La Superintendencia de Educación Superior (SES) dio a conocer los resultados preliminares del primer Plan de Fiscalización realizado a instituciones de educación superior, respecto a las obligaciones de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito académico.
De esta forma, tras iniciada la exigibilidad de las nuevas medidas, el ente fiscalizador constató que 146 de 153 instituciones (95,4%) declaró contar con una Política Integral en esta materia.
Por su parte, solo 7 instituciones, entre centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, señalaron no tener dicha política aún.
"Nos confirma que el sistema de educación superior, en general, ha respondido de muy buena manera a la necesidad de prevenir y regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito académico. (…) . Pero esto no queda ahí, ya que, una vez revisada la totalidad de la información recopilada, procederemos a identificar y a requerir antecedentes adicionales a aquellas instituciones que puedan presentar inconsistencias en sus reportes, de manera de activar todas las facultades fiscalizadoras que nos entrega la ley para resguardar el fiel cumplimiento de la norma", señaló sobre los resultados del informe el superintendente (s) de Educación Superior, Gerardo Egaña, mediante un comunicado de prensa.
Según lo señalado por el SES, respecto a aquellas casas de estudios que no reportaron contar aún con una política integral en la materia, se procedió a iniciar los procesos administrativos sancionatorios, con la finalidad de que dichas instituciones puedan presentar sus descargos, para posteriormente, definir las sanciones permitentes.
En el detalle, los resultados del informe indicaron que en cuanto a lo referido a la estructuración de una Política Integral contra el acoso, la violencia y la discriminación de género, un 45% de las instituciones que la incorporan, lo hacen consolidándola en un documento único, mientras que un 49% la ha organizado mediante un conjunto de instrumentos.
Así, entre quienes poseen una organización distinta, destacan decretos de rectoría, políticas complementarias de diversidad e inclusión y cartillas de procedimiento específicos contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género.
Además, 140 de las instituciones que poseen estos protocolos (96%), reportaron poseer un modelo de prevención, y 142 (97%) declaran contar con un modelo de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género.
Finalmente, cabe destacar que la Superintendencia de Educación Superior mediante su fiscalización buscó poder generar un acercamiento respecto del nivel de participación de los establecimientos educacionales en la elaboración de las políticas, protocolos, planes y reglamentos que poseen por fin abordar las temáticas de acoso, violencia y discriminación de género.
De esta forma, según lo señalado por el ente regulador, se identificó un alto nivel de participación de la comunidad educativa en la formulación de los modelos de prevención, investigación y sanción de este tipo de situaciones, destacando que un 79% de las instituciones involucraron a todos sus estamentos dicha formulación.
