A menos de 24 horas de retirarlo de la Contraloría General de la República, el Gobierno reingresó esta mañana el
reglamento de la Ley de Migraciones, luego de revisar artículos que habrían provocado observaciones de legalidad por parte del ente contralor.
A través de un comunicado, la Subsecretaría del Interior informó que el documento fue reingresado "
tras la revisión, análisis y posterior modificación de algunos artículos puntuales del documento por parte de los equipos jurídicos de la entidad fiscalizadora y del Servicio Nacional de Migraciones".
"Resulta importante destacar el trabajo realizado por los profesionales de ambos organismos, toda vez que en la elaboración de un reglamento como éste, con más de 180 artículos, es natural que existan visiones jurídicas que es necesario consensuar.", afirmaron.
En este caso en concreto, recalcaron que "estas posturas diversas se redujeron a nueve artículos, un número muy acotado de preceptos, los que hoy fueron sometidos a la decisión que adopte al respecto la Contraloría General de la República".
En tanto, El Gobierno dijo valorar los aportes realizados por el ente Contralor a este proceso de elaboración del Reglamento de la Ley de Migraciones, "los que se suman al proceso de consulta Pública llevado adelante por el Servicio Nacional de Migraciones".
"Esperamos que la pronta aprobación del texto reglamentario constituya un avance respecto a las actuales necesidades y expectativas de la comunidad migrante y de la ciudadanía en general", puntualizó el comunicado.
Delgado y los artículos "relevantes"
Más tarde, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien recientemente sostuvo reuniones con autoridades y gremios del norte del país, reiteró la importancia del documento. "Después de conversar con los gremios, con la sociedad civil de Tarapacá, de Arica y Parinacota, me queda más que claro que hay que sacarlo de manera urgente, por eso puse el énfasis en el reglamento".
Asimismo, afirmó que "me llama profundamente la atención que se haya generado tanto revuelo con un tecnicismo que es retirar el reglamento para hacer esas observaciones que se venían trabajando con equipos técnicos del servicio nacional de migraciones y la Contraloría, a quien aprovecho también por agradecer por ese trabajo".
Así, detalló que hubo dos modificaciones relevantes: la primera, relacionada a la cantidad de horas en las cuales se puede hacer el trámite de expulsión y la segunda, asociada a las facultades de funcionarios públicos para denunciar a quienes estarían ingresando ilegalmente.
Frente a la primera, Delgado explicó que "siendo que son 48 horas que tenemos de plazo para concretar la expulsión, el traslado de una persona que se iba a expulsar de una zona extrema (como Punta Arenas o Arica) y deba venir a Santiago para el vuelo de expulsión, nosotros consideramos que esas horas de traslado no se consideraran dentro del plazo, para tener más tiempo para hacer todo el trámite. La Contraloría nos dijo que no", afirmó.
Por otro lado, "consideramos que cualquier funcionario público que sea testigo de una infracción migratoria por parte de un migrante debe ser su obligación denunciarlo. La Contraloría ahí tuvo un criterio distinto, pero estamos trabajando justamente en poder subsanar esa situación, el resto son formalidades", zanjó.
