Después de años de negociaciones e incluyendo un periodo en el que Chile retiró su apoyo, el tratado sobre "el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", más conocido como Acuerdo de Escazú, podría ser despachado este martes del Congreso Nacional.
Durante esta jornada, la Sala del Senado resolverá de forma definitiva la ratificación del documento por parte de nuestro país, luego de sortear exitosamente su revisión tanto en esa corporación como en la Cámara de Diputados, tras el reimpulso que le dio el Presidente Gabriel Boric al texto al firmar su adhesión apenas asumió en el cargo.
En ese contexto, la
ministra de RR.EE., Antonia Urrejola, conversó con
Emol sobre los desafíos que vendrán tras la más que probable aprobación de la iniciativa, la cual obliga a los Estados firmantes a proveer un mejor acceso a la información ambiental y a la protección de defensores medioambientales, entre otras iniciativas.
Sobre los pasos a seguir en caso de que sea ratificado, la secretaria de Estado indicó que después de eso "uno tiene que depositarlo, es decir, mandar una nota formal a las Naciones Unidas. Se envía una carta oficial de la cancillería a la sede en Nueva York donde se establece que el acuerdo fue ratificado por el Congreso".
"A partir de ese depósito, son 90 días para que entre en vigencia", añadió, junto con recordar que el acuerdo "establece recomendaciones estándares, que no son normas obligatorias, en materia de acceso a la información ambiental, participación pública ambiental, acceso a la justicia y protección de personas defensoras ambientales".
En ese sentido, destacó que una vez promulgado, el Estado tiene que desarrollar una serie de adecuaciones para cumplir con el documento, aunque la mayoría de ellas ya está avanzada, comentó. "El acuerdo tiene varios temas y uno que ya existe en nuestra institucionalidad, que tiene que ver con la participación ciudadana", dijo.
"Hemos tenido un dialogo fructífero y espero que la votación de hoy sea un reflejo de aquello".
Antonia Urrejola, ministra de RR.EE.
"Yo diría que lo que tiene que ver con acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia,
Chile ya tiene una institucionalidad bastante robusta en la materia, sin perjuicio de lo cual la ministra de Medio Ambiente ha hecho una revisión a las distintas normas aplicables en materia ambiental", explicó.
En esa línea, Urrejola recalcó "la necesidad de reforzar algunos temas, sobre todo en materia de procesos de participación ciudadana y eso se tiene que trabajar. De hecho, ella presentó una agenda de implementación del acuerdo en estas materias. También tenemos una institucionalidad en materia de transparencia".
"En relación con la justicia, hay un informe de la Corte Suprema donde se establece que las recomendaciones que están en el acuerdo ya están integradas en nuestro sistema judicial. Lo que si me parece muy importante y donde claramente no tenemos nada es en relación a la protección de las personas defensoras ambientales", agregó.
Sobre este punto, advirtió que "en el caso de nuestro país, no tenemos sistemas de alertas tempranas ni de protección a las personas defensoras de DD.HH. en general y en particular ambientales, y muchos países de la región lo tienen", junto con recalcar que América Latina es la región con mayor cantidad de asesinatos en este ítem.
Buenas prácticas a aplicar
En ese contexto, la jefa de la diplomacia nacional adelantó que “ahí vamos a constituir una mesa de trabajo. De hecho, esta semana ya hemos estado hablando tanto con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, como con la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, para poder empezar a trabajar en una institucionalidad en la materia”.
"Hay muchas buenas prácticas en la región, en lo personal conozco lo que hace Perú, Colombia, Brasil, por mencionar algunos países que tienen sistemas de alerta temprana o que tienen fiscalías especializadas para defensores ambientales. Tenemos que ver cuáles son y de acuerdo a eso generar una institucionalidad", dijo.
La titular de RR.EE. subrayó que "
le queremos dar prioridad a aquello, porque es un tema que va en aumento y es muy alarmante, y lo que queremos, sobre todo si estamos ratificando el acuerdo, es trabajar en esto para que los defensores ambientales puedan ejercer su labor de manera segura y libres de amenazas".
"Tanto la Comisión Interamericana de DD.HH. como la oficina de la Alta Comisionada de DD.HH. tienen muchas recomendaciones sobre cómo proteger a los defensores, como por ejemplo estableciendo sistemas de alerta temprana, que permiten advertir posibles situaciones o patrones de riesgo que puedan llegar a materializarse", explicó.
Asimismo, detalló que en otras latitudes "existen programas de protección especializada a cargo de órganos del Estado, por ejemplo, de defensorías para implementar medidas de protección, que trabajan de manera coordinada con distintos órganos que pueden ser del propio Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial".
"También existen fiscalías especializadas para investigar las violaciones a lo DD.HH. contra defensores ambientales, porque esas investigaciones también requieren tener un enfoque especializado, porque no es lo mismo una amenaza a una persona natural a que cuando se amenazan a las personas defensoras de DD.HH.", expresó.
En cuanto a si la nueva institucionalidad es materia de ley o de medidas administrativas, Urrejola detalló que "hay distintas medidas, pero de lo que conozco, por ejemplo, en Perú, existe un sistema de protección a defensores que
ha sido creado a nivel del Ejecutivo por la vía de decretos".
"Colombia tiene todo un aparataje y una institucionalidad especial que ha sido creada por ley. Por eso, lo importante es que tanto la ministra de Justicia como la de Medio Ambiente y desde la cancillería, ver cuáles son esas buenas prácticas y evaluar si esto debe ser por la vía legislativa o simplemente por una vía administrativa", sostuvo.
No obstante, comentó que "a priori, a mi me parece que para poder tener una coordinación eficiente con órganos autónomos, como lo es el Poder Judicial, debiésemos trabajar hacia una institucionalidad que esté en la ley, pero esa es mi opinión personal y no es algo que todavía haya hablado con las ministras".
Sobre cómo conversará la aplicación del acuerdo con la posible entrada en vigencia de una nueva Constitución, la ministra destacó que en el borrador "se le ha dado relevancia a los temas ambientales y a los DD.HH. en general, pero creo que esto va de manera paralela".
"Me parece que por la urgencia del tema tenemos que ponernos a trabajar desde ya en ver cómo enfrentar esta situación a la luz de las recomendaciones que hace el acuerdo. Creo que es coincidente con el debate que se ha dado de estos temas a nivel de la Convención, pero no depende del Plebiscito el generar esta institucionalidad", indicó.
Cuenta pública y Costa Rica
Durante la entrevista, la canciller destacó que la ratificación del Acuerdo de Escazú formará parte de los puntos clave de la primera cuenta pública que Boric rendirá mañana ante el Congreso Pleno. "Es un tema que hemos conversado, el Presidente está trabajando en su discurso, pero sin lugar a dudas esto será un hito fundamental", adelantó.
"El inicio del debate sobre el acuerdo a nivel multilateral fue una iniciativa de Chile, las negociaciones las llevó Chile con Costa Rica, y por eso fue tan impactante que llegado el momento de firmar Chile se haya retirado. Ya fue un hito la adhesión y va a ser un hito del Gobierno sin lugar a dudas su ratificación", manifestó.
Sin embargo, hay un tema que inquieta a Urrejola y es la decisión del
Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de no respaldar el tratado en el congreso local, señal que podría afectar la discusión del pacto en otros países de la región, en donde hasta ahora solo 12 lo han ratificado.
"La verdad es que me dio mucha tristeza cuando vi esas declaraciones, el acuerdo en Costa Rica está en el Congreso para su ratificación, y es algo que en una bilateral se lo planteé abiertamente al actual canciller. Yo fui al cambio de mando y quedaron de revisarlo, yo espero que lo reevalúen", indicó.
La ministra recordó que "como le señalé al canciller en su momento, sería muy lindo que los dos países que empujaron este acuerdo lo podamos ratificar, pero es una decisión soberana de los países", junto con reconocer que la determinación de Chaves introdujo nuevas dudas durante la tramitación del acuerdo en el Congreso chileno.
"En el debate parlamentario, algunos parlamentarios nos dijeron de esto la semana pasada, pero creo que siguen existiendo muchos mitos y miedos respecto del acuerdo y nosotros nos hemos dedicado en la tramitación de escuchar esas dudas y hacernos cargo de ellas", agregó.
Según la canciller, en el Parlamento "hemos tenido un dialogo fructífero y espero que la votación de hoy sea un reflejo de aquello. Por eso hemos accedido a que se ratifique con tres declaraciones interpretativas que de alguna manera se hacen cargo de estas preocupaciones que nos han planteado y esperamos que con eso quede a firme".
