Después de tres meses de trabajo, la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad logró aprobar un cronograma interno que fija la fecha de las fases de la consulta indígena. El proceso de debate de los pueblos originarios durará en total 19 días: partirá el 14 de febrero y concluirá el 4 de marzo.
El calendario fue aprobado luego de un tensionado debate en la comisión sobre los elementos que faltan para iniciar el proceso, críticas sobre la duración de este y dudas aún sobre de dónde saldrá el presupuesto para llevarlo a cabo.
El viernes pasado, Rosa Huenchumilla, integrante de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena, expuso en la comisión un presupuesto "estimativo" que contempla un proceso de participación que abarque a 4158 comunidades, 2916 asociaciones indígenas, el trabajo de 444 facilitadores, 415 digitadores y 410 moderadores.
La remuneración de ese personal sería de $1.304.500.000 y se consideran además $34.952.065 para combustible y $70.750.000 para colaciones, lo que sumaría $1.410.202.065.
Estos valores no incorporan el costo de una posible consulta telemática en zonas urbanas que la Secretaría ya estaba gestionando y es solo el "valor mínimo" que se podría considerar, según afirmó Huenchumilla.
Ante la consulta de los convencionales que tenían dudas sobre los recursos, si ya habían sido solicitados a la Dipres, si ya se había iniciado el proceso de contratación de las personas y las gestiones administrativas para el proceso de difusión, la coordinadora Margarita Vargas contestó que "la Secretaría Técnica está trabajando ya, ha iniciado estas gestiones, hay un presupuesto que había informado Dipres que era para el trimestre y eso está en proceso ya".
"Ellos están trabajando con la fase de contratación del personal, que lo mostraron en la sesión anterior en la presentación del informe, así que eso está en avance", complementó.
No obstante, la coordinación no entregó más detalles sobre las gestiones, pues a pesar de comprometer un punto de prensa, ambas coordinadoras se retiraron sin contestar preguntas.
¿Una consulta telemática?
En la sesión de este lunes, además, se rechazó -solo tres personas votaron a favor- una propuesta del convencional Eduardo Cretton (UDI) para digitalizar la consulta indígena. Cretton llevó un presupuesto de la empresa Evoting y aseguró que el proceso le costaría a la Convención cerca de $80 millones.
"Esta Convención ya tiene digitalizados varios procesos, las normas populares e indígenas se hacen a través de plataforma web (..) Por lo tanto, en virtud de que hay poco tiempo y corremos el riesgo de que participe poca gente, no veo razón alguna para que poder negarse a que digitalicemos y avancemos en que esto sea mucho más representativo y participativo", dijo Cretton.
No obstante, los representantes de los escaños reservados y otros integrantes de la instancia estuvieron en desacuerdo con la propuesta por varios motivos: la falta de conectividad en algunos sectores rurales donde residen los pueblos originarios, la existencia de gestiones de la Secretaría Técnica con otra empresa para realizar encuentros telemáticos y la complejidad para sistematizar lo obtenido en una consulta online.
"Agradecer la propuesta del convencional Cretton por intentar ayudar dentro de este proceso, pero ya se clarificó que la empresa propuesta pueda realizar la consulta indígena y ello creo que es bastante lejano a las prácticas tradicionales de nuestros pueblos, que están acostumbrados a que los tratos sean directos. Además, existen problemas de conectividad muy grandes, yo soy de Tarapacá y tenemos localidades que no tienen luz", comentó Alejandra Flores (MSC).
Los pasos de la consulta
El proceso de consulta indígena inicia con un periodo de difusión, establecido en el reglamento de la consulta, que fue fijado a partir de este mismo 24 de enero, según el cronograma que se aprobó este lunes.
La etapa de discusión partiría el 14 de febrero y duraría hasta el 4 de marzo. En ese periodo, los pueblos originarios
podrán participar de encuentros convocados por la Convención o autoconvocados, de forma presencial o telemática, y tendrán que utilizar como guía de su deliberación el documento base que aprobó la comisión un par de semanas atrás.
Este documento consta de cinco principios y veinticinco derechos colectivos de los pueblos indígenas. Asimismo, contiene cinco preguntas de carácter general sobre estos y otros derechos o temáticas que los propios pueblos pueden indicar
Los principios contemplados son el de plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos, principio de interculturalidad y descolonización, principio del buen vivir, cuidado y respeto de los derechos de la naturaleza e igualdad y prohibición de discriminación.
En el documento se explica qué significa cada principio y definen 25 derechos, como el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales, a la vivienda, al autogobierno y autonomías indígenas, a la nacionalidad, identidad, no discriminación, a recurso efectivo, a reparación, derechos lingüísticos.
Con esa base, se pregunta: Para los PP.OO, ¿qué debería estar escrito en la nueva Constitución? ¿Qué se necesitaría para que eso se haga realidad? ¿Qué normativa propones? ¿Los PP.OO están de acuerdo con que estos principios y derechos sean incorporados a la nueva Constitución? (Sí/No) ¿Con cuál derecho/principio no está de acuerdo? Se pide una justificación y se pregunta finalmente ¿Considera que falta alguna otra temática? ¿Cuál?.
La metodología aprobada explicita que la forma de deliberación y el mecanismo de discusión deben respetar las formas en las que cada pueblo, comunidad u organización decidan participar, por medio de sus instituciones propias.
Posteriormente, entre el 7 y el 25 de marzo, la Secretaría Técnica de Participación Popular y Consulta indígena debe sistematizar lo que resultó de los debates de los pueblos, y luego la comisión podrá "recibir, elaborar, debatir y formular normas e indicaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, sus garantías e instituciones, respetando estrictamente los acuerdos a los que arribe con los pueblos".
Luego se extiende el periodo para la entrega de resultados, que es entre el 28 de marzo y el 4 de abril; y hay una etapa previa a los resultados, de "acuerdos", que según especifica el cronograma, solo podría darse si se extendiera el plazo de la Convención. Esta busca abrir el diálogo entre los representantes de la Convención y los pueblos originarios, durante las semanas territoriales.
