La reforma policial, derechos indígenas, derechos de mujeres y niños niñas y adolescentes y las condiciones en centros de detención en el país son parte de las temáticas que aborda el análisis anual de los derechos humanos en el mundo, y específicamente en Chile, que hizo Human Rights Watch y publicó esta jornada.
El documento remarca que tanto las elecciones presidenciales como el proceso constituyente se llevaron a cabo "observando los principios democráticos", algo "a destacar" en el hemisferio norte, donde "abundaron ejemplos de líderes políticos que intentaron socavar la democracia".
En esa línea, valoran que en política exterior, el gobierno del Presidente Gabriel Boric "ha defendido de una manera coherente los derechos humanos sin importar la ideología del gobierno involucrado en los abusos".
No obstante, la organización asevera que "Chile enfrenta desafíos considerables en materia de derechos humanos de migrantes, refugiados, mujeres, niños y niñas, personas indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero".
La mirada sobre la reforma policial
El análisis aborda lo sucedido tras el estallido social de 2019 y el uso excesivo de la fuerza por parte de las policías, ante lo que remarcan que Carabineros actualizó varios protocolos relacionados con el orden público, incluido el uso de escopetas antidisturbios. Sin embargo, "persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos".
Entre esas destacan que aún no se reformaron las leyes "que otorgan a Carabineros amplias facultades de detención, las cuales ejercen con muy escasa supervisión".
En esta línea, remarcan también la entrada en vigencia en febrero de 2022 de una reforma legal que incluyó algunas medidas de transparencia y supervisión por parte de autoridades civiles," pero no modificó el régimen disciplinario de Carabineros, el cual no garantiza investigaciones independientes e imparciales".
El diagnóstico en temas migratorios y derechos de mujeres
Human Rights Watch aborda la situación de inmigración en el país y recordó la entrada en vigencia en 2022 de la ley de migraciones, que estableció que el ingreso ilegal al país no constituye un delito. Pero al permitir la expulsión inmediata de migrantes que cruzan o intentan cruzar la frontera, la organización asevera que "genera preocupaciones sobre el respeto al debido proceso".
En este punto, también ponen foco en que "las protestas en contra de la migración y los ataques xenófobos continuaron durante el 2022, lo cual obligó a algunos migrantes a salir de Chile".
En cuanto a los derechos de mujeres y niñas, Human Rights Watch recuerda el inicio de la vigencia de la Ley de aborto en tres causales, pero alega que
"los centros de salud imponen obstáculos innecesarios, que incluyen interpretaciones restrictivas y discrecionales de las excepciones a la prohibición del aborto", y recuerdan que la propuesta de nueva Constitución hecha por la Convención "establecía el deber del Estado de garantizar el acceso al aborto".
Derechos indígenas, de los niños y niñas
En cuanto al conflicto indígena, la organización asegura que "varios activistas señalaron a Human Rights Watch que, hasta el momento, ningún gobierno, incluso el de Boric, ha abordado adecuadamente los reclamos básicos relativos a derechos sobre la tierra, representación política y seguridad"; y menciona el uso constante desde mayo del estado de excepción constitucional de emergencia en parte de la macrozona sur.
Sobre los derechos de los niños y niñas, la organización remarca las reformas estructurales hechas al Sename, pero apunta que "Human Rights Watch detectó que Aprendo en Línea, un producto de aprendizaje por internet que utilizó el Ministerio de Educación durante la pandemia de Covid-19, utilizaba una técnica invasiva que recogía información y transmitía datos personales de los niños a una compañía de tecnología publicitaria".
"Hasta septiembre, el Ministerio de Educación no había puesto fin a la violación de la privacidad de niños y niñas", se lee en el informe.
Orientación sexual, identidad de género y políticas sobre discapacidad
En cuanto a los derechos relacionados a la orientación sexual e identidad de género, HRW destaca la entrada en vigencia una ley que reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio civil, a la adopción conjunta y a acceder a las técnicas de reproducción asistida.
Pero sobre las personas en situación de discapacidad no destacan tantos elementos y afirman que las leyes chilenas "privan a muchas personas con discapacidad de su capacidad legal, incluso estableciendo su curaduría plena, y usan lenguaje peyorativo".
En esa línea, recuerdan que en agosto un grupo de diputados presentó un proyecto para reemplazar términos "loco o demente" en el Código Penal por "persona con discapacidad psicosocial" pero sin abordar las restricciones a la capacidad legal, y remarcan que el texto de la CC incluía disposiciones destinadas a proteger los derechos estas personas.
Centros de detención y juicios por abusos del pasado
En la parte final del análisis, Human Rights Watch recoge un aumento de la población carcelaria en más del 10% en un año, lo que significa más de 43.000 personas en agosto 2022, un 3% más de la capacidad que tienen las cárceles.
Además, remarcan que en agosto el 37% de los detenidos se encontraba a la espera de juicio y que "el Código Penal de Chile permite un uso amplio de la prisión preventiva, sin un plazo máximo".
En cuanto a los "juicios por abusos del pasado", la organización destaca que la justicia "sigue juzgando a expolicías y militares responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura de Augusto Pinochet", como el caso de Miguel Krassnof.
Finalmente, en material internacional destacan que el Mandatario ratificó el Acuerdo de Escazú y que ha criticado de forma "coherente" las violaciones de derechos humanos en otros países, entre ellos, El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Cuba, sin variar según la ideología política del gobierno responsable de los abusos.
