Esta semana, la Convención Constitucional (CC) entró a su fase final, tras el cierre de las comisiones temáticas y la creación de dos nuevas instancias: Una que armonizará los artículos aprobados en el borrador de la Carta Fundamental y otra que se abordará las normas transitorias que permitirán el paso del viejo orden al nuevo.
La tarea de esta última es fundamental, pues ahí se determinarán los plazos para la entrada en vigencia del próximo régimen. Es decir, desde cuándo comenzará a funcionar el nuevo Congreso, los sistemas de justicia o la aplicación de los nuevos derechos sociales visados, entre otras materias.
Para ello, el órgano recibirá insumos de los tres poderes constituidos. Uno del Poder Judicial, otro del Legislativo y uno del Gobierno, el cual sería entregado este viernes a la mesa directiva de la CC. El documento del Ejecutivo tiene su origen en el interés de
La Moneda de colaborar e "incidir" en esta parte del proceso constituyente.
Fue durante el último consejo de gabinete donde el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, dio a conocer al resto del gabinete el compromiso que asumiría el Gobierno para ayudar en esa tarea. "Es necesario observar el impacto sistémico que las normas aprobadas generarán", señalaba un informe divulgado en el encuentro.
El objetivo era "prever la adecuada implementación de la voluntad del constituyente, y luego del plebiscito constitucional, diseñar e implementar dicha voluntad (…) La transición constitucional es un aspecto fundamental para una nueva Constitución, que afecta directamente su éxito y legitimidad", según indicó el texto.
En esa línea, el secretario de Estado encomendó a la División de Estudios de la cartera, liderada por la abogada Javiera Ascencio, la misión de elaborar un texto para otorgar la información y detalles necesarios a los convencionales para que puedan fijar los plazos en los que se debieran producir los cambios propuestos por la nueva Constitución.
Acevedo posee amplia experiencia sobre el proceso constituyente, el cual siguió de cerca desde su rol como coordinadora del proyecto sobre el reglamento de la Convención Constitucional en la fundación Rumbo Colectivo, ligada a Revolución Democrática.
La jurista, quien también fue asesora legislativa de ese partido y tuvo experiencia gubernamental en el primer y segundo gobierno de Michelle Bachelet, estuvo a cargo de la elaboración del documento que será entregado a la mesa del órgano, el cual entregará un análisis de las consecuencias de las nuevas normas.
El texto, según transmitieron desde el Ejecutivo, contendrá además información sobre cómo podría ser la transición en términos financieros y administrativos. Es decir, será un "marco teórico" para que los convencionales puedan tomar decisiones, descartando que puedan incidir con normas transitorias especificas como se creyó en un principio.
La mirada de los convencionales
A la espera del informe, que después de ser entregado a la mesa pasará a manos de la Comisión de Normas Transitorias, varios constituyentes comentaron sus expectativas sobre el rol que jugará el Ejecutivo en esta etapa, destacando la importancia que este tendrá para una correcta aplicación de la nueva Constitución, en caso de ser aprobada.
Para la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, lo importante en este proceso "es siempre respetar la autonomía de la Convención y esperamos del Gobierno lo que el Acuerdo por la Paz establece; apoyo logístico, administrativo y financiero".
En tanto, el
vicepresidente, Gaspar Domínguez, comentó que "esto es como un puente, entre la Constitución que queda atrás y la nueva. En la construcción de este puente deben participar los dos lados y si bien la redacción, los votos, la propuesta y la discusión será dentro de este órgano constituyente, creemos que es relevante que los distintos poderes del poder constituido puedan manifestar o proponer sugerencias".
En tanto, la convencional Tammy Pustilnick (INN) afirmó que "no solo tenemos que ver una transición paulatina en cuanto a todos los derechos y mandatos al Estado, sino que también hay un contexto social y económico de cómo se van a materializar. El rol del Ejecutivo será fundamental para determinar exactamente el plazo de tiempo que significa cada una de estas reformas".
Para Fernando Atria (FA), "este es un momento en el que se presentan todas las iniciativas transitorias, sin ninguna discriminación. Probablemente algunas son más razonables que otras, pero este es un momento indiscriminado. Por eso no me parece raro ni inapropiado que el Ejecutivo espere para manifestar su opinión hasta que exista una decantación".
Mientras, Ricardo Montero (Colectivo Socialista) sostuvo que "acá el que tiene la facultad soberana de definir las normas es el pleno y la instancia es la Comisión de Normas Transitorias, pero bienvenido cualquier insumo que nos ayude a una mejor transición. No sirve de nada un texto constitucional que sea inaplicable".
