Un nuevo capítulo sumó esta semana la trama que involucra a la ex presidenta de la fallida Convención Constitucional,
Elisa Loncon, y la
Universidad de Santigo (Usach). Ahora, el plantel determinó acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia (CPLT).
Esta última acción ocurrió luego que Transparencia resolviera acoger un amparo presentado por El Polígrafo de "El Mercurio" para conocer los antecedentes académicos de Loncon, como sus cursos de pregrado y posgrado, y la publicación de estudios y papers durante los últimos cinco años, luego que la casa de estudios le otorgara un año sabático por su "
jerarquía académica y antigüedad".
El domingo pasado, la propia Loncon dijo a CNN Chile que "hay una ley que protege a los académicos, y da la posibilidad de no entregar la documentación si estimas que esto te puede perjudicar personal o académicamente; como yo fui la presidenta y he sido objeto de tantas discriminaciones, yo ponderé y dije, bueno, me acojo a la ley". Agregó que hay más personas con año sabático, "pero a la única que se persigue es a mí".
Inicio de la trama
En diciembre de 2022, los diputados de Renovación Nacional, Marcia Raphael y Hugo Rey, ambos integrantes de la comisión de Educación de la Cámara Baja, oficiaron a la Contraloría General de la República para que determinara la naturaleza jurídica del permiso sabático remunerado que la Usach concedió a Loncon.
Por esos días, la ex presidenta de la Convención estaba con permiso laboral para ausentarse de sus funciones académicas, pero las aprensiones apuntaban a que continuaba percibiendo íntegramente su remuneración. Y es que tras su paso por el órgano constitucional, Loncon había retomado sus funciones a jornada completa en el Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades en el plantel de educación superior del Estado.
Según el oficio de los parlamentarios, Loncon habría accedido entonces a un "permiso sabático remunerado" por un año, a cambio de visitar universidades extranjeras. Sin embargo, acusaban que no existían antecedentes que permitieran afirmar que la autorización se entregó por una de las dos causas posibles: en comisión de servicio en el extranjero o como un permiso para ausentarse de sus funciones.
En respuesta, Loncon dijo en esa oportunidad que "tengo el derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela al racismo".
Los argumentos de la Usach
En tanto, desde la Usach, el rector Rodrigo Vidal, aseguró en diciembre que todo estaba en orden. A través de un comunicado, explicaron que el permiso fue normado el 13 de mayo de 1998, y que el artículo 1º establece que la autorización "se otorgará para realizar actividades de investigación, docencia o perfeccionamiento académico o profesional u otras que la Universidad estime pertinente".
Así, expresó que "la Dra. Loncon se acogió a este decreto, cumpliendo todas las etapas establecidas en el mismo, y se encuentra cumpliendo las actividades comprometidas en su permiso sabático, de acuerdo a todas las exigencias establecidas por esta Universidad".
Quien también se sumó a las explicaciones fue el ex rector, Juan Manuel Zolezzi, quien firmó el permiso durante su gestión, específicamente el 4 de julio de 2022, el mismo día en que finalizó la Convención. En la oportunidad contó a La Segunda que Loncon le pidió el permiso antes de que finalizara la Convención, con el argumento de que "tenía muchos compromisos en el extranjero, de conferencias y temas acerca de lo que fue la Convención y su rol en ella: como mujer, como presidenta y como descendiente de pueblos originarios", aclaró.
Zolezzi remarcó que el proceso para conseguir esta autorización es extenso: primero se tramita en el departamento académico, luego se hace una reunión de Consejo de Profesores. Luego va al Consejo de Facultad y a la vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y ahí hay una comisión que estudia los antecedentes y sus fundamentos.
Agregó que para obtener el beneficio, los académicos debían tener "cierta trayectoria académica y antigüedad; un currículum importante desde el punto de vista de las publicaciones, de los trabajos que ha hecho y con base en eso, la comisión que analiza los casos toma una decisión".
Loncon se negó a entregar los datos
Para chequear si se cumplían las condiciones antes descritas, El Polígrafo solicitó vía prensa, a la Usach, los antecedentes académicos de Loncon, sin embargo, no fueron entregados. Tras ello, se solicitó a través de Ley de Transparencia que el plantel entregara dichos datos asociados a la académica, en los últimos cinco años.
Luego, la universidad respondió citando al artículo 20 de la Ley de Transparencia (20.285), que establece que cuando la solicitud se refiere a documentos o antecedentes que puedan afectar los derechos de terceros, el órgano requerido "quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados".
Pero también detallaron que "la universidad cumplió con la obligación de notificar a la persona involucrada y se recibió su oposición, por lo que, en virtud de lo precedentemente señalado, no procede efectuar la entrega de información". Esto es, que la propia Loncon se había negado a entregar lo solicitado.
Transparencia acoge recurso de amparo
En enero, Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) se refirió a la negativa de Loncon de acceder a entregar los datos solicitados y expresó que "tenemos que entender que no se está pidiendo ninguna cosa del otro mundo, no hay ninguna cosa rara".
En esa línea, agregó que "la regla general es que cuando una institución pública, una universidad, otorga un privilegio, tiene que poder mostrar públicamente a toda la ciudadanía por qué lo hizo y si se cumplían los requisitos. Aquí no hay tratamiento especial, ni a favor ni en contra de nadie, esta es la regla general y no es un procedimiento especial", subrayó.
A inicios de este mes, Transparencia acogió el recurso de Amparo presentado por El Polígrafo en contra de la Universidad de Santiago, "referido a una serie de antecedentes académicos relativos a la funcionaria del órgano (...) lo anterior, debido a que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de trasparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía" detalla el documento con la decisión de Amparo.
La reserva de la información fue desestimada por el CPLT, acorde a la decisión, estableciendo que no se logró acreditar afectación a sus derechos, su vida privada e integridad personal. Al respecto, Leturia detalló que "luego de analizar los antecedentes consideramos que no había una afectación de derechos suficiente para negarse a la entrega de esta información".
La Usach tuvo 15 días a partir de la recepción de la notificación para recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago; cosa que finalmente hizo, y que suma otro intento del plantel para evitar entregar los antecedentes académicos que justifiquen las razones por las que la ex convencional tuvo un año sabático con goce de sueldo.
