicha factura no se rindió ni en primera ni segunda vuelta, lo que implica que tampoco tendría reembolso. Y que, así todo dice el abogado, se llevó a cabo el allanamiento.
"Se dice que se habría hecho necesario golpear esa puerta, con un equipo de reacción estratégica o táctica como es el Gope, en medio de una elección democrática, basándose en que habría un supuesto proveedor inexistente, incluida en la cuenta electoral, una factura de $50 millones que su proveedor ni reconoce. Eso es extremadamente grave, puesto que al fundar de esa manera la fiscalia su petición de ingreso, no chequeo ni verificó, o bien la fuente en la cual se basó, tampoco revisó que esa factura no existe", explica Manríquez.
Agrega que "nunca se ha girado ni ese servicio se ha prestado en la primera vuelta. Puesto que no ha sido ni siquiera incluida en la segunda vuelta electoral, sino que aparece como un registro meramente privado en una planilla Excel que no forma parte de la cuenta electoral. Si se revisa la página de SII, esa factura no aparece emitida. Desde ese punto de vista entonces es una completa desprolijidad que llevó al juez de garantía a tomar una decisión equivocada, con antecedentes erróneos sin base y además completamente confusos".
Subraya que se violan derechos
La información, dice Manríquez, "produjo una cadena de inconsistencias que indujeron al tribunal a dictar una resolución equivocada, que en la práctica se llevó sin control de la fiscalía. Hasta donde se ve, no había ningún fiscal presente, dirigiendo la acción del Gope. Cuestión importante al tratarse de un allanamiento, llevándose evidencia existente en fuentes abiertas, información privada de terceras personas, computadores con información privada que hasta el día de hoy no se sabe su paradero".
El abogado concluye que "esa acción así de innecesaria, desprolija y desproporcionada, viola, desde el punto de vista de los derechos políticos, la carta democrática de la organización de Estados Americanos, la Convención americana de DD.HH. y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tal y como dijo en su minuto el propio fiscal nacional (Jorge Abbott) y el director del Servel (Andrés Tagle). Desde ese punto de vista estas son actuaciones evidentemente nulas".
