Una nueva arista del llamado Caso Convenios trajo de regreso el nombre de
Diego Ancalao, un viejo conocido de la esfera pública, recordado principalmente porque una facción de la extinta Lista del Pueblo intentó levantarlo como candidato presidencial, lo que terminó en una investigación del Ministerio Público por firmas fraudulentas.
Su nombre ahora fue vinculado el marco de una indagatoria que abrió la fiscalía regional de Los Lagos y que, entre otras fundaciones, involucra a la Corporación Kimün, a la que el Gobierno Regional le transfirió $1.200 millones para un programa de regularización de terrenos, de los cuales sólo $158 fueron rendidos. Por eso, el Gore solicitó la restitución total de los fondos, pero el vicepresidente de la organización, Arnoldo Ñanculef, dijo al diario El Llanquihue que no pueden devolver los montos.
"Lo he dicho en muchas ocasiones, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso. La fundación que yo presido (Fundelin), jamás ha postulado a un fondo público en ninguna región".
Diego Ancalao
Entre las razones que esgrimió Ñanculef, el presidente de Kimün -y rector de un Instituto Profesional (IP) y un Centro de Formación Técnica (CFT) de Los Lagos-, Jaime Huincahue, junto con la directora general académica, Rosalía Currimil, habían vendido ambos centros a la
Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), representada por Diego Ancalao, quien, a su vez, es el ex coordinador del programa de regularización de terrenos.
"Esta venta nunca fue autorizada por la Corporación Kimün. No hubo acuerdo de directorio y el señor Huincahue y la señora Currimil violaron todos los estatutos; en forma arbitraria, en forma clandestina, vendieron la institución", acusó el vicepresidente de la corporación.
Esta mañana, Ancalao convocó a un punto de prensa para descartar tajantemente tener relación con la cuestionada fundación Kimün. "Lo he dicho en muchas ocasiones, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso. La fundación que yo presido (Fundelin), jamás ha postulado a un fondo público en ninguna región". En esa línea, acusó de "persecución" por parte de algunos personero políticos, quienes han utilizado la polémica de los votos fraudulentos de 2021 en su contra.
Consultado por sus vínculos con Kimün, Ancalao sostuvo que dentro de sus actividades está el de las consultorías y asesorías, y fue en esa calidad que se desempeñó, entre enero y junio de 2023 en la fundación en cuestión. La razón por la que se retiró, dijo, fue que "se me estaba vinculando comunicacionalmente a la fundación Kimün, incluso había personas que decían que yo era dueño, entonces preferí renunciar, yo era sólo un prestador de servicios, como cualquier otro profesional".
Asimismo, explicó que Fundelin, creada en 2017, tiene como objetivo aportar al desarrollo educacional, y en ese contexto es que el directorio decidió comprar el IP y el CFT, conversaciones que habrían iniciado "hace mucho tiempo" con Kimün, y que se empezaron a cerrar "hace tres o cuatro meses", comentó.
Intentos fallidos como diputado y candidato presidencial
Diego Alexis Ancalao Gavilán, quien se desempeñó hasta el pasado 29 de junio como coordinador del programa de saneamiento de títulos de la Corporación Kimün ante el Gobierno Regional de Los Lagos, ya había estado en el radar de la justicia por una causa en Santiago, en medio de sus aspiraciones a convertirse en candidato presidencial.
El también profesor de Educación Física de ascendencia mapuche, fue parte de las filas de la Democracia Cristiana hasta los 21 años; pasó por la Izquierda Ciudadana, y en 2018 formó parte de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).
Antes de postularse como candidato presidencial, fue tres veces candidato a diputado, sin éxito.
En 2021, la ex lista del pueblo -movimiento nacido en medio de estallido social y que logró llevar candidatos a la fallida Convención Constitucional-, se había enfrascado en un clima de tensión tras un presunto respaldo como candidato presidencial al dirigente sindical Cristián Cuevas; pero una facción finalmente optó por levantar al independiente Diego Ancalao.
"El precandidato ganador es Diego Alexis Ancalao Gavilán, que vivió parte de su niñez en el Sename, hijo de campesino y weichafe mapuche del Lof Ancalao. Ahora tenemos la misión de apoyar a Diego en su lucha y en la campaña que comienza hoy para ser el primer presidente mapuche de Chile", señaló entonces la precandidata a diputada, Verónica Guzmán.
Pero Ancalao no contaba con las firmas necesarias para inscribir su nombre en la papeleta de la primera vuelta de noviembre de ese año: aún le faltaban cuatro mil firmas de las 33 mil que se requerían.
Durante su campaña, se definió como "una persona mapuche que vive los dos mundos. La discriminación, la falta de oportunidades", por lo que su candidatura apuntaba a "representar al Chile profundo, olvidado y excluido. Que nunca ha tenido la oportunidad de hablar por sí mismo, porque siempre ha sido representado por partidos políticos que hablan del pueblo y del pobre, pero no quieren que el pobre y el pueblo entren al debate presidencial".
La polémica por las firmas fraudulentas
Aunque Ancalao presuntamente había logrado reunir las firmas, el Servicio Electoral comunicó a fines de agosto de 2021 el rechazo de su candidatura, por no cumplir con los requisitos ante la ley: había presentado más de 23 mil patrocinios con firma y timbre "falsos", inscritos en una notaría que dejó de funcionar en 2018 y cuyo titular había fallecido en febrero de 2021. Por esto, el Servel anunció una denuncia ante el Ministerio Público.
"Es el fin de mi carrera política, lo siento en el alma, es muy doloroso", dijo Ancalao, quien responsabilizó a los encargados de su despliegue territorial por las firmas falsas.
"Para nosotros ha sido una noticia demoledora. Nunca pensamos que las personas que estaban a cargo del trabajo territorial nos iba a hacer algo así. Nos acabamos de enterar recién por la información que el Servel entregó, y este es un error que cometí yo por no supervisar el trabajo territorial. Yo estaba a cargo de la recolección de firmas online, en una campaña más mediática para poder lograr los patrocinios, y la gente del trabajo territorial cometió este hecho que a nosotros nos perjudica mucho y le pido disculpas todas las personas que nos han patrocinado y que nos han ayudado en este proceso", dijo Ancalao.
Respecto a la denuncia que el Servel, sostuvo que "nosotros nos vamos a poner a disposición de la justicia, investigar y encontrar al culpable. Eso es lo que corresponde en este caso".
No obstante, posteriormente su abogada Myla Chávez, sostuvo que presentarían una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por presunta vulneración de la presunción de inocencia, y además acusó de problemas de los grandes poderes frente a "un mapuche que habla claro e incorpora el discurso del buen vivir". "La xenofobia que existe en Chile nos hace estar seguros de la necesidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", aseguró la jurista a La Tercera.
Desde la Lista del Pueblo, señalaron que estos hechos eran totalmente desconocidos para el movimiento, y anunciaron que entrarían en un proceso de "revisión interna y autocrítica". En efecto, la estrepitosa salida de la papeleta del nombre de Ancalao terminó por ir difuminando las aspiraciones políticas del movimiento hasta su total desaparición.
