Solo 47 artículos de un total de 89 que propuso la Comisión de Sistemas de Justicia fueron aprobados por el pleno de la Convención Constitucional, en la noche de este martes. Todo el resto volverá a la comisión para su revisión, pero dado que esta es la penúltima semana de trabajo de normas en el órgano constituyente, los plazos para aquello se les acortaron sustancialmente.
Los convencionales solo tendrán dos días para presentar indicaciones, y deberán dedicar todo el domingo a votarlas. Eso con el fin de llegar a la sesión de pleno de la próxima semana, en la que todo lo que no logre al menos 103 votos a favor, quedará rechazado.
Entre los temas que la comisión deberá resolver en dos días está
si el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública tendrán o no un Consejo Superior que los dirija; qué limitaciones tendrá el Banco Central; de cuántas personas se compondrá su Consejo y quién los designará; las atribuciones de la Corte Constitucional; y los detalles del procedimiento de reforma constitucional.
Ante la complejidad de ese escenario, una de las alternativas es que finalmente el detalle de muchos de estos puntos queden en blanco en el borrador de Constitución.
"En algunos casos creo que se trata de algunas correcciones que se pueden hacer, que podrían generar una aprobación por parte del pleno en un segundo informe, y que son cosas bastante puntuales. Sin embargo, en otros casos es probable que esto quede entregado a la ley", explicó Mauricio Daza (INN).
"En todo caso, ninguna de las dos opciones es mala, más allá de que yo en lo personal creo que establecer un órgano autónomo de rango constitucional es al menos definir sus competencias y cuál es su modelo de gobernanza", dijo el constituyente.
El problema del Banco Central y Ministerio Público
Los casos del Banco Central y del Ministerio Público son tal vez los más complejos, sobre todo porque aún no hay consenso en ciertos puntos centrales de la propuesta, como la forma de designación de los consejeros del ente emisor; o si el Ministerio Público debiera estar dirigido por un Consejo Superior y un Fiscal Nacional.
"Esos precisamente son los debates que estamos dando, cuál es el alcance de la Constitución, hasta qué punto hay que regular", sumó Manuela Royo (MSC). La postura de algunos representantes de la izquierda en la comisión es al menos dejar regulado el rol de cada organismo autónomo, pero tampoco hay consenso transversal en cuáles son las instituciones que deberían tener rango constitucional.
"En un principio solo se había considerado un Consejo Superior (para el Ministerio Público). Pues bien, esta segunda propuesta acogió la existencia de un Fiscal Nacional. Son debates que han ido transformándose, tomando la opinión de la ciudadanía, y hoy tenemos que dar una segunda vuelta respecto a esas mismas posiciones", agregó Royo.
A juicio de
Carol Bown (UDI), muchas de las materias presentadas en el informe deberían quedar a materia de ley, y es algo que de hecho argumentaron muchos de los representantes de Vamos por Chile durante el debate.
"Creo que sí vamos a llegar a una propuesta, pero esto depende de la izquierda, que son los que acuerdan, proponen y aprueban en Sistemas de Justicia. A nosotros no nos incluyen en la cocina de la comisión. Respecto a qué quede a la ley, depende, en algunos casos es lo que corresponde. Pretender dejar todo a la Constitución es un error. Hay materias que son de ley", sostuvo Bown.
En tanto, el coordinador de la comisión, Christian Viera (FA), desdramatizó en conversación con EmolTV que la comisión y el pleno no logren acordar los detalles del Ministerio Público o del Banco Central. Según Viera, las alternativas son dos: que la comisión proponga en dos días una alternativa posible, o que se mantenga la regulación vigente.
"Primer escenario: que en los dos días que tenemos para indicaciones, la comisión se haga cargo de un nuevo diseño. Eso es una conversación muy dura y exigente, por lo tanto advierto que eso no se va a producir, porque no contamos con el tiempo para dar esa discusión", explicó Viera.
"La otra alternativa es que esto quede al diseño legal, tratándose del Ministerio Público y el Banco Central. Qué es lo relevante: el reconocimiento constitucional de su autonomía y su principal función. Si esto queda así, no hay problema, porque ya existen las leyes que regulan las atribuciones y el funcionamiento de estas instituciones. Esa es la alternativa más probable", advirtió.
