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Lo importante es que no caigamos en la cacería de brujas", dijo ayer el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras ser consultado por una posible nueva arista de la trama que se viene urdiendo desde la semana pasada en la opinión pública, por el llamado "caso convenios".
Y es que hay al menos tres regiones donde se iniciaron indagatorias -dos por parte de la Fiscalía- respecto a montos transpasados por parte de las Seremis de Vivienda a fundaciones. La última que se investiga, y hasta donde habría llegado un equipo ministerial para recabar antecedentes, está en la región de Atacama.
Pero para mirar el cuadro completo -y desde el inicio según se han dado a conocer los hechos- hay que situarse en Antofagasta, región donde se concretó la transferencia de $426 millones a la fundación Democracia Viva, fragmentados en tres convenios; lo que a su vez, impidió la revisión previa por parte de Contraloría, por no cumplirse con el requisito del piso mínimo de 5 mil UTM ($316.315.000).
Democracia Viva es la pieza inicial del puzzle, pero está lejos de ser la única. De hecho, hubo varios movimientos asociados: la diputada Catalina Pérez debió renunciar a la testera de la Cámara de Diputados; y el hasta entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, presentó su renuncia. Eso en la arista política.
En paralelo, uno de los proyectos de habitabilidad primaria de Democracia Viva, en el campamento EcuaChilePe -por el que la fundación recibió $200 millones- en el norte de la comuna, quedó en suspenso. Y aunque el ministro Montes hoy afirmó que vio las instalaciones que se hicieron en la zona, reconoció también que hay "una fuerte bronca y enojo" por lo que está ocurriendo en Antofagasta.
Cómo no, si el escándalo por los convenios se ha convertido en uno de los más intrincados y críticos de la actual administración, que han puesto en duda no sólo la gestión de sus princiapales actores, sino que dejan en tela de juicio la "promesa de lo distinto" del Frente Amplio.
Democracia Viva, la matriz del "caso convenios"
Luego que estallara la polémica y se registraran los primeros coletazos en la arena política, la fundación Democracia Viva exhibió los trabajos que realizó en la región de Antofagasta, donde afirmaron que trabajaban con 10 campamentos para mejorar la habitabilidad de los mismos.
Así, expusieron el detalle de los tres convenios cuestionados: el 504, que asciende a $200 millones; el 576, de $170 millones; y el 641, de $56 millones, enfocado en "levantamiento de diagnóstico territorial de los asentamientos que han sido catastrados por el Serviu, así como la implementación de planes preventivos. Su extensión sería de 12 meses, finalizando a fines de enero del próximo año".
A los cuestionamientos por los traspasos fragmentados -que impidieron la revisión previa de Contraloría-, se sumó la información del Servicio de Impuestos Internos, donde se conoció que la fundación que hasta octubre de 2022 firmó dos de los tres convenios, estableció su giro a construcción con posterioridad, en 21 de noviembre de 2022.
El primer convenio que ya se había suscrito era el más cuantioso ($200 millones) para el campamento EcuaChilePe, y el otro, para el campamento Irarrázaval etapa I ($170 millones).
Según el medio, ambos documentos fueron firmados entre el 3 y el 27 de octubre, donde se encargaba a la fundación la instalación de luminarias, contenedores de basura, extintores y otras mejoras a espacios comunitarios. Sólo en el caso del tercer convenio, suscrito el 29 de noviembre, Democracia Viva ya contaba con el giro de construcción de proyectos de servicios públicos.
A dicha información se sumaron nuevos antecedentes, esta vez, a raíz de una carta enviada al Consejo para la Transparencia por parte del ex coordinador de la Campaña del Apruebo, Felipe Heusser. En ella, sostuvo que Democracia Viva recibió $51.763.098 en donaciones online (a través de la sección Haz tu Aporte) y se realizaron gastos electorales por un total de $51.762.612.
La información contrasta con la que informa el Servicio electoral, donde de acuerdo al balance del Servel del Plebiscito, Democracia Viva registró $31.540.000 en aportes de campaña. Ayer, la entidad terminó por
anunciar una investigación tanto a Heusser como a la corporación Aprueba por Chile y a Democracia Viva.
Las aristas que abrió Urbanismo Social
El 28 de junio, la Fiscalía abrió una investigación de oficio por los convenios otorgados por la Seremi de Vivienda del Maule a la fundación Urbanismo Social, vinculada a militantes de RD.
De acuerdo a los antecedentes que se manejan, Urbanismo Social fue encabezada hasta el año pasado por Rodrigo Hernández, miembro de RD y quien actualmente ahora ejerce como seremi de Vivienda del Maule.
Sólo entre octubre y diciembre de 2022, la fundación habría recibido un total de $577 millones a través de ocho donaciones de la repartición estatal.
Pero las esquirlas de la nueva arista también llegaron hasta la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, también militante de RD. Esto, porque Dredsner fue jefa de gabinete de la diputada Pérez entre 2018 y 2020, pero también porque la actual delegada -y su ex jefe de gabinete, Vicente Guzmán-, desempeñaron labores en Urbanismo Social.
Según trascendió, en el Bíobío hubo un trato directo que realizó el Serviu con la mencionada fundación, por un monto de 4.098 UF, es decir, por aproximadamente $148 millones. Dichos montos, estaban destinados a asesoras legalmente a 712 personas afectadas por los incendios forestales y que presentaban problemas como los documentos de sus terrenos o viviendas.
Por estos días, y pese a contar con el blindaje del Presidente Gabriel Boric, la delegada Dresdner enfrenta una querella desde su propia colectividad, además de advertencias desde la oposición -en concreto, del diputado UDI Sergio Bobadilla- para impulsar una acusación constitucional en su contra.
Esta semana también se conoció que el cuestionado representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, habría emitido una boleta al Servicio Electoral bajo el concepto de "Asesoría en Comunicación Estratégica Campaña Daniela Dresdner por pagar", por un monto de $3.902.511. La fecha del documento fiscal tendría fecha 19 de noviembre de 2021, cuando Dresdner se postulaba como carta frenteamplista al Senado por la octava región.
Con todo, la
delegada ha insistido en su inocencia y ayer afirmó que ya conversó y entregó la información a RD, y que "hemos instruido a todos los seremis y todos los servicios de la región que levanten todos los convenios que hayan tenido, sean por trato directo o no, con fundaciones, con corporaciones, con ONGs, desde el 2018".
El rol de Latorre y cuestionamientos al ministro Montes
El senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre ha tenido un rol activo en la trama, y aunque en el último tiempo la tienda ha terminado por quitar completamente el piso a la diputada Pérez, el timonel ha tenido diferentes discursos en estas últimas dos semanas.
Cuando recién se conoció el caso de Democracia Viva, surgieron cuestionamientos a la subsecretaria de Vivienda y militante de Revolución Democrática, Tatiana Rojas; esto, porque Rojas había recibido un correo electrónico por parte de funcionarios de la cartera en el mes de mayo, donde le advertían de una presunta irregularidad entre el convenio suscrito entre Contreras y Andrade.
Latorre dijo a raíz de aquello que Rojas había alertado a la cartera y hasta al propio ministro de Vivienda, Carlos Montes, sobre la irregularidad. No obstante, el ministro Montes dijo desconocer los antecedentes respecto a la fundación, y el senador finalmente matizó sus dichos.
El sábado, Rojas renunció a su cargo, tras la petición del Presidente Boric.
El pasado viernes 23 de junio, Latorre anunció dos decisiones que adoptó el consejo político de su colectividad: solicitar la suspensión de militancia de la diputada Catalina Pérez y presentar querella contra quien resulte responsable del caso de Antofagasta.
Lo anterior contrasta con lo que había señalado el martes de esa semana, cuando consultado por la polémica de Democracia Viva aseguró que se trataba de un "descriterio" agregando que "la sospecha" se da "por el vínculo de cercanía a través de la diputada Pérez, por una parte el pololo de la diputada y por otra parte un seremi que había sido alguien de su confianza en su periodo anterior".
Quien usó un tono más directo para apuntar a responsabilidades del ministro Montes fue el
senador de su misma tienda (PS), Fidel Espinoza, quien divulgó en su cuenta de Twitter una resolución en la que se delega la facultad de celebrar y aprobar convenios de transferencia de recursos del programa de asentamientos precarios en las secretarias y secretarios regionales ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por montos que no superen las 5.000 UTM.
"¿Qué nos traerá la caja de pandora? Ministro Montes por su soberbia y cero diálogo puede caer estrepitosamente. Minvu,¿en qué porcentaje subieron los tratos directos? ¿no creen que con esta resolución le dieron manga ancha a seremis para hacer lo que quisieran?", inquirió el parlamentario. En respuesta, Montes desdramatizó las implicancias de la información divulgada y afirmó que "eso se viene firmando exactamente en los mismos términos desde el 2019".
Expulsión de RD
El viernes, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática determinó por unanimidad expulsión de los principales militantes involucrados en el caso convenios: Daniel Andrade y Carlos Contreras.
La acción ocurrió un día después que la ex pareja de la diputada Pérez comunicara su renuncia a la colectividad. Fue en horas de la mañana del jueves cuando el representante de Democracia Viva remitió un correo electrónico al partido, solicitando suspender "cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial" sobre su caso.
Según consignó La Tercera, Andrade adujo que "no puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (el que llevaba el Tribunal Supremo de RD) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio".
"Festival de renuncias"
El jueves, el Presidente Gabriel Boric, defendió a la delegada presidencial Dresdner, y al seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, por su presunto vínculo con las aristas del caso convenios, y acusó de un "festival de renuncias" impulsado por la oposición.
"He hecho valer la responsabilidad política en casos que en mi criterio corresponde, pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. En la medida que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabildiad política, se hará valer" sostuvo el Mandatario.
Los dichos generaron un rechazo transversal en la oposición, desde donde acusan al Gobierno de atravesar una crisis política y de una jugada "arriesgada" por parte del Presidente al salir a blindar a dos figuras que están sometidas a una investigación.
El diputado DC, Eric Aedo (Biobío), precisó que "no ha habido un festival de pedidas de renuncia, yo creo que lo que ha habido es que estamos enfrentando una situación de crisis política muy grande, y en ese marco me parece que las declaraciones iniciales del Presidente habían sido muy acertadas en cuanto a que no podía poner las manos al fuego por nadie (...) Pero creo que no es positivo o no es conveniente que el presidente ponga las manos al fuego por personas cuando esto está en pleno proceso de investigación".
Por su parte, el senador Enrique Van Rysselberghe (Biobío) aseguró que "resulta siempre complejo que una autoridad regional sea cuestionada por un caso de posible mal uso de recursos públicos, por lo que todos esperamos que la delegada presidencial aclare los cuestionamientos que hay sobre ella, transparente al máximo la situación y ponga a disposición de la opinión pública todos los antecedentes que tenga".
"Por todo lo anterior, parece arriesgado que el Presidente salga a blindar a las autoridades cuestionadas sin aún conocer todos los antecedentes del caso, ya que si se llegará a conocer algún vínculo más complejo de la delegada Dresdner con este escándalo, no quedará otra opción que renunciar al cargo, sin que se lo soliciten", acotó.
En medio de la oleada de cuestionamientos, la tarde de ayer el Mandatario afirmó que no ha blindado a Dresdner y a Hernández. "Yo no he ocupado la palabra blindaje porque acá no hay nadie blindado. Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado ante la justicia, y en la medida en que amerite responsabilidad política, se hará valer la responsabilidad política", subrayó.
