Todos los temas que los partidos políticos oficialistas quieren reformar en el borrador de nueva Constitución, si gana el Apruebo, fueron visados por más de 2/3 de la Convención, pero algunos fueron objeto de dura discusión durante el trabajo del órgano y más de un sector advirtió entonces que, de aprobarse como estaban, generarían un problema en el futuro.
Eso pasó con el artículo que explicita el "consentimiento de los pueblos indígenas en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución", y que los partidos quieren ajustar para que sea claro que no corresponde a reformas constitucionales. Pero ocurrió bastante tarde.
El 20 de febrero de este año, el pleno de la Convención aprobó dicha norma por 107 a favor y 43 en contra. Quienes la rechazaron en ese minuto fueron los constituyentes de Vamos por Chile y el Colectivo del Apruebo. El ex constituyente Fuad Chahin aseguró ese mismo día que ese consentimiento podría transformarse en un
"veto", pero no logró respaldo de ningún otro colectivo de izquierda o centroizquierda.
El origen de esa propuesta es una iniciativa sobre las "bases del Estado regional" que ingresó la izquierda y parte de la centroizquierda en conjunto en la Comisión de Forma de Estado. Su redacción original hablaba de los derechos a participación en las entidades territoriales y luego de un punto seguido se decía que "los pueblos y naciones indígenas que habiten la respectiva entidad territorial ejercerán tales derechos con vías a obtener el consentimiento libre, previo e informado en aquellos asuntos que les afecten".
En la votación en particular de la comisión, que logró 19 votos a favor y 6 en contra, el inciso se "separó" para "mejorar su comprensión", según dijo el convencional Julio Álvarez (Col. Socialista).
En esa instancia, según señalan las actas, nunca se abordó ninguna preocupación referida a si podía aplicarse dicho consentimiento a las reformas constitucionales, por ejemplo.
La Comisión de Armonización intentó generar una redacción más clara para hacerse cargo de las críticas, pero el pleno la rechazó con votos en contra de los mismos escaños reservados y Vamos por Chile.
Los límites de la justicia indígena
La discusión por los sistemas de justicia de los pueblos indígenas fue mucho más extensa. El 2 de marzo se aprobó en el pleno el "pluralismo jurídico", que reconoce la existencia de estos sistemas, pero no contenía ningún límite. Se votaron dos indicaciones, una del convencional Fuad Chahin y otra de Ruggero Cozzi, que pretendían darle un marco sobre a qué materias incluía y quiénes podían usarla, pero fueron rechazadas.
El 22 de marzo llegó otro informe al pleno con un artículo específico que definía estos sistemas jurídicos, tampoco limitando los sujetos ni las materias de las que se harían cargo.
El 1 de abril, en la comisión, se rechazó una indicación del Col. Soc, INN, escaños reservados, MSC, Pueblo Constituyente y FA en la comisión que explicitaba que el sistema indígena no conocería materias penales, salvo "faltas y simples delitos que atenten en contra de bienes jurídicos disponibles en carácter patrimonial" y que se aplicaría solo a conflictos entre miembros de un mismo pueblo.
Tuvo votos en contra de la misma Natividad Llanquileo, que la patrocinó, Hugo Gutiérrez, del PC; y las abstenciones de Mauricio Daza y Luis Jiménez, del pueblo aymara.
"Este es un debate en el que nos ha costado harto llegar a acuerdo por las diferencias entre y dentro de los colectivos. Es mejor aprobar esta indicación y darle tiempo a los colectivos de resolverlo en el pleno", pidió Tomás Laibe, del Col. Socialista.
Lo único que se aprobó entonces fue una propuesta de Daza que decía que "los sistemas de justicia indígenas solo conocerán conflictos entre miembros de un mismo pueblo originario. Los afectados siempre tendrán la opción de someter el asunto al Sistema Nacional de Justicia", por 11 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.
En el pleno, logró solo 56 votos a favor de INN, Col. Socialista, algunos RN y Evópoli, Col. del Apruebo y algunos PC. En contra votaron el FA, independientes, escaños reservados y algunos republicanos. Otros 31 se abstuvieron, entre quienes había representantes del FA, UDI, Pueblo Constituyente, escaños y algunos RN.
El mismo destino sufrió la indicación que repuso Daza para que los sistemas de justicia indígena solo conozcan de materias que la ley establezca expresamente, y en ningún caso asuntos penales (59 a favor, 60 en contra, 26 abstenciones).
Los argumentos de quienes no quisieron respaldar los "límites" fueron que debían formar parte de la discusión legislativa, tras una consulta indígena en la que se pregunte a los pueblos cómo diseñar esa propuesta.
El debate por pensiones
El 19 de abril en la Convención se aprobó el sistema de seguridad social que plantea principios como la universalidad y la solidaridad en su base. No dice nada sobre la propiedad de los fondos de pensiones, pues se rechazaron todas las indicaciones de Vamos por Chile que buscaban dejar eso de forma explícita.
Ese día se rechazaron propuestas de Rocío Cantuarias y Bárbara Rebolledo que declaraban la heredabilidad de los fondos y la posibilidad de la gente de elegir dónde ponerlos. Lograron abstenciones de parte del FA, INN, socialistas y algunos representantes de la ex Lista del Pueblo.
La discusión ya venía de antes: la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó la iniciativa popular de norma más votada "Con mi plata no", que logró 60 mil firmas, y que promovía un sistema individual a partir de las cotizaciones, que serían de propiedad de los cotizantes y de carácter "heredable, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables" e impedía que fueran objeto de "nacionalización o estatización".
En esas semanas, el convencional Bernardo Fontaine fue enfático en que con lo aprobado no se garantizaba ni la propiedad de los fondos ni su heredabilidad.
Mientras, el convencional César Valenzuela argumentaba en ese minuto que no le correspondía a la Convención establecer los detalles de un sistema de pensiones, pero la co-coordinadora Janis Meneses aseguraba que el principio de solidaridad dejaba atrás la capitalización individual y que "la AFP, en esencia, no seguiría". lo que hoy también defienden algunos independientes que están molestos con la idea del "sistema mixto".
El Estado de excepción de emergencia
Inicialmente, representantes de la izquierda y centroizquierda de la comisión de Sistema Político llegaron a un acuerdo sobre el diseño del estado de excepción constitucional. Desde Rosa Catrileo hasta Fuad Chahin firmaron una indicación aseverando que las situaciones de excepción serían "conflicto armado internacional, conflicto armado interno en los términos de los Convenios de Ginebra de 1949, o calamidad pública".
Todos votaron a favor menos los representantes de la UDI, RN, Evópoli y el PC. El 22 de abril, la propuesta se rechazó en el pleno, con 96 votos a favor, 43 en contra y 13 abstenciones. A favor se manifestaron nuevamente la mayoría de la centroizquierda e izquierda, incluso Fuad Chahin; en contra hubo algunos INN, parte de PC y la centro derecha; y se abstuvieron otros INN, centroderecha y parte del PC.
En la comisión se propuso otra redacción, que tampoco contenía estados de emergencia, y fue firmada por los socialistas, FA, INN, MSC, Coord. Plurinacional, escaños reservados, Pueblo Constituyente y el PC.
El 30 de abril, la comisión aprobó esa propuesta y rechazó las indicaciones de RN y Evópoli que buscaban consagrar asimismo el estado de emergencia. El 9 de mayo el pleno le dio el visto bueno a la propuesta, ahora sin el apoyo de Chahin y su sector, y rechazó nuevamente las indicaciones de la centroderecha.
"La norma tiene que ser la normalidad constitucional y no podemos acostumbrarnos a que todo es excepción constitucional. La invitación que hacemos desde la comisión es repensar estos estados, aumentar el control civil y usarlo solo como último recurso", aseguró Ricardo Montero esa jornada.
Luego del fin de la Convención, tanto Bessy Gallardo como Gaspar Domínguez aseguraron que el estado de emergencia sí estaba considerado dentro de la "calamidad pública", lo que fue rebatido.
El consenso por la reelección presidencial
El caso de la norma de la reelección presidencial es curioso. En la Comisión de Sistema Político había un consenso bastante transversal en la posibilidad de que el Mandatario se reelija inmediatamente y por única vez. Lo proponía así incluso la UDI, el PC y el Colectivo del Apruebo. El FA, INN, MSC, RN y el Colectivo Socialista también firmaron propuestas que permitían la reelección, aunque no explicitaban que fuera inmediata.
La comisión aprobó la propuesta por 22 votos a favor. Los únicos que votaron en contra fueron Cristián Monckeberg y Manuel José Ossandón, y hubo 1 ausente, Valentina Miranda. Nunca fue materia de discordia.
La propuesta se rechazó en el pleno, pero no por falta de acuerdo de ese artículo en especial, sino en el marco del rechazo masivo de ciertas propuestas; y el mismo artículo
se aprobó luego el 13 de abril, con 114 votos a favor, 6 en contra y 24 abstenciones.
Lo respaldaron el FA, Col. del Apruebo, Col. Soc, escaños reservados, INN, escaños reservados, ex La Lista del Pueblo, MSC, algunos Evópoli y RN, y el PC.
La integración del Consejo de la Justicia
El 23 de marzo, el pleno de la Convención aprobó la existencia del Consejo de la Justicia, pero no su integración. En ese momento, la propuesta de la comisión era que contuviera seis jueces; tres funcionarios o profesionales del sistema judicial; dos integrantes de pueblos originarios y seis personas elegidas por el Congreso.
La propuesta en la comisión había sido discutida y la cantidad de jueces generaba aprensiones en varios sectores. El Col. Socialista, por ejemplo, pedía revisar la cantidad y corregirla en indicaciones posteriores. El resto, salvo Vamos por Chile, estaba mayormente de acuerdo. Se aprobó con 14 votos a favor, todos de izquierda y centroizquierda, y 5 en contra. Tras el rechazo, el 1 de abril se logró una propuesta nueva: socialistas, INN, escaños, MSC, Pueblo Constituyente y el FA propusieron que sean ocho jueces, dos funcionarios, dos integrantes elegidos por Pueblos Originarios,
y cinco elegidos por el Congreso.
Daniel Stingo entonces aseguró que la propuesta
"cumple con lo solicitado en el pleno" porque había mayor cantidad de jueces. Christian Viera, también del FA, dijo que las amenazas de la composición del Consejo de la Justicia eran "politización y gremialismo" y la nueva composición era la "correcta" para abordar ambas amenazas. Los socialistas también estuvieron de acuerdo.
Solo el constituyente Ruggero Cozzi (RN) y otros de su sector recordaron que las críticas hechas advertían la necesidad de un Consejo de la Justicia integrado "mayormente por jueces", pero su propuesta no pasó la vara de la comisión.
La nueva integración logró 14 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Toda la izquierda y centroizquierda votó a favor. En el pleno logró 112 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. Los únicos sectores que no entregaron el visto bueno a la propuesta fueron Vamos por Chile, el Col. del Apruebo y un INN.
