Nada de bien cayó la acción del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se suscribió a una carta cuestionando la parcialidad de los jueces del caso SQM, en Chile, que tiene como imputado por delitos tributarios al ex candidato presidencial, Marco Enriquez-Ominami. Esto lo hizo junto a otros integrantes del Grupo Puebla, el cual fundaron ambos personeros.
El proceso judicial que ya comenzó en 2015 fue retomado el pasado lunes luego de que, a principios de mes, fuera aplazado por falta del auto de apertura, el documento donde el Juzgado de Garantía comunica al tribunal y a los intervinientes las acusaciones y las pruebas que estarán en el juicio.
"Desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por
fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con
jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones", dice parte de la misiva firmada por Fernández.
Tomás de Rementería, diputado socialista, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, señala entender "la relación que tiene Fernández con Enrique Ominami", sin embargo "me parece que es poco prudente de que un presidente de cualquier país opine sobre la justicia chilena. Ya se ha dado y hemos sido críticos cuando se ha habido intervenciones sobre lo que está pasando en Chile", mencionó, recordando así los episodios con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.
"Creo que no corresponde que un mandatario extranjero opine podríamos y nosotros podríamos tener una posición sobre la justicia argentina también, pero no lo vamos a hacer porque creo que una parte del respeto es respetar la autonomía de los poderes del Estado. En Chile la justicia funciona, es autónoma y funciona de manera libre sin presión política", agrega el parlamentario.
Desde esa misma instancia, Sofía Cid, subjefa de bancada de diputados RN, indica a Emol que "no es primera vez que el presidente de Argentina opina o cuestiona procesos judiciales, sobre todo cuando no son afines con sus intereses".
Ante esa premisa, a la parlamentaria no le parece "que sean relevantes sus dichos". No obstante, dice "queda en evidencia que para un importante sector de la izquierda latinoamericana se ha vuelto incomoda la separación de poderes del Estado, sobre todo la independencia del poder judicial".
Por su parte, el jefe de bancada de senadores UDI,
Iván Moreira, quien además integra la Comisión de RR.EE. de la Cámara Alta, opina que efectivamente el sistema judicial chileno tiene relaciones políticas: "
Puedo entender que ha habido una persecución de algunos fiscales en contra Marco Enríquez y otros políticos con demoras de juicios hasta más de 8 años en Chile, también hay muchos fiscales políticos más de izquierda que de derecha".
Asimismo, comprende que "como amigo, el presidente Argentina, desee darle un espaldarazo. Pero no corresponde que un presidente intervenga sobre asuntos judiciales en este caso de Chile más aún son poderes del Estado independientes".
Para Moreira, Fernández "permanentemente tiene una conducta intervencionista sobre los asuntos chilenos. Y espero (que el) Presidente (Gabriel) Boric y Canciller (Antonia Urrejola) quienes conducen la política exterior pidan explicaciones al gobierno argentino".
