Una verdadera ola de críticas es la que ha enfrentado el Presidente Gabriel Boric tras su determinación de conceder indultos a 12 presos por participar en hechos de violencia durante el estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.
Mientras el Mandatario ha defendido su decisión, argumentando que los beneficiados "no son delincuentes" y que se trató de un gesto para "sanar heridas", en la oposición lo han criticado duramente por dejar en libertad a personas con amplio prontuario.
Ese fue el caso de
Luis Castillo, cuyos antecedentes penales fueron revelados ayer por un reportaje de Canal 13, en el cual se informó que posee una serie de detenciones por hurto y robo con intimidación, entre otros delitos.
También fue la situación de Mateluna, quien fue condenado por participar en un robo con intimidación en un banco en Pudahuel. Ambos han estado en el centro de la polémica por el carácter de los delitos que los mantenían en prisión.
Sin embargo, el jefe de Estado ha defendido su decisión. De hecho, este jueves, desde Valdivia, donde se encuentra realizando una gira regional, sostuvo que "estos indultos en particular han sido fruto de una profunda reflexión".
Pero, ¿cuáles fueron los informes que tuvo a la vista para conceder el beneficio en ambos casos? Según los decretos firmados por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se alude a una serie de antecedentes positivos que convencieron a Boric.
Mateluna: Buena conducta
De acuerdo al decreto que ratificó el indulto, publicado en el portal de Transparencia del Ministerio de Justicia, el Tribunal de Conducta de Colina I sugirió concederlo "considerando que el interno mantiene todos sus informes psicosociales positivos".
En esa línea, el informe de esa instancia estableció que "no tiene inconvenientes que limiten su capacidad para reinsertarse en la sociedad. A ello se suma un informe social que indica que “presenta un bajo nivel de riesgo de reincidencia delictual".
Dicho documento también señala que "
cuenta con una red de apoyo estable que se constituye en un referente de contención socioemocional, además de contar con recursos personales y económicos ante una eventual puesta en libertad".
El Presidente también tuvo a la vista un informe psicológico del 5 de septiembre de 2022 que establece que "se advierten en el solicitante proyecciones vitales viables, orientadas a retomar el proceso de resocialización iniciado".
"Además, ha evitado el contagio criminalizado en reclusión (…) y mostrado una actitud favorable hacia la intervención y supervisión en un contexto de control, lo que se evidencia en 26 bimestres de comportamiento intrapenitenciario muy bueno”, dice.
El ex miembro del FPMR también presentó buenos informes laborales y educacionales. En el primero se destaca su "buena conducta" en el primer caso y el diplomado online que rindió en la Universidad de Santiago, el cual aprobó con nota 6.5.
Castillo: Apoyo familiar
En el caso de quien se autodefinió como "rodriguista" tras salir de la cárcel gracias al indulto, el decreto cuenta con menos antecedentes que el de Mateluna. No obstante, se apela al respaldo de su familia como el principal motivo para permitir su libertad.
En su informe social, se indica que Castillo "cuenta con el apoyo de sus padres, quienes han sido un referente afectivo, emocional y moral durante su reclusión y están dispuestos a brindar un espacio físico ante una eventual salida al medio libre".
En tanto, en el informe educacional, se destaca que "el solicitante, durante el año 2022, manifiesta interés por regularizar su situación educacional, aprobándose su incorporación al proceso de nivelación de estudios".
"Se encuentra participando del primer grupo que rinde evaluaciones, recibiendo material de estudio para la preparación de exámenes", añade el texto incluido en el decreto que fue firmado el 30 de diciembre de 2022.
En cuarto lugar, se apunta como argumento para su libertad "los hechos ocurridos durante el denominado estallido social, que derivó en una crisis política e institucional, en el cual se produjeron hechos de violencia y violaciones a los DD.HH., por los cuales se deberán adoptar acciones extraordinarias que permitan restablecer la paz social".
En esa línea, destacan que se decretará el indulto considerando "el nivel de conflictividad en el país que configuró un contexto excepcional, enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En este contexto y con el objeto de propender a la cohesión social, reencuentro nacional y de mirar hacia el futuro con mayor dignidad y paz".
