Un sistema de medios públicos, un Consejo Nacional de Comunicaciones, el derecho a la desobediencia civil y a la "muerte digna" podrían llegar esta tarde al borrador de nueva Constitución. Desde las 15:30 la Convención Constitucional debatirá y votará el último informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que contiene esas temáticas y otras como el patrimonio lingüístico y la interculturalidad en la educación.
Son en total 30 artículos que podrían empezar a votarse pasadas las 18:00, y en esa lista se encuentra la creación de un "Consejo Nacional de Comunicaciones", que sería un órgano autónomo y técnico que tendrá entre sus tareas "proteger y promover el derecho a la conectividad y la comunicación social en sus diversos soportes tecnológicos". Además, deberá velar por la "transparencia y libre competencia de un mercado pluralista de las telecomunicaciones y el sector audiovisual, junto con la distribución y uso equitativo del espectro radioeléctrico".
Este tendría personalidad jurídica, patrimonio propio y contaría con potestades normativas, fiscalizadoras, sancionatorias y consultivas.
"Nos parece importante que exista un órgano respecto de esto que haga énfasis en el pluralismo y diversidad de los medios. Bajo ningún punto de vista busca ni siquiera mirar los contenidos de los medios en sí, sino más bien nos parece que son elementos que faltan en nuestra sociedad y contribuirán en la profundización de la democracia", explica Carolina Videla (PC), coordinadora de la comisión.
En esa misma línea, la comisión propone al pleno la existencia de "medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población". Estos deberán ser "independientes, pluralistas, interculturales y descentralizados, debiendo funcionar de manera coordinada bajo estándares de calidad, universalidad, continuidad y transparencia".
Según la norma, se constituirían como empresas autónomas del Estado, "con presupuesto permanente, personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio" y la ley deberá asimismo regular su organización y composición.
Además, la Convención votará la existencia de un "Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios", que tendrá el fin de "asesorar y coordinar los diversos medios de comunicación, que promoverá y fortalecerá los medios regionales, locales, comunitarios e indígenas", y estará organizado de forma "descentralizada y garantizará su libre acceso a todas las personas y comunidades".
Otro de los artículos que se debatirán esta jornada aborda el espectro radioeléctrico y su carácter "inapropiable".
Según la coordinadora Malucha Pinto (Col. Socialista), se trata de "30 normas con una redacción simple, concreta y precisa que limpia aspectos que podrían ser materia de ley o reglamento. Entendemos que todo es perfectible y siempre estamos abiertos a que las normas vuelvan a la comisión a ser mejoradas".
Para Angélica Tepper (RN), se trata de "más causas particulares -que debieran ser reguladas por una ley o incluso por reglamentos-, que normas referidas a las bases de nuestra convivencia social. Aprobaré muy pocas normas, con la expectativa de que la comisión recapacite".
Desobediencia civil y muerte digna
Dos de las innovaciones que trae el informe de Sistemas de Conocimiento son las normas sobre muerte digna y desobediencia civil. La primera apunta a que todas las personas tienen el derecho a "tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida, sus cuidados y tratamientos, con pleno respeto a su cultura, creencias y espiritualidad".
Asimismo, establece que el Estado garantiza el acceso a cuidados paliativos "a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social" y deriva a la ley la regulación de las condiciones para el acceso a estas prestaciones.
El derecho a la desobediencia civil, en tanto, dice que "toda persona tendrá derecho a la desobediencia civil contra una autoridad" en tres casos; si la autoridad "estuviere incumpliendo con lo establecido en esta Constitución"; si "estuviere vulnerando los derechos humanos reconocidos en esta Constitución o en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin cumplir con lo establecido en la ley"; o si "hubiere usurpado las funciones públicas".
"Todo acto que realice quien hubiere usurpado el poder serán nulos y originarán las responsabilidades y sanciones que determine la ley", concluye el artículo, que forma parte de una propuesta impulsada por el convencional del FA Jaime Bassa, Elisa Loncon, constituyentes de MSC y de la Coordinadora Plurinacional, y luego fue luego modificada en la comisión.
"Se justifica como forma de rebelarse contra dictaduras pero no hay conciencia de que cuando hay una dictadura, el régimen constitucional termina y los derechos consagrados en la Constitución no sirven para nada. Más que ser este derecho un mecanismo de defensa contra regímenes dictatoriales, termina siendo un cheque en blanco para violentistas y el octubrismo", critica Ricardo Neumann (UDI).
En cambio, Videla sostiene que "no tiene que ver con salir a quemar el país, es oponerse, es desobediencia civil, a la opresión de los poderes cuando (las personas) vean vulneradas por distintos actos".
Entre las normas que se votarán esta tarde además hay una sobre los libros y la lectura, que consagra el fomento estatal al "acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas", dispone la creación de una editorial estatal y exime de IVA a la producción y comercialización de libros en cualquier formato y en todas sus etapas.
