Este martes podrían llegar al borrador de nueva Constitución los primeros incisos de las normas de derechos sociales que han generado cierta expectativa sobre el trabajo constituyente. Desde las 12:00, el pleno de la Convención Constitucional debatirá y votará los 27 artículos que contienen el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la seguridad social, entre otras cosas.
Los mismos convencionales tienen la mirada puesta sobre lo que ocurra desde mañana y en las próximas semanas, pues las últimas encuestas han mostrado un aumento en el porcentaje de la gente que rechazaría la nueva Constitución en el plebiscito de salida e incluso el crecimiento de una sensación de incertidumbre y otras emociones negativas sobre el proceso.
En ese sentido, hay
quienes ven en los derechos sociales una forma de "reencantar" a la ciudadanía, o al menos una ventana de oportunidad para generar más interés en los últimos dos meses y medio de trabajo.
Así lo manifestó el vicepresidente Gaspar Domínguez, quien aseveró que "basta darse una vuelta por las calles de cualquier ciudad dentro del contexto de las manifestaciones para ver que lo que estaba en las pancartas, en las paredes, tiene que ver con el acceso a salud, educación, pensiones. Por eso tenemos la convicción de que gran parte de la atención de la ciudadanía estará pendiente sobre lo que estamos discutiendo y que esto tendrá impacto en la percepción que tiene la ciudadanía de este proceso".
Para el coordinador de la comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela (Col. Socialista), se trata de la materialización de las demandas de "décadas de movilizaciones", por lo que sus resultados influirán en la idea que tenga la gente del trabajo constituyente.
"Cuando decíamos que la Comisión de Derechos Fundamentales era el corazón de la Convención lo decíamos por eso, porque esta comisión tiene alojada la discusión y aprobación de las normas que más hacen sentido a la población en general", sumó Valenzuela.
"Acá están las demandas principales del estallido social y de décadas ya de movilizaciones sociales. Son aquellos aspectos que van a mejorar la calidad de vida de las personas, así que sí creemos que cumplen un rol fundamental las temáticas que se van a discutir", remarcó el coordinador.
Esa misma línea siguió la constituyente Tatiana Urrutia (FA) integrante de la comisión de Derechos Fundamentales, que además lamentó que se dejaran para último momento estas discusiones, a pesar de que afirmó que era el "orden lógico de cómo discutirlo".
"Evidentemente aquí se concentran las demandas de todo Chile (...) Esperamos que sea así (el reencanto), entendemos también el llamado que se ha hecho de distintos sectores respecto a la conducta de la Convención, pero creo que acá vamos a dar señales concretas de la cordura con la que está pensando esta Convención el Chile del futuro", comentó Urrutia.
Para Vamos por Chile, no obstante, la aprobación de las normas que vienen de la comisión podrían apuntar en el sentido contrario, pues consideran que el tenor de los artículos presentados no soluciona los problemas vigentes, por ejemplo, las demandas en salud.
"Me parece que
los ciudadanos no son lesos. Se darán cuenta de que esto es en el discurso muy bonito, pero las ideas que se escriben en estas normas tan importantes para los chilenos, lo que hacen es dejar al Estado como un proveedor, cargándolo con más personas que hoy prefieren el copago, mermando toda posibilidad de libertad. Creo que es de una irresponsabilidad tremenda para los próximos años", dijo
Rocío Cantuarias (Chile Libre).
"Resulta complejo encantar a la ciudadanía si se acusa a monstruos ficticios del exterior. Acá hay un encierro tremendo de algunos convencionales que se creen semidioses y que no entienden que hay cosas que están mal hechas y se están dejando de lado estructuras jurídicas, elementos prácticos, como por ejemplo el tema de la salud privada, que van a afectar a los chilenos que menos tienen. El problema surge de acá adentro, no de las encuestas", manifestó Manuel José Ossandón (RN).
El contenido de las propuestas
Sobre salud, la Comisión de Derechos Fundamentales propone al pleno un "Sistema Nacional de Salud" de carácter universal, público e integrado, que se refirá por los principios de "equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación".
Los prestadores privados no desaparecerían, pero una de las restricciones que pone la norma es que los que integren este sistema "no podrán perseguir fines de lucro".
En cuanto a educación, está incorporada la libertad de enseñanza y se consagra que "la Constitución respeta la libertad de los particulares para fundar y gestionar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios, respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución, y las demás condiciones que establezca la ley".
Además, incluye la libertad de "padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes".
Entre las definiciones sobre seguridad social está que le corresponderá al Estado definir la política correspondiente, pero que esta "se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema".
"El Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido", se lee en el texto.
