"Nosotros recibimos un país donde la delincuencia venía al alza de manera descontrolada, hoy día es nuestra responsabilidad". Así respondió el Presidente Gabriel Boric, el pasado 28 de julio, cuando fue consultado por el escenario de inseguridad que vive Chile actualmente. Si bien el Mandatario reconoció que el crimen organizado y la violencia se han tomado los barrios, aseguró que es un problema que no llegó con su Gobierno.
Es más, la misma ministra del Interior, Izkia Siches -en el marco de lo que fue su presentación en la Cámara de Diputados por la votación de la una cuarta prórroga del estado de excepción- emplazó a los parlamentarios por criticar las acciones del Ejecutivo en materia de seguridad y crimen organizado, señalando que los problemas no llegaron el 11 de marzo.
"Espero poder reunirme con los parlamentarios de la oposición para que, más allá de las frases grandilocuentes para la prensa, nos hagamos cargo de lo que realmente le importan a las persona, que es avanzar en las soluciones. Y quiero señalar muy claramente que parte de eso es reconocer, sobre todo por aquellos parlamentarios que hoy son de oposición que los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para La Araucanía", reprochó la jefa de gabinete en la polémica sesión del 29 de julio.
Sin embargo, aquellas afirmaciones del Presidente y la ministra del Interior enfrentan un nuevo dato que cuestionan la hipótesis y el diagnóstico que maneja el Ejecutivo en torno a la inseguridad y a la presencia del crimen organizado: se trata de los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc).
Acorde con la medición que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cuyo trabajo de campo se desarrolló entre octubre y diciembre pasados, en 2021 la victimización alcanzó su nivel más bajo desde que se inició la aplicación de la encuesta (2012), con un 16,9% de hogares que declara haber sido víctima de un delito. Sin embargo, la sensación de inseguridad también marcó un registro histórico, con un 86,9%.
Si bien la encuesta mide los delitos de mayor connotación social y deja fuera al crimen organizado, narcotráfico y homicidio -entre otros-, aquellos datos generaron un cuestionamiento al diagnóstico del Ejecutivo. Es más, la ministra Siches planteó este martes -en medio de su participación como invitada en la comisión investigadora de Resguardo al Orden Público de la Cámara de Diputados- que los resultados de la encuesta "puede tener que ver con el contexto de encierro y también con las complejidades que trae, posterior a un proceso tan complejo como una pandemia".
"Pero sin duda, es necesario también tener un correlato entre las tasas de victimización y el temor que existe en la ciudadanía, porque sin duda, también nos preocupa la salud mental transversal de las personas y para eso nos importa muchos las acciones que estamos realizando", agregó.
¿Es heredado el actual problema de delincuencia?
Tras conocerse los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, Emol consultó con diversos expertos y ex autoridades por el diagnóstico que mantiene el Ejecutivo sobre la delincuencia. En esa línea, plantearon que desde el Gobierno no están reconociendo su responsabilidad sobre el tema, pero que efectivamente los delitos ahora tienen una mayor violencia, situación que no se refleja en la encuesta.
El ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, recordó que "muchos de los ministros y ministras que hoy están en el Gobierno eran parte del Estado, eran parlamentarios, por ejemplo; otros tenían otras funciones en el sector público, también los municipios son parte del Estado, por tanto aquí no es que se hereda o no se hereda".
Acorde con el ex secretario de Estado "aquí hay que entender que los procesos, lamentablemente delictuales ligados a las conductas de riesgos de las personas, son procesos que parten y comienzan hace mucho tiempo atrás, cuando se instalan lamentablemente hábitos, por ejemplo, en los niños o en los jóvenes que no tienen la oportunidad necesaria, pero también cuando nos demoramos 14 años como sociedad y como Estado en sacar adelante una ley de control de armas".
"Entonces aquí no es que se heredó, aquí es primero entender que los procesos sociales son bastantes más amplios que un periodos presencial", enfatizó Delgado. "Si no entendemos eso, estamos mal porque nunca vamos a poder avanzar en políticas de estado. ¿Y cuáles son las políticas de Estado? las que trascienden a un gobierno, por lo tanto, el término heredar es un término equivocado, cortoplazista y que habla de una limitación conceptual de lo que hay que ataca", zanjó.
Con una mirada similar, la investigadora de Athenalab, Pilar Lizana, expuso que "la Enusc nos habla de que el año pasado tuvo menor victimización, pero a mí también me llamó la atención el comentario de las autoridades porque no podemos hablar de que existe un problema heredado y de que fue un problema de un gobierno u otro. La seguridad es responsabilidad del Estado completo, el Estado en el sentido del poder ejecutivo, legislativo y judicial, finalmente no es un gobierno u otro el que tenga que solucionar el problema de seguridad".
En esa línea, la experta plantea que algunas de las actuales autoridades de Gobierno también tienen responsabilidad en el actual escenario de inseguridad, debido a que alguna vez también fueron parte de la implicancia que tiene el Estado en la materia, al haber cumplido roles y cargos de elección popular y de representación.
"Hoy día pueden estar en el Gobierno, pero ayer pudieron haber estado en el Congreso y el Congreso tiene mucho que decir con respecto a la seguridad, porque es allí donde se aprueban las leyes. Efectivamente, poder incluir en el análisis un contexto histórico en el desarrollo de la seguridad en Chile, porque la llegada del crimen organizado no es algo que se dé de la noche a la mañana, sino que estas bandas van a estudiar para ver dónde insiste la oportunidad para instalare, y esas oportunidades se van dando con el tiempo", acota Lizana.
Sin embargo, insiste en que "referirse a que este es un problema heredado para hacer mención a un gobierno no me parece porque esto es tarea de los gobiernos, de los parlamentarios, de los fiscales y es más grande y más complejo que un gobierno".
Por su parte, el director ejecutivo de fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson advierte que las soluciones para el fenómeno delictual no pueden ser adquiridas en un sólo periodo de Gobierno, por ello apunta a la necesidad de "dejar de buscar un culpable" y de avanzar en políticas públicas.
"Aquí no es que se heredó, aquí es primero entender que los procesos sociales son bastantes más amplios que un periodos presencial (...) Si no entendemos eso, estamos mal porque nunca vamos a poder avanzar en políticas de estado. ¿Y cuáles son las políticas de Estado? las que trascienden a un gobierno."
Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior
"Si la declaración va por el lado de que este Gobierno heredó las condiciones de delitos y de inseguridad que vienen del gobierno anterior, bueno, todos los gobiernos heredan. El problema está en que si se hace un juicio de la situación que teníamos y se piensa en ese juicio que es una situación muy crítica, eso hay que mostrarlo con datos, y los datos hoy efectivamente nos están mostrando que tenemos una cantidad de delitos baja y una cantidad de familias victimizadas relativamente baja, que hay delitos que están aumentando", señala.
Ante los resultados de la encuesta y los dichos de las autoridades, el gerente general de Fiscalía Privada, Juan Enrique Suárez reconoce que hay un problema de violencia relacionada a delitos como narcotráfico u homicidios que "no está resuelto". No obstante acota que eso "sea un problema heredado o no, da exactamente lo mismo".
"Cada gobierno debe hacerse cargo de ver cuáles eran las políticas que se estaban implementando, cuál es la evolución que han tenido ciertos tipos de delitos y ver qué se va a hacer. Echarle la culpa al gobierno anterior y al de más atrás, no es un tema que tenga mucha relevancia, lo importantes es qué se va a hacer hoy día", agrega.
Por último, el Suárez pone el foco en que la encuesta Enusc "se toman a los hogares y las persona, lo más probable es que delitos de crimen organizado, drogas y homicidios no aparezcan, porque estamos hablando de hogares que no son víctimas de este tipo de delitos, sí pueden hablar de inseguridad asociada a estos delitos del crimen organizado".
Los delitos presentan mayor violencia
Si bien los expertos coinciden en que el Gobierno de Gariel Boric no debe buscar las razones y motivos del actual escenario delictual en las administraciones anteriores, advierten que actualmente existe un fenómeno que podría estar marcando la diferencia para las actuales autoridades del Ejecutivo: el aumento de la violencia.
La investigadora de Athenalab asevera que "el fenómeno que tenemos hoy de la criminalidad va más allá de lo que podamos medir en las encuestas, porque tenemos delitos nuevos que tenemos que ver cómo se comportan en el tiempo para ver cuál es la tendencia. Ahí el diagnóstico que debería tener el actual Gobierno tendría que pasar por el comportamiento del fenómeno delictual para adelantarse un poco a lo que pueda venir y empezar a desarrollar estrategias completas".
Los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para La Araucanía".
Izkia Siches, ministra del Interior
Por su parte, el gerente general de Fiscalía Privada, Juan Enrique Suárez asevera que hay una 'dicotomía' entre la cifra de victimización y la de percepción de inseguridad. "La dicotomía se da porque uno dice 'hay menos delitos', pero hay más miedo. Claro, el miedo no es un daño en particular, pero esa acumulación del miedo es porque en los últimos 10 años ha aumentado la violencia de los delitos. Antes no teníamos secuestros, hoy tenemos. Por otro lado, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana muestra los delitos de mayor connotación social, pero hay una serie de otros delitos que han aumentado de manera violenta", puntualiza.
En tanto, si bien Daniel Johnson reconoce la baja de los delitos de hurto, robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa y fuerza -tal como lo muestra la encuesta Enusc-, adicionalmente expone que Chile está viviendo "una situación en que el delito ha mutado y ha mutado hacia ser más violento, y el delito más dañino de todos, que es el homicidio, también vemos que sigue aumentando respecto al 2021, y con respecto a los últimos siete año".
"No podemos decir que la situación no es preocupante, porque tenemos una situación de temor extremadamente alta y eso hace mucho daño. Además, tenemos delitos violentos que se han visto aumentados, pero tenemos una cantidad de delitos que han bajado", añade.
Pese a ello, insiste en que "todas las situaciones de inseguridad y delito se heredan de gobierno a gobierno y la mirada que hay que tener aquí, el corte que hay que hacer es dejar de pensar que la situación delictual se puede solucionar o empeorar de un gobierno a otro. Tenemos que dejar de buscar culpables en otros gobiernos y empezar a mirar hacia adelante, sino porque las políticas públicas que se pueden implementar y que pueden realmente cambiar la situación delictual, son políticas que tendrán impacto en el mediano y largo plazo, entonces es muy probable que no sean cosechables en un periodo de gobierno en particular, pero es una necesidad de Estado".
