Hace cincuenta años, con el Golpe militar del 11 de septiembre se iniciaba a sangre y fuego un proceso de una doble dimensión.
Por un lado, el intento de eliminar todo vestigio de lo que había sido el avance de la sociedad chilena, sobre todo en materia de democratización política y social, desarrollo y búsqueda de igualdad desde los años sesenta, lo que significaba eliminar, reprimir o controlar a los actores políticos y sociales que habían sido sus protagonistas, para lo cual los militares usarían todo su poder. Por otro lado, un intento de generar un nuevo orden socioeconómico y político de caracteres autoritarios, desmantelando el Estado desarrollista y profundizando un capitalismo salvaje que se expresara en todos los ámbitos de la sociedad.
Para esto último, los militares no tenían mayor preparación y entregaron a ciertos sectores civiles la conducción, sellándose así la alianza entre el liderazgo militar personalizado y los civiles a cargo del proceso económico,
los llamados Chicago Boys, apoyados por la derecha tradicional y por los nuevos sectores de derecha (el llamado gremialismo) que más adelante se constituirán en la UDI.
Es en este marco que hay que analizar lo que ocurrió con las universidades durante la dictadura. Porque tanto a nivel general como de los distintos campos o ámbitos estuvieron siempre presentes ambas dimensiones, la reactiva-represiva y la fundacional, aunque con pesos distintos según los períodos. Así, como lo señalan múltiples informes nacionales e internacionales, desde el primer momento de la dictadura primaron la persecución, represión y eliminación de los sectores que se consideraba enemigos dentro de las universidades, alcanzando este proceso su institucionalización a comienzos del mes siguiente del golpe con la eliminación de los rectores vigentes que habían sido elegidos por sus respectivas comunidades y el nombramiento de rectores interventores militares, dotados de total poder y ningún conocimiento sobre universidades, institucionalidad que continuará hasta el fin de la dictadura.
Ello permitió, por un lado, facilitar el proceso represivo contra estudiantes, profesores y funcionarios mediante expulsiones, persecuciones, que terminaron en cárcel, ejecución o desaparición. Por otro lado, junto a la “depuración”, desmantelar las estructuras o instituciones más críticas de la universidad, afectando ello especialmente a las ciencias sociales. Se reencarnaba aquel grito famoso del general
Millán Astray al invadir la Universidad de Salamanca durante la guerra civil española:
“Abajo la inteligencia, viva la muerte”. Este fue el doble significado de la intervención militar de las universidades: eliminar cualquier tipo de oposición y crítica al régimen que se instalaba y ponerlas al servicio del Estado y el poder instalado en él.
Pero la pura dimensión reactiva y represiva no bastaba para una dictadura militar con fuerte apoyo e injerencia de sectores civiles de derecha, faltaba un proyecto que ligara a las universidades con el proyecto de sociedad que se quería imponer al país y que tuvo su expresión en las llamadas “modernizaciones” de mediados y finales de los setenta y su culminación con la Constitución de 1980 impuesta en un plebiscito fraudulento. Es cierto que algunos elementos como el centralismo de las decisiones, la ausencia de participación de la comunidad académica, el control de las organizaciones estudiantiles, el principio de mercantilización a través del autofinanciamiento, entre otros, apuntaban sin duda en una cierta dirección, pero es en parte con la Directiva Educacional de 1979, que se refiere a principios del sistema educacional en general y especialmente a la educación escolar, y sobre todo con la ley de universidades de 1971, que se consagra un nuevo modelo de sistema universitario. Este se caracterizará por la mantención del sistema autoritario de gobierno, la expansión indiscriminada de universidades sin control de calidad y entregadas a la competencia, la pérdida del rol de las universidades públicas, el altísimo costo para los estudiantes que contribuye y agrava la desigualdad, es decir, la extrema mercantilización del sistema en que las universidades y todas sus actividades solo son definidas como un tipo de empresa más.
No puede dejar de mencionarse el papel seguido por las comunidades universitarias, tanto durante el predominio de la dimensión reactiva-represiva como de la dimensión fundacional. En ambos casos, hubo sectores de ella que se constituyeron en cómplices, algunos activos, otros pasivos, de la acción de la dictadura en las universidades. Pero hubo también una fuerte oposición de sus diferentes componentes tanto a la represión como al proyecto que buscaba instalarse. Fueron ellos, y también las agrupaciones y centros de estudio fuera de la universidad, los que permitieron mantener, pese a todo, vivos sus valores y principios y el ejercicio de su función.
En el período de los gobiernos democráticos, muchos de los aspectos de la intervención militar de las universidades fueron corregidos con la oposición normalmente de los sectores de derecha que se identificaban con el modelo instaurado en dictadura, lo que impidió su total superación, especialmente en lo que se refiere al rol principal que debe tener la educación superior estatal. Y los esfuerzos por superar la situación heredada en parte han dificultado el debate y los proyectos de transformación de las universidades en el marco de las profundas transformaciones de la sociedad a nivel mundial y nacional.
