Durante la tarde de este viernes, el Juzgado de Garantía de Panguipulli rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo del carabinero imputado por el delito de homicidio simple, en la indagatoria que se lleva adelante por la muerte del malabarista Francisco Martínez Romero, quien falleció en febrero de este año, tras recibir múltiples disparos.
En la audiencia, el magistrado Felipe Muñoz Hermosilla rechazó la petición del Ministerio Público, luego de que surgieran "dudas respecto del inicio del procedimiento, particularmente en cuanto a la circunstancia que motiva el control de identidad".
"Las declaraciones indican que la víctima se encontraba efectuando un acto de malabarismo, por lo que no se configuraría la hipótesis que habilitaba el control de identidad. De forma tal que existiendo duda acerca del presupuesto de falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, se rechazará la solicitud de sobreseimiento definitivo", agregó al respecto.
Cabe recordar que los hechos ocurrieron el día 5 de febrero, cuando, según relató durante la formalización el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, Martínez se negó a colaborar en un control de identidad, amenazando a los funcionarios policiales con uno de los tres machetes con los que hacía malabarismo en la calle Martínez de Rozas con Pedro de Valdivia. Ante ello, el imputado realizó un disparo al suelo para disuadirlo, sin éxito.
Con lo anterior y tras reiteradas peticiones de deponer la actitud, el uniformado realizó siete disparos, el último de ellos considerado como "innecesario", siendo además el que le provocó "una herida cardíaca, que le causó la muerte en el lugar", añadió.
Esta jornada, el juez también acogió la solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en la causa, fijando para el próximo viernes 7 de enero una audiencia para discutir la reapertura de la causa.
Cabe señalar que pese a que en la formalización se dictó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el uniformado, finalmente tras la decisión de la Corte de Apelaciones el imputado hasta la fecha ha cumplido con las de arraigo nacional y firma quincenal.
