Responsabilidades políticas y administrativas, cuestionamientos éticos y hasta la comisión de posibles delitos. Distintas son las capas que están en escrutinio tras revelarse las millonarias transferencias que realizó la seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD), en un caso que hoy sacude al Gobierno.
Se trata de convenios directos por más de 400 millones de pesos a dicha fundación, que realizó la seremi con cargo a recursos destinados a campamentos, a través del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El caso involucra directamente al ex seremi, Carlos Contreras, y a Daniel Andrade, ex representante de la fundación Democracia Viva. Pero también salpica a la diputada Catalina Pérez, por su vínculo con ambos.
Actualmente existen varias investigaciones en curso, anunciadas o en proceso de abrirse, con miras a esclarecer las eventuales responsabilidades de personas naturales y de reparticiones el Estado.
Una de las principales investigaciones es la que lleva adelante el Ministerio Público, y que está a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Christian Aguilar. El persecutor detalló que se indagan tres posibles delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
De comprobarse su culpabilidad, los involucrados se exponen a penas privativas de libertad, que podrían ir desde los 541 días hasta los 10 años de cárcel.
Entre las diligencias que ya se han efectuado se cuentan los allanamientos simultáneos que realizó este viernes la Brigada de Delitos Económicos de la PDI tanto en la seremi de Vivienda de Antofagasta como en las oficinas de Democracia Viva, que supuestamente funcionaban en un departamento ubicado en la calle Exequiel Fernández, en la comuna Ñuñoa.
En el caso de la fundación, no se pudo incautar ningún elemento para la investigación, ya que en el departamento no se encontraron computadores, una secretaria o personal que trabajara para la entidad y ni siquiera un letrero que identificara la fundación. Trascendió que esto causó extrañeza en los investigadores, quienes estiman que esto podría apuntar a que se trataría de una "fachada".
Hasta el momento, la Fiscalía solo está realizando la investigación de oficio pues –según señaló el fiscal Aguilar– hasta el momento no han recibido ninguna denuncia o querella por el caso.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra en proceso de recopilar los antecedentes para determinar si se querellan. Según señaló su presidente Raúl Letelier, ya recibieron los datos de la Fiscalía Regional de Antofagasta y el ministro de Justicia, Luis Cordero, también se comprometió hacerles llegar aquéllos elementos que están en poder de esa cartera.
Contraloría dio plazo de cinco días para entregar antecedentes
Otra de las investigaciones es la que realiza la Contraloría General de la República, que indaga posibles irregularidades administrativas o ilegalidades en la ejecución de presupuesto en el traspaso de recursos públicos a través de contratos directos entre la seremi y la fundación.
El contralor Jorge Bermúdez ya instruyó oficiar al Minvu para que rinda cuentas sobre el traspaso de fondos no solo a Democracia Viva, sino a todas las fundaciones sin fines de lucro, entre 2022 y 2023. Ahora el Minvu tiene un plazo de cinco días para entregar todos los antecedentes requeridos, el que se cumple este jueves.
La bancada de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) también solicitó a la Contraloría que se pronuncie sobre la eventual responsabilidad que le cabe al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), y a la ahora ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD).
En dicho ministerio también se instruyó un sumario para "esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas", informó esta semana el ministro Montes.
Ya hay dos funcionarios del Minvu que han salido del cargo: el ex seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, quien renunció tras estallar el caso; y la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), a quien el Presidente Gabriel Boric le solicitó este sábado su dimisión luego de que ésta admitiera que había sido alertada del hecho en el mes de mayo.
Acciones en la Cámara: Comisión investigadora y de ética
En el plano político, los parlamentarios de Renovación Nacional (RN) solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, que se cree una comisión investigadora especial para indagar el caso.
Sus impulsores pretenden que dicha comisión investigue las transferencias de recursos realizadas por el Minvu y sus seremis, a través de programas ministeriales, a fundaciones durante los años 2022 y 2023, con especial énfasis en los recursos entregados a Democracia Viva y a la Fundación Procultura.
También en la Corporación, los parlamentarios de la UDI enviaron los antecedentes del caso a la Comisión de Ética de la Cámara y le solicitaron que se indaguen "eventuales conflictos de interés" de la diputada Catalina Pérez (RD) o un "mal uso del cargo para beneficio personal o de terceros". Esto considerando que el ex seremi de Antofagasta había sido jefe de gabinete de la parlamentaria, quien a su vez era la pareja de Daniel Andrade.
En paralelo, la UDI junto al PDG evalúan interpelar al ministro Carlos Montes, a quien acusan de "falta de liderazgo" tras conocer el caso. Tampoco descartan presentar más adelante una acusación constitucional en su contra, si se llegan a comprobar responsabilidades de su parte.
En tanto, a nivel interno de Revolución Democrática (RD), el consejo político del partido pidió a su Tribunal Supremo que expulse de sus filas tanto a Andrade como al ex seremi Contreras, y que congele la militancia de la diputada Catalina Pérez.
En otra arista, el diputado Andrés Longton (RN) también anunció que recurrirá a la Contraloría para que se pronuncie por la beca que recibió Daniel Andrade (RD) por parte del Ministerio de Defensa –donde se desempeñaba como asesor– para cubrir el 100% de un magíster en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), por unos $8 millones.
