Este martes, la Defensoría de la Niñez dio a conocer su tercera cuenta pública y el Informe Anual 2021, relevando la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en Chile. En ese sentido, la institución hizo una serie se recomendaciones para el proceso constituyente y el próximo gobierno.
El documento presentado por Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, apunta a exhibir las mayores dificultades que atraviesan los NNA y propone recomendaciones a los poderes y órganos del Estado para asegurar los derechos humanos de los menores.
Este año, el informe está dividido en tres partes. La primera de ellas, se enfoca en el rol y funciones del organismo. En ese sentido, se describen las principales acciones y cometidos del último año, destacando además el trabajo de las cinco macrozonas regionales.
Respecto a esto, la Defensoría informó que realizó 228 recomendaciones a distintas entidades, entre ellas, los poderes del Estado, empresas, organismos internacionales y municipios. Además, la entidad realizó observaciones a 23 proyectos de ley en discusión en el Congreso.
También, que realizó 21 visitas a residencias o centros de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado; atendió a casi 3.000 requerimientos de la ciudadanía, la mayor parte por vulneraciones de derechos, y dio seguimiento a más de 300 compromisos del Estado, a través del Observatorio de Derechos.
En la segunda parte del informe, se recomiendan acciones de cara al proceso constituyente, presentando argumentos de por qué se debe considerar la participación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo que significa la redacción de la nueva Constitución.
Bajo ese contexto, se analizan los reglamentos de la Convención Constitucional, identificando desafíos y recomendaciones para asegurar el derecho a la participación de ellos y ellas, junto con recomendaciones al Ejecutivo para lograr el acceso a la información y participación de este importante grupo de la población.
Derechos humanos
En su tercera parte, se aborda la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile. A través de seis capítulos, se realiza un análisis del panorama actual en esta materia y se entregan recomendaciones específicas para diferentes organismos estatales.
Respecto a los derechos de niñas y niños de 0-3 años en Chile, señala que se observa una importante brecha en el ejercicio de estos en comparación con otros grupos etarios, en vista a la falta de información e indicadores, como el derecho al juego y el derecho a ser oído.
Ademas, otro de los puntos que más destaca es la pobreza que se registra en los NNA. Pues, en el informe se menciona que a nivel nacional, el 6% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en pobreza extrema, y que este porcentaje aumenta a un
10% al considerar a los niños, niñas y adolescentes mapuche en La Araucanía.
Ante los resultados del informe, la defensora Patricia Muñoz, señaló: "Confiamos en que este tercer informe anual se constituya en un insumo más para quienes, a contar de marzo de 2022, asuman la responsabilidad de conducir el país, integrando las recomendaciones que se realizan".
"Porque los discursos grandilocuentes, sobre el compromiso con la niñez y la adolescencia, carecen de sentido cuando, como correlato concreto, no se observan acciones decididas que les consideren y traten como sujetos de derecho", agregó.
En esa línea, la institución remarca la necesidad de subsanar los distintos nudos críticos en la materia, así como también de evitar repetir las falencias estructurales que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, apuntando a que estos deben ser considerados como sujetos de derecho y no como meros objetos de protección.
