Los diputados de la UDI impulsaron la indicación en el Presupuesto 2022 y ahora proponen una forma para aplicar los exámenes.
El Mercurio (archivo)
En medio de la discusión del
Presupuesto 2022 realizada en noviembre pasado, la bancada de
diputados de la UDI presentó una indicación a la glosa del Congreso Nacional buscando que se consideraran fondos para que
los parlamentarios pudieran ser sometidos a test de droga. La medida que ya se había intentado aplicar con anterioridad sin éxito, esta vez fue aprobada en ambas cámaras, y ahora se trabaja en la forma de ponerla en marcha.
En esa línea es que los mismos representantes del gremialismo, cuyo
jefe de bancada es el diputado (reelecto) Juan Antonio Coloma, entregaron a la comisión de Régimen Interno -instancia encargada de estos temas- una propuesta de reglamento para hacer viable esta medida, que considera entre otras cosas que los diputados serán informados el mismo día que deben realizarse el examen, una marcha blanca a partir de enero y ayuda en caso de determinarse que existe dependencia a las drogas.
Según la propuesta a la que accedió
Emol, los legisladores esperan que los primeros exámenes se realicen entre el
martes 4 y el jueves 20 de enero, pudiendo ser medidos los diputados que aún están en ejercicio. Y luego, se termine con la marcha blanca y
se inicie de manera formal el 11 de marzo cuando lleguen los nuevos parlamentarios a Valparaíso.
El plan presentado por la UDI señala que es los test deban realizarse en la Unidad de Enfermería con la que cuenta la Corporación y "los exámenes podrán ser de orina y sangre, test de pelo u otras pruebas que los médicos o enfermeros especialistas determinen".
Ellos proponen que al inicio de cada semestre se realice un sorteo cuyo secreto debe ser garantizado por la comisión de Régimen Interno para que "ni los diputados en ejercicio ni sus asesores" conozcan el día que deben tomarse la muestra, definidos según las sesiones ordinarias programadas en ese período.
Mientras que emulando lo que ocurre con los deportistas que son sometidos a un control de dopaje, se busca que al final de una de estas sesiones se informe quiénes deben pasar a la enfermería y ellos tengan un plazo de hasta dos horas para hacerse el test desde que termine la sesión.
"Su asistencia será obligatoria e inexcusable", buscan exigir los diputados autores de la iniciativa que además proponen sanciones para quienes no se hagan el examen. Junto con enfatizar que el "procedimiento deberá siempre resguardar la dignidad de los parlamentarios, garantizando la imparcialidad del proceso y su confidencialidad" especifican que debería ser el secretario General de la Cámara el encargado de informar por escrito a cada diputado el resultado de su test.
Sanciones que se proponen
La bancada en su propuesta a la comisión indica que si alguno de los diputados se negara a hacerse el examen, debería ser sancionado con el 2% de su dieta mensual. Y esa multa asciende hasta el 5% si el resultado fuera positivo.
Por otro lado a juicio de los gremialistas, "en caso de reincidencia en exámenes discontinuos (dos test positivos durante tres o más semestres), el diputado será sancionado con multa de entre un cinco (5) y un diez (10) por ciento de su dieta mensual" y así aumenta hasta el 15% si dieran positivos a más muestras.
5% de su dietapropone la UDI que sea el descuento si sale un examen positivo y el porcentaje aumente si es así más de una vez
"Para todos los casos en donde un diputado haya dado positivo a dos o más exámenes, sin importar que sean continuos o discontinuos, la Comisión de Régimen Interno deberá proponer una tabla estandarizada que determine el nivel de dependencia o consumo que eventualmente pudiese tener él o la diputado/a, elaborando un plan que le permita al parlamentario enfrentar su nivel de relación con las drogas", dicen los legisladores de la bancada en su plan para aplicar su indicación aprobada.
Junto con todo lo anterior, expresan en su propuesta que insistirán en que se acelere la tramitación del proyecto que ingresaron en 2019 que apunta a que todas las autoridades electas democráticamente deban someterse a un examen de drogas semestral y en caso de resultar positivo deban cesar de su cargo.
