"Vamos a presentar un nuevo decreto que va a contemplar a las distintas regiones que van a incorporarse", dijo este martes la ministra del Interior, Izkia Siches, adelantando la decisión del Gobierno de decretar estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de Los Ríos, la cual ya había sido comunicada a las autoridades locales.
El mensaje de la jefa de gabinete desde Frutillar, donde participó en el foro por la descentralización, coincidió de esa forma con lo que afirmó el gobernador de la región, Luis Cuvertino, quien en el mismo encuentro realizado en el Teatro del Lago aseveró que desde el Ejecutivo le habían confirmado la aplicación de la medida.
Hasta ahí, la única duda que surgió fue la fórmula que utilizaría La Moneda para enviar a las FF.AA. a la zona norte de Los Ríos, donde han ocurrido una serie de atentados vinculados al conflicto mapuche. La titular de Interior afirmó que se enviaría un nuevo decreto en el que también se renovaría el estado en La Araucanía, Arauco y Biobío.
"Al ser de naturaleza nueva, no tendría que participar de una renovación", dijo Siches, sobre la tramitación, lo cual fue leído por algunos legisladores como un intento de "saltarse al parlamento". En la Segpres y Contraloría se activaron voces que advirtieron sobre los problemas que podría traer esa fórmula.
Tras ese análisis, el Gobierno desistió del plan inicial y decidió presentar la solicitud por separado. Es decir, pedir la renovación de la presencia militar en la macrozona sur al Congreso y presentar otro decreto para sumar a Los Ríos. Al finalizar esa jornada, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, convocó a una sesión para tal efecto.
Sin embargo, el documento que ordenaría la presencia militar en las comunas de Máfil, Lanco y Quiriquina quedó en suspenso hasta la reunión de Interior con la ministra de Defensa, Maya Fernández, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Guillermo Paiva, y los titulares de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el cual se produjo ayer.
Argumentos en La Moneda
Pese a que esa cita se produjo a primera hora de la mañana, las autoridades del Gobierno no anunciaron la decisión de desistir del estado de excepción al finalizar la jornada. "Vamos a seguir continuamente evaluando, trabajando y nos vamos a desplegar en las distintas regiones, y particularmente en Los Ríos", dijo Siches.
La determinación provocó molestia transversal entre los parlamentarios de la zona, quienes al igual que el gobernador, aseguraron haber sido informados desde el propio Ejecutivo de que la medida se aplicaría. El senador Alfonso De Urresti y el diputado Marcos Ilabaca (PS), ambos oficialistas, acusaron una “voltereta” de La Moneda.
La reacción de los legisladores fue rechazada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien esta mañana recordó en Radio Pauta que “yo estuve en Los Ríos sentado con varias autoridades y parlamentarios, y la opinión mayoritaria era tener una etapa de aumento de las condiciones de seguridad sin estado de excepción".
"La ministra también informó que había elementos de análisis nuevos que tenían que ver con antecedentes policiales y con inteligencia que iban a ser considerados para la toma de decisión (...) todos los elementos tienen que estar sobre la mesa a la hora de ponderar", recalcó.
En esa línea, Monsalve aseguró que la decisión de no decretar estado de excepción en Los Ríos radicó en los últimos antecedentes entregados por las policías sobre los casos de violencia rural registrados en la región. Y bajo ese contexto, se determinó que la medida no se justificaba en la zona.
"Los últimos seis meses del 2021 ocurrieron 30 hechos de violencia rural en la Región de Los Ríos, en los siete meses que llevamos del 2022 tenemos 36 hechos de violencia que han ocurrido en Los Ríos. No quiero minimizar los hechos de violencia, pero no tenemos una diferencia sustancial en la magnitud de los hechos de violencia", aseguró.
Por ello, insistió en que "tenemos la convicción de que es indispensable fortalecer las medidas de seguridad en la Región de Los Ríos, pero creemos que hoy día esas medidas de seguridad se pueden mejorar fortaleciendo las capacidades policiales y de persecución penal", zanjó Monsalve.
¿Falta de contingente?
Sin embargo, para los legisladores esas no son razones de peso para el cambio de postura del Gobierno, en el cual también pudo influir un análisis que surgió desde el Ministerio de Defensa y las FF.AA., el cual apuntaba a la falta de contingente para acudir a la región, el cual se verá comprometido sobre todo de cara al Plebiscito.
Al respecto, De Urresti comentó a Emol que "acá simplemente hay improvisación y falta de convicción de llevar adelante esta medida. Lo dijeron no solo a mí, al gobernador, a todas las autoridades, eso es lo grave, aquí hay una voltereta y no hay antecedentes objetivos".
"Aquí claramente hay un sector dentro del Gobierno y el comité político que no tiene la convicción respecto de lo que hay que hacer en el sur y eso se vio reflejado en esta voltereta olímpica", junto con recalcar que la posibilidad de que falte personal militar "se habría visto reflejado anteriormente".
"Durante toda la semana se señaló lo contrario, entonces no es que haya cambiado las fuerzas o algo así. Acá hay falta de convicción y se impuso el buenismo dentro del Gobierno, que no tienen convicción de enfrentar de manera decidida este tema", subrayó, junto con lamentar que "cuando se falta a la verdad, es difícil reponer las confianzas para conversar".
En la misma línea, Ilabaca indicó a este medio que "nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que el Estado de derecho entrega al Gobierno para enfrentar estas situaciones. Las razones por las cuales no lo desarrollaron no las tengo, tengo que conversar con la ministra y su equipo para conocer las motivaciones reales".
"El subsecretario estuvo acá y se comprometió con mayor dotación policial y solamente llegaron 30 carabineros e hicieron solamente controles carreteros. No hubo una estrategia para atacar a estos grupos criminales y ahí el Gobierno está en una deuda, porque eran 30 estudiantes de Carabineros del Biobío los que vinieron", dijo.
Asimismo, sostuvo que "si en el Gobierno existen sectores políticos que les cuesta tomar decisiones drásticas para enfrentar el crimen organizado, me asustaría, porque en definitiva el Estado no puede disminuir su capacidad para enfrentar la delincuencia. El Estado debe utilizar todas las herramientas".
"Hay sectores del Gobierno a los que les da miedo hablar de orden público o utilizar las herramientas que el Estado le entrega. Hay reticencia a permitir los estados de excepción constitucional, de mayor control policial o darles mayores herramientas a las policías", recalcó.
Finalmente, sobre si las razones técnicas fueron la falta de dotación o la cantidad de delitos, "me parece más grave aún. Si hoy no estamos capacitados para enfrentar los hechos delictuales que han estado ocurriendo en Los Ríos, que queda para las zonas urbanas, porque estamos hablando de violencia rural".
