Si bien era la colectividad del Presidente de la República, el Partido Socialista estuvo lejos de constituir un auténtico soporte para la estabilidad de su gobierno, coinciden distintos autores. Tampoco había una particular adhesión a la figura de Salvador Allende.
Sintomático es que, por ejemplo, su Comité Central lo haya proclamado como candidato con 13 votos a favor y 14 abstenciones.
A partir de la década del 60 el partido adoptó una postura abiertamente castrista, haciendo llamados a la revolución y la violencia. Paralelamente, sin embargo, seguían participando de los procesos electorales. Ni siquiera durante la Unidad Popular abandonaron la idea de la inevitabilidad del conflicto armado.
El propio Informe Rettig, al analizar el contexto histórico previo al golpe de 1973, le dedica unos párrafos especialmente duros: “Existieron sectores considerables de ideología igual o parecida al MIR. Desde luego, el Partido Socialista la adoptó oficialmente en el Congreso de Chillán (1967) y la reafirmó en La Serena en 1971 (...), eligiendo entonces una mayoría del Comité Central y un Secretario General que creían firmemente en la inevitabilidad del enfrentamiento armado”.
En 1967 el propio Allende había patrocinado la formación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en una reunión en La Habana, que —como destaca la historiadora Patricia Arancibia— es relevante porque lo allí acordado “enmarcó e impulsó el avance revolucionario de los socialistas en los años siguientes, según el modelo cubano” (en “Los orígenes de la violencia política en Chile. 1960-1973”).
Pero es sobre todo el XXII Congreso del Partido Socialista en Chillán, en noviembre de 1967 —Allende no lo suscribe—, el que marca la línea más clara al establecer, entre otros puntos: “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima”; “Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”; “Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuentemente, las alianzas que el partido establezca solo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados”.
La participación en las elecciones de 1970 y la posterior elección democrática de Allende hacían pensar que esta doctrina sufriría cambios significativos, lo que finalmente no ocurrió, provocando una tensión permanente con la denominada “vía chilena al socialismo”.
El propio Carlos Altamirano reconocería a fines de la década del 80 la existencia de grupos armados en el Partido Socialista al momento del Golpe. Los consideraba, en todo caso, un contingente “muy débil y precario”. En sus palabras, había “más o menos, mil a mil quinientos hombres, con armas livianas, como se dice en lenguaje militar, que jamás podrían enfrentar a un ejército regular”. Cuando se le hace ver que “mil hombres no es tan poco”, agrega: “No era tan poco si se hubieran coordinado con el aparato militar del MIR que supuestamente era bastante más importante que el nuestro, con el Partido Comunista que también era mayor, y con los que tenían el MAPU y la Izquierda Cristiana. Pero ese concierto no se dio, y todo lo que se diga en otro sentido es absolutamente falso” (en “Altamirano”, de Patricia Politzer).
Discurso de Altamirano: “Partido Socialista y la Revolución chilena”
A comienzos de 1971, cuando recién se iniciaba el gobierno de la Unidad Popular, se celebró en La Serena el XXIII Congreso del Partido Socialista, siendo elegido como secretario general, con el apoyo de Salvador Allende, Carlos Altamirano, quien representaba al sector más ultrista del partido. Aniceto Rodríguez, el contendor, tiempo después no dejaría de recriminar a Salvador Allende por esta decisión, que marcaría la orientación del partido y del Gobierno.
La presentación de Altamirano en La Serena, titulada “Partido Socialista y la Revolución chilena”, resulta clarificadora de su postura. La inicia recordando una frase de Fidel Castro a Régis Debray: “La marcha es verdaderamente larga, porque cuando se ha conquistado el poder es que los revolucionarios comprendemos que apenas se comienza”.
Y después hay definiciones suyas como estas: “No hay que olvidar que el gran enemigo de la revolución es el reformismo, y que el reformismo, disfrazado en su populismo paternalista y en su demagogia económica meramente redistributiva, es una solución falsa aunque posible, no del todo ajena a ciertas tendencias en la izquierda”. Luego, agrega que “el Gobierno de la Unidad Popular no será un gobierno más que continúe la rotación partidista del ejercicio del poder dentro de las reglas burguesas de la democracia representativa, sino un gobierno de masas que deberá promover los cambios de la estructura política, social y económica que el país ha exigido a través de su mayoría soberana”. Así, directamente, cuestionaba uno de los elementos centrales de la democracia, como es la alternancia en el poder.
En las memorias de Patricio Aylwin, recientemente publicadas, sobre “La experiencia política de la Unidad Popular”, el expresidente critica con dureza al Partido Comunista y al Partido Socialista, remarcando lo que, a su juicio, sería una contradicción entre lo que decía Allende y lo que postulaban estos conglomerados: “Los dos partidos ejes de la Unidad Popular (los que Allende afirmó a Debray que representaban el noventa por ciento de los trabajadores) tenían de la ‘vía chilena al socialismo’ una visión bastante diversa al ‘modelo democrático, pluralista y libertario’ que el Presidente de la República enfatizaba”.
Las resoluciones del PS en el Congreso de La Serena
La conclusión del XXIII Congreso General en La Serena (1971) no es muy distinta a lo planteado por Altamirano en su discurso previo. En lo sustancial, confirma lo establecido en Chillán y contiene expresiones como esta: “La contradicción entre las fuerzas crecientes de las masas y el poder de la burguesía definen esta etapa como un período esencialmente transitorio. Nuestro objetivo, por lo tanto, debe ser el de afianzar el gobierno, dinamizar la acción de las masas, aplastar la resistencia de los enemigos y convertir el proceso actual en una marcha irreversible hacia el socialismo”.
También hay frases que buscan resaltar el poder del partido frente al Presidente de la República, recordándole el programa: “El contenido de la política del Partido se determinará en función de los propósitos esenciales del programa de la Unidad Popular, que pretende terminar con los monopolios nacionales y extranjeros, con el papel de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo mediante la acción unitaria y combativa de la masa de trabajadores, como protagonistas fundamentales”. Finaliza después el acuerdo del Comité Central señalando que “solo cumpliendo estas premisas, el Partido Socialista podrá prepararse para el decisivo enfrentamiento con la burguesía y el imperialismo. Reconocemos formar parte del cuadro general de lucha revolucionaria en América Latina y el mundo entero...”.
Vuskovic, el ministro encargado de terminar con la “economía capitalista”
Entre las figuras socialistas que formaron parte del gabinete de Salvador Allende destacan el ministro del Interior, José Tohá, abogado y amigo del mandatario con quien compartía ideas similares, y Clodomiro Almeyda, ministro de Relaciones Exteriores, intelectual que a pesar de representar unas de las líneas más radicales de su partido tuvo, en palabras de Fermandois, “una extraordinaria capacidad de adaptarse a las circunstancias, de palpar el arte de lo posible y de tener clara conciencia acerca de las posibilidades y alcances de una estrategia como la de la Unidad Popular, no solo en lo internacional, sino que es de suponer que también en lo interno” (“La Revolución Inconclusa”).
El ministro socialista más controvertido y que centró la mayor atención de la opinión pública fue, sin embargo, Pedro Vuskovic, quien asumió la cartera de Economía. Le correspondió así encabezar la transformación económica del gobierno de la Unidad Popular, que prometía terminar con el capitalismo y de esta forma abrir el camino hacia el socialismo. Aunque saldría del gabinete en junio de 1972, sus políticas marcarían todo el período. Su papel resaltaba todavía más si se lo contrastaba con la irrelevancia en que estaba sumido el Ministerio de Hacienda, cuyo ministro era el comunista Américo Zorrilla.
El ministro Vuskovic, era ingeniero comercial, exfuncionario de la Cepal y profesor de Economía de la Universidad de Chile. Como sostiene Fermandois, creía “sistemáticamente en la economía planificada y en la propiedad estatal de prácticamente todos los rubros y siempre sostuvo que las medidas adoptadas —ya fueran las estatizaciones negociadas o forzadas, la inyección de dinero en la economía o el control casi total del comercio— habían sido necesarias” (“La Revolución Inconclusa”).
El análisis de la legalidad y gestión económica del gobierno de la Unidad Popular será tratada en detalle en las próximas ediciones de este cuerpo, pero cabe adelantar que a Vuskovic le correspondió la tarea de impulsar la propuesta económica para el sexenio 1971-1976 (conocido como el Plan Vuskovic) que incluía, entre otras materias, “la nacionalización de las empresas mineras más importantes, la estatización del sistema bancario y de algunos monopolios industriales y de distribución”. Aspectos claves como la alta inflación, el desabastecimiento y la política de fijación de precios, entre otras, formaban parte de las preocupaciones de su cartera.
La fijación de precio llegó extenderse a las más variadas actividades, incluyendo situaciones que hoy parecen inverosímiles. Un ejemplo, de ello, es el decreto del 20 de de mayo de 1971 que estableció un “menú obligatorio y fijación de precios en fuentes de soda, restaurantes y casinos”. Su artículo primero disponía que las “fuentes de soda y las fuentes de soda de restaurant en todo el país deberán ofrecer diariamente al público, entre las 12:00 y 15:00 horas, una ‘colación’, cuyo precio no podrá ser superior a E° 3,90 y que consistirá en un vaso de leche (250 cc), fría caliente, o jugo y un sándwich o empanada” (ver “Historia de Chile 1960-2010”, tomo 5, Alejandro San Francisco).
