"Propio de las dictaduras", "peligroso", "una práctica nefasta". Todo aquello dijeron algunos parlamentarios, convencionales de centroderecha y académicos sobre la posibilidad de instaurar un mecanismo que permita al Presidente dictar decretos con fuerza de ley para la instalación de la nueva Constitución, en caso de que el Congreso no cumpliera los plazos para tramitar los proyectos de ley requeridos.
La propuesta empezó a cobrar fuerza entre la izquierda y centroizquierda luego de una exposición del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en la Comisión de Normas Transitorias esta semana, y sumó potencia tras las palabras del ministro Segpres, Giorgio Jackson, en la misma instancia.
"La Constitución debe ser una norma de límite al poder y vemos que se le está abriendo un espacio al Presidente para tomar decisiones a través de decretos,
lo que ha sido en nuestra historia muy peligroso. Esto demuestra la falta de arquitectura y la mala construcción de este texto", criticó el convencional Manuel José Ossandón (RN)
"Es bastante antidemocrático. Se nos ha dicho que este proceso es participativo, democrático, porque incluye a todas las sensibilidades, pero como han sido tan nefastos algunos de los artículos, se han dado cuenta de que finalmente van a tener que gobernar por decreto, como lo vimos en el pasado en nuestro país y no resultó de buena manera", agregó Ruth Hurtado (Chile Libre) sobre esta posibilidad.
La defensa del mecanismo: sería "excepcional"
El fin de la propuesta es lograr una fórmula para que, si ganara el Apruebo en septiembre, el Congreso cumpliera con ciertos plazos para que el texto constitucional se pueda aplicar. Esto porque, si bien se considera que la Constitución es en sí misma aplicable, hay algunos derechos que requerirán instituciones o regulaciones sin los cuales no podrían ejecutarse.
Por eso la idea de los DFL tiene adherentes desde el Colectivo Socialista hasta el Partido Comunista, pasando por sectores de independientes como Movimientos Sociales Constituyentes. Entre quienes defienden la fórmula -que aún no ha sido propuesta ni votada- recalcan que es una herramienta que ya existe y ha sido utilizada.
"El uso de DFL para permitir en el fondo avanzar en la normativa ha estado siempre, todo el siglo XX, dentro de las opciones constitucionales. Habría que ver en qué materia, cuál es el mandato, el Contralor también dijo que estaba de acuerdo. Quién más que el Contralor para determinar si esto es plausible o no", comentó Amaya Alvez (FA).
De hecho, la convencional Bárbara Sepúlveda (PC) declaró que las calificaciones eran "desacertadas", porque " es precisamente en los expertos académicos a nivel mundial donde se ha realizado una recomendación como esa. Tom Guinzburg por ejemplo, en una de todas las exposiciones que realizó para acompañar el proceso de transitorias, dijo que era necesario que en el caso en el que no se cumplan los plazos, solo en ese caso, se pueda habilitar al Ejecutivo para legislar".
Ante la preocupación de que la medida se transforme en una herramienta de uso permanente, Amaya Alvez lo descarta y sostiene que "eso es un exceso, nunca será todo, serán materias determinadas. Hay materias en general por ley y las bajadas son a través de reglamento, así que me parece que no está ese temor".
En esa misma línea, el constituyente Ricardo Montero (Col. Socialista) reitera que "tiene que ser una herramienta excepcional y con límites. La democracia no funciona con excepciones y este es el caso de una excepción. Con los DFL hay que ser muy cuidadosos, no se puede transformar una herramienta excepcional en una herramienta de implementación de la nueva Constitución".
La discusión recién tendrá sus primeras definiciones la próxima semana, pues el plazo de la comisión para enviar las indicaciones sobre las normas transitorias cierra el martes 24 de mayo. La votación de estas propuestas, en tanto, se hará el jueves 26.
