Han pasado 24 días desde que el Gobierno de Gabriel Boric asumió en La Moneda el pasado 11 de marzo y desde esa fecha los ataques armados e incendiarios en la macrozona sur no han cesado, pese a la estrategia de diálogo que buscaba implementar la nueva administración con las comunidades de las regiones de La Araucanía, del Biobío y Los Lagos.
Es más, de acuerdo con el abogado y ex coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur del periodo del ex Presidente Sebastián Piñera, Pablo Urquízar, más de 20 atentados se han registrado en las regiones de La Araucanía y del Biobío desde que asumió el Mandatario Gabriel Boric y su gabinete.
"Los hechos de violencia y los atentados se han seguido materializando y han aumentado luego del retiro del estado de emergencia por parte del Gobierno en la Macrozona Sur. Ya van más de 20 atentados y hechos de violencia en la macrozona sur desde que ingresó el nuevo Gobierno del Presidente Boric y es en realidad, los atentados lo que buscan es precisamente generar temor en las familias mapuches y no mapuches", asevera a Emol, Pablo Urquízar.
Consultados por este medio, desde los Gobiernos Regionales del Biobío y La Araucanía señalaron que, hasta la mañana de este lunes, la actual administración no había presentado ninguna querella por delitos registrados en el territorio. Sin embargo, durante la tarde de hoy, el Ministerio del Interior anunció una acusación judicial por el ataque incendiario en Contulmo que dejó 11 viviendas y dos vehículos destruidos por las llamas, siendo la primera del periodo.
Además, frente a este último hecho y los otros ataques registrados en el territorio, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve anunció que se instalará un nuevo trabajo de diálogo con las comunidades de la Macrozona Sur, el cual buscará estar mediado por veedores internacionales y Naciones Unidas.
En ese sentido, desde el Gobierno de Gabriel Boric han defendido su trabajo basado en el diálogo con las comunidades y han aludido a que las acciones aplicadas durante el mandato de Sebastián Piñera, sobre todo el estado de excepción, tampoco fueron suficientes para solucionar el conflicto en la macrozona sur.
"El estado de excepción terminó, tuvo una vigencia de 165 días, hubo 97 ataques a inmuebles durante el estado de excepción, el más grande de hecho en Contulmo en diciembre que afectó a 31 casas. No hay modelo perfecto para enfrentar el conflicto más severo que enfrenta la sociedad chilena hoy día. El querer levantar como un modelo perfecto un modelo fracasado, me parece un profundo error", puntualizó Monsalve tras participar en una reunión extraordinaria en La Moneda, convocada por el ataque incendiario que ocurrió en Contulmo el viernes en la noche.
Respecto a la relación que ha tenido el Gobierno con las acciones judiciales y los ataques, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas reprochó que "lo que ha pasado en estos últimos días ha demostrado que la estrategia no necesariamente ha sido la indicada. Entendemos que es una estrategia que está recién instalada, pero lo que no puede pasar es que no se ocupen todas las herramientas que el Estado tiene para poder combatir".
"Esperamos que lo que se imponga desde el Gobierno sea mucha más seguridad y no menos. El estado de excepción había logrado bajar unos índices, por ejemplo, el tema de las usurpaciones había bajado de cierto modo, el tema de los atentados incendiarios. Hoy día lo que estamos viviendo nuevamente es el descontrol y esto nos preocupa porque va en alza", concluyó.
¿Cuál es la importancia de las querellas?
Durante el periodo del ex Mandatario Sebastián Piñera, específicamente entre 2018 y 2021, se interpusieron 832 querellas por parte del Gobierno ante hechos violento en la macrozona sur.
"De esas 832 querellas, hay hoy día 99 personas condenadas y de las 99 personas condenadas, hoy día en la macrozona sur hay 84 personas que están en las respectivas cárceles, no por su forma de pensar como el Gobierno denomina "presos políticos", si no que básicamente por delitos como tráfico de drogas, asesinatos, atentados y el robo de vehículos", acotó Urquízar.
Es en esa línea que, el ex coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur explica la importancia de las querellas: "Un ejemplo concreto de las querellas interpuestas, es precisamente el caso de Eleodoro Raiman en Contulmo, donde el Gobierno presentó las querellas por el homicidio y, en conjunto, con el accionar del Ministerio Público lograron detener a ocho personas y que fueron condenados".
"En ese sentido, lo que corresponde es que efectivamente el Gobierno materialice e interponga las querellas respectivas y esas busquen dar con los responsables y que sean condenados como corresponden", agrega.
Si bien el abogado explica que "quien tiene el deber constitucionalmente hablando de investigar los hechos constitutivos de delito es el Ministerio Público", el Gobierno a través de las querellas "le da la prioridad para que esas causas sean investigadas a través de la mayor solicitud de diligencias, de mayor presencia jurídica para exigir que esa investigación se hagan como corresponden y también para interponer los recursos respectivos cuando esas personas, por ejemplo, queden libres o no cumplan sus condenas".
"La ley que regula al Ministerio del Interior establece la atribución a través de los delegados regionales presidenciales el interponer querellas, cuando efectivamente se cause un gran temor o terror en la población de verse expuestas estas personas a un delito de esa magnitud, y desde esa perspectiva, el componente dice relación con terrorismo, con Ley de Seguridad del Estado y dice relación con afectaciones graves a la vida, integridad física y psíquica que sufren las víctimas de violencia en la macrozona sur", puntualiza.
En conclusión, el Gobierno, según el artículo 3 letras a y b del DFL 7912 de 1927 "Decreto que organiza las secretarías del Estado", podría interponer las querellas en estos casos bajo los siguientes apremios: "a) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República".
Y, "b) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie".
