Informe de deudores del CAE: Expertos plantean dudas en las cifras y piden transparentar metodología

El Ministerio de Educación (Mineduc) presentó este martes el primer informe de caracterización socioeconómica de las y los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), herramienta que busca "ser un acto de transparencia a la ciudadanía y contribuir a hacer mejores políticas públicas", según expresó la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa.

Esto, porque tal como lo había adelantado el titular de la cartera, Marco Ávila, caracterizar a los deudores del CAE es importante para avanzar en la promesa de condonar la deuda de la educación universitaria así como también al diseño de un nuevo Sistema de Educación Superior.

"Este primer informe nos señala, por ejemplo, que la mayoría de ellos no son personas millonarias como se ha querido instalar muchas veces y que casi por voluntad no quisieran cumplir con su responsabilidad frente a los bancos; y aquí hay una promesa que no se cumplió, asociada a la movilidad social, porque el crédito se enmarca en un subsistema de educación superior que ha estado desregulado", planteó.

En esa línea, Ávila agregó que "todas estas variables deben incorporarse en esta solución que nosotros creemos que es no un perdonazo, sino que es un ejercicio de justicia y reparación, ese es el marco que va a ser presentado el 2023".

El Mineduc detalló que para la elaboración del documento se recopilaron fuentes de información como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión Ingresa, la Dirección de Presupuestos (Diprés), datos Administrativos de Educación Superior como la Superintendencia de Educación Superior (SES), encuestas y literatura especializada.

Sin embargo, algunos expertos en educación afirman que algunas cifras resultan llamativas y otros expresaron sus dudas respecto a las fuentes de información consideradas y su metodología.

El documento detalla que entre la población deudora del CAE que se incorporó a la etapa de pago hasta 2020, el 69% posee ingresos mensuales promedio inferiores a $750 mil y el 38% tiene ingresos promedios mensuales inferiores a $250 mil.

Esta última cifra resulta llamativa para Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Según comenta a Emol, "es raro que en el intervalo de 0 a $250 mil de ingresos, el promedio es sólo $48 mil. Eso es muy bajo para ese rango. Uno esperaría que el promedio estuviera en la mitad con una distribución normal".

Frente a ello, desde este centro de estudios creen que lo que hizo la Subsecretaría de Educación "fue suponer que las personas que no aparecen en su base de datos, tiene ingreso cero, y eso no necesariamente es así", plantea Rodríguez, puesto que pueden existir otras variables como que esas personas "no declaran ingresos, son informales, o que todavía viven con sus padres; y no necesariamente son personas especialmente vulnerables".

Incluso, afirma que "si tomáramos como cierto que, de las personas que utilizaron el CAE, un 38% de ellas ganan menos de $250 mil, no calza con la distribución del ingreso en Chile. Serían incluso más vulnerables que personas que no han terminado su educación media".

Para Ximena Azúa, doctora en Literatura y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, resulta "impresionante" la cantidad de personas que ganan menos de $1 millón y, por otro lado, que mayoritariamente se vean afectadas mujeres.

En cuanto al grupo del 38% que gana menos de $250 mil, la académica plantea que "debe tratarse de personas que no terminaron sus estudios o que tienen trabajos muy temporales y precarios, porque de lo contrario, no se entiende", planteó. "Yo tendería a pensar que es gente que se endeudó pero que no terminó la carrera, pero habría que introducirse más, para ver cuáles son sus perfiles porque, efectivamente, es muy llamativo", complementó.

Rodríguez también expresa sus dudas frente a la metodología empleada para el desarrollo del informe, pues según comenta, "hay inconsistencias importantes" en las cifras. "No calza con la distribución de ingresos según Casen, o aquellos estudios que han cruzado seguros de cesantía con las deudas del CAE o las bases de datos de la misma Comisión Ingresa", remarca.

"Por eso, si se tomaron decisiones metodológicas, que a mi parecer son muy erróneas, éstas deben transparentarse. Además, es importante ver qué se va a hacer con esta información. Si el Mineduc busca que estos datos le den la razón para una condonación universal de la deuda educativa, está profundamente equivocado", remarca.

Esto, complementa, porque "pese a que los datos están alterados, muestran lo mismo que hemos visto siempre: que la cartera del CAE es tremendamente heterogénea y diversa y que no necesariamente la condonación es la vía para solucionarles el problema".

En esa línea, Azúa plantea que "hay ciertas consideraciones que mirar, porque sabemos que el ingreso a la educación superior implica mejores condiciones en el mercado laboral, y esto estaría diciéndonos que buena parte de esas personas que ingresa a la educación superior no consigue aquello. Podemos entender que nuestra sociedad es desigual, pero es un dato que hay que mirarlo con lupa y ver bien la metodología empleada, porque o si no, sería tremendamente preocupante".

Asimismo, recalca que este "cambio de paradigma" que anuncia el Mineduc, es imposible sin comenzar por la educación preescolar. "Todo cambio debiese comenzar por nuestra deuda con el futuro antes que con nuestra deuda con el pasado. El ciudadano deudor, de lo que sea, también de educación, es un adulto que asume sus consecuencias. Nunca vamos a encontrar a un deudor feliz. Y si la política quiere aminorar ese malestar, podemos estar seguros que es más bien una medida populista que, nuevamente, usa a la educación para sus fines".