"Si alguien reconoce vínculos con ilícitos, por supuesto que eso debe ser investigado, y de concluirse la investigación, sancionarlo como corresponde. Acá lo importante es que desde el Estado de Chile, más allá de este Gobierno, tenemos un problema muy grave, y para solucionarlo, no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo, de quienes no quieren que esto se solucione".
Esas fueron parte de las declaraciones que realizó este viernes el Presidente Gabriel Boric, al ser consultado por los dichos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, adjudicándose una serie de atentados ocurridos en la macrozona sur.
Sin embargo, las palabras del mandatario no dejaron conforme a la oposición, donde piden que actúe con mayor dureza frente a Llaitul y que el Gobierno se querelle por los dichos que emitió la semana pasada, en los reconoció que su organización ha ejecutado "actos de sabotaje".
Esa es la postura, por ejemplo, de la diputada RN Camila Flores, quien afirma que "el Gobierno ha tenido toda la complacencia con los terroristas, desde el primer día hasta hoy. No han sido capaces hasta la fecha de querellarse por todos los dichos permanentes de Héctor Llaitul. No han sido capaces de refrendar con fuerza, con la fuerza política necesaria a neutras Fuerzas Armadas que están desplegadas en el sur del país. Se resisten a extender el estado de excepción constitucional a otras regiones, como es por ejemplo la Región de Los Ríos (...) El Gobierno lo único que hace es vender humo y palabras vacías, porque acciones concretas no ha entablado ninguna para combatir el terrorismo".
"Por el contrario, parece que les acomoda tener que salir a responderle permanentemente a Héctor Llaitul. Una cosa bien increíble, porque se comunican de entrevista en entrevista a través de la prensa. El Presidente debiera de dejar de hablar tanto y comenzar a actuar más y no solamente el Presidente, sino que también su ministra del Interior", complementa.
Mirada similar a la de su par Carla Morales (RN), quien dice que "lo de Llaitul no es nuevo. Lamentablemente, tenemos que seguir soportando declaraciones que justifican la violencia, la muerte y los daños directos al trabajo de miles de personas. El Gobierno no quiere dar una señal clara con este tipo de agitadores persiguiéndolo con toda la fuerza de la ley. El Estado tiene herramientas suficientes para sancionar a estos violentistas. Me parece que hay un temor político de perseguir a Héctor Llaitul o a cualquier dirigente que reivindique la violencia como método de lucha".
En tanto, el presidente de RN, senador Francisco Chahuán, adelanta que "persistiremos para que la CAM y otros grupos armados que están operando en la región de Los Ríos, La Araucanía y el Biobío, sean declarados inconstitucionales pues, además de validar la fuerza como método de acción política, están al margen de la ley. Vamos a insistir con las querellas criminales que ha presentado Renovación Nacional para que se establezcan las responsabilidades en los atentados. Se requiere coherencia y consistencia por parte del Gobierno y entender que frente a la CAM y otros grupos armados que están operando en estas tres regiones, se debe actuar con todo el rigor y la dureza de la ley".
Mientras que el diputado por la zona, Miguel Mellado (RN), subraya que "la CAM tiene innumerables delitos de corte terroristas, donde van contra pequeños contratistas que están trabajando, dando trabajo, contra trabajadores que salen aterrorizados. No tienen miedo en dispararle a gente inocente. Espero que sus palabras se hagan carne presidente, porque la Ley de Seguridad del Estado tiene que ir contra Héctor Llaitul y perseguir a la CAM. O está con el 99% de los chilenos que quieren paz en La Araucanía o está con el 1% de los terroristas. Usted vaya a decirnos en que lugar de la historia quiere colocarse".
Desde la UDI, su presidente, senador Javier Macaya, considera que "si el Gobierno no hace el trabajo va a terminar ocurriendo algo más grave, que las personas terminen tomando justicia por sus propias manos, que el Estado de derecho se pierda, que las instituciones chilenas no estén funcionando, no esté recibiendo querellas por parte del Estado o el accionar del Ministerio Público sea insuficiente. Que la instituciones no estén funcionando puede estar generando que las víctimas no solamente tomen justicia por sus propias manos, sino que también acudan a organismos internacionales de derechos humanos para poder reclamar estas situaciones".
Misma visión del diputado gremialista Henry Leal: "Hace dos semanas le advertimos al Gobierno que debía adoptar medidas especiales ante la conmemoración de la muerte del integrante de la CAM, Pablo Marchant. Sin embargo el Gobierno no nos hizo. Ahora aparece el líder de este organismo violentistas y terrorista reivindicando la seguidilla de hechos de los últimos días. Eso demuestra que estos grupos no tienen ningún respeto ante un Gobierno timorato, cobarde, que no adopta las medidas, y que no hizo caso en lo que advertimos".
El senador de Evópoli, Luciano Cruz Coke, sostiene que "el señor Héctor Llaitul se pasea frente a las narices del Gobierno reivindicando atentados mientras el Gobierno se niega a establecer estado de emergencia por ejemplo en la Región de Los Ríos. Se le cae porque veta proyectos de infraestructura crítica y está dedicado a hacer campaña. Y mientras, el señor Llaitul se pasea a vista y paciencia de todos los chilenos por el sur de Chile como su feudo".
Por su parte, el diputado por La Araucanía, Stephan Schubert (IND-Republicanos), cree que es "lamentablemente que este gobierno ha sido bastante condescendiente con los violentistas y las organizaciones terroristas. Recordemos que en un principio ellos planteaban que querían dialogar con estos grupos y al corto andar se dieron cuenta que estas personas no buscan el diálogo, sino que imponerse por medio de la violencia. También recordemos que el Gobierno no quiso presentar ninguna querella cuando el líder de la CAM emitió directas declaraciones de amenaza. Le recordamos al Ejecutivo que ellos tienen las herramientas constitucionales para hacer valer el Estado de derecho y esperamos que así la apliquen".
