Durante esta semana, se dio a conocer mediante el balance semanal que realiza la institución de Carabineros que más de cien personas han sido detenidas durante este año por incidentes en liceos emblemáticos, lo cual, acompañando a eventos de violencia surgidos durante los últimos días, volvieron a poner en la palestra el tema de la ley Aula Segura.
Dichas cifras, advierten que un 53% de los detenidos en eventos de este tipo, fueron capturados en el perímetro del Instituto Nacional. En tanto, el porcentaje restante fue sorprendido en las inmediaciones de otros 10 establecimientos como Carmela Carvajal, INBA, Liceo de Aplicación, entre otros.
De esta forma, cabe destacar que, durante el pasado miércoles, se reportaron graves incidentes entre encapuchados y Carabineros en las inmediaciones del Liceo de Aplicación en el Centro de Santiago, ocasión en que la institución policial notificó que cerca de 50 bombas molotov fueron lanzadas contra funcionarios.
Frente a este contexto, el director del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra acusó públicamente a la alcaldesa de Santaigo, Irací Hassler, por la no aplicación de ley Aula Segura, lo cual desató reacciones en parte del Gobierno, la oposición, y ex autoridades.
La ley Aula Segura, fue aprobada en 2018, recibiendo críticas desde que fue pospuesta y para su entrada en vigencia tuvo que sortear varios obstáculos de manera previa a convertirse en normativa.
Dicha ley establece, entre otras cosas, el deber de los directores de "iniciar un proceso sancionatorio" en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar por conductas "graves o gravísimas" según sus reglamentos y respectiva acreditación de los hechos, lo que en algunos casos podría derivar en la expulsión y cancelación de la matrícula.
En el detalle se indica que "siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa… (…)”.
A su vez se especifica sobre actos como "agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento".
De esta forma, cabe destacar que actualmente en el Congreso se encuentra en tramitación una Ley Aula Segura "2.0", la cual, al igual que su predecesora ha generado tensiones entre el oficialismo y la oposición.
Perspectivas encontradas
"Yo en esto no tengo gustos, tengo experiencia y veo el resultado que tuvo esa dinámica, fue catastrófico", fueron las palabras que emitió la ministra del Interior, Carolina Tohá, al medio Radio Universo sobre la aplicación de la ley Aula Segura en los establecimientos educacionales, luego de que algunos parlamentarios de Renovación Nacional presentaran un requerimiento ante la Contraloría en contra de la alcaldesa Irací Hassler, por presunto incumplimiento de la ley y abandono de deberes.
"Hay muchas legislaciones a las que se puede recurrir y hay que ocupar las que sirven, lamentablemente, para desgracia de todos, cuando esa legislación se ocupó tuvimos los peores periodos de violencia en los colegios. La época más crítica de violencia se dio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación", enfatizó a su vez la ministra.
Sus palabras hicieron eco en el ex ministro de Educación, Raul Figueroa, uno de los impulsores de dicha normativa, quien defendió Aula Segura indicando que surgió en un contexto de mucha violencia, evocando cuando alumnos del Instituto Nacional rociaron con bencina a profesores del establecimiento.
"En ese contexto se tramitó el proyecto de ley y que se aprobó con amplias mayorías, que hace algo muy simple, que es entregarle mayores atribuciones a los directores de los establecimientos para que puedan tomar medidas disciplinarias en casos graves y extremos cumpliendo con todos los procesos para ella", indicó al medio Radio Pauta, el exministro.
De esta forma, desde que la ley se transformó en normativa, Figueroa señaló que "no hay ningún antecedente que demuestre lo que la ministra Tohá ha señalado. Lo único que existen datos concretos es que efectivamente aumentaron las expulsiones de alumnos que, por hechos violentos eran marginados de los establecimientos, pero era precisamente una medida que los directores de los colegios estaban pidiendo".
A su vez, la presentación del requerimiento en Contraloría, la alcaldesa de Santiago se defendió de las acusaciones.
"Quiero ser muy clara en señalar que se están aplicando los reglamentos internos de convivencia escolar y los procesos que contiene la normativa y que se hacen a través de los directores", señaló durante una actividad de presentación de obras de remodelación del jardín infantil Japón.
Hassler indicó que "hay 577 procedimientos que se han abierto este año a propósito de hechos de faltas gravísimas en comunidades educativas de la comuna de Santiago. Esos procedimientos han derivado, gran parte de ellos, en sanciones, algunas incluso de expulsión, otras de cancelación de matrícula y otro tipo de sanciones que buscan mejorar la convivencia al interior de las comunidades".
Docentes y magistrados
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz en conversación con Emol, afirmó tras ser consultado sobre qué políticas deberían aplicarse ante los contextos de violencia que ocurren en los liceos emblemáticos y el uso de Aula Segura que "se necesita diálogo en donde las comunidades educativas tenemos mucho que decir”.
"Aquí el tema no es solo sancionar, porque si uno ve a través del tiempo, Aula Segura tampoco resolvió el problema. Algunos creen que con aplicar Aula Segura el tema se resuelve, sin embargo, las cifras dan cuenta que a todos los estudiantes a los que se les aplicó en un momento, desertaron del sistema", indicó Díaz.
Finalmente, quien también se refirió a la resistencia del Ejecutivo en invocar Aula Segura en casos de violencia en los liceos, fue la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien señaló que "uno no puede determinar si las leyes se aplican o no".
De esta forma en el marco de las declaraciones realizadas por la ministra Tohá, la vocera afirmó a Radio Universo que "las leyes se tienen que aplicar. No es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no. Otra cosa distinta es que a uno le puedan parecer buenas o malas, ser de su agrado o no, porque todos, incluso los jueces, tenemos leyes que pueden no gustarnos. Pero no podemos hacer esa selección y un juez no puede decir ‘mire, a mí no me traiga a nadie por esta ley’, eso es improcedente".
