Este lunes, el
Presidente Gabriel Boric recibió el informe de la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, conocida también como "
comisión Jaraquemada", por el apellido de su presidenta, la abogada María Jaraquemada.
La instancia surgió como una respuesta a la contingencia y la presión que puso sobre el ejecutivo el estallido del Caso Convenios, que golpeó directamente a Revolución Democrática -tienda que hoy ha quedado en una posición disminuida dentro del Gobierno-, pero también como una necesidad de asegurar mayor eficacia y transparencia en el vínculo entre el Estado y dichas instituciones de la sociedad civil.
"Que no quede en un cajón" había sido la consigna con el que el Presidente Boric mandató la creación de la instancia y la entrega de sus resultados, mensaje que hoy reforzó al señalar que, junto al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, de que el trabajo "
no se termine con su presentación", sino que se implemente.
"El fomentar la cultura de probidad debe ser un trabajo permanente y constante (...) tenemos varios desafíos que equilibrar, cómo elevamos los estándares, mejoramos la transparencia y la eficiencia en el accionar del Estado, y no generamos normas normas en las cuales, vayamos generando mayores exigencias, pero que a la vez, limiten o tranquen la efectividad de la acción del Estado, es un desafío bien complejo", sostuvo esta mañana el Presidente Boric.
Esto, junto con recalcar que las "acciones que dieron paso" a esta preocupación "están siendo investigadas, y no me cabe ninguna duda que con el buen funcionamiento de las instituciones se va a llegar al fondo y se debe sancionar con rigurosidad a quienes han sido responsables de ellas, sean del color político que sean; sean del Gobierno central, o de gobiernos regionales, sean de este Gobierno de gobiernos anteriores".
"Actos impropios o derechamente corruptos no siempre pueden evitarse, pero la forma en cómo reaccionamos sí puede hacer la diferencia, y como Gobierno creo que hemos actuado de forma enérgica para enfrentar esta situación", subrayó el Mandatario.
¿Son adecuadas o suficientes las medidas que plantea el informe?, o más aún, ¿es un verdadero paso para resolver temas de fondo clave, como la corrupción? En conversación con Emol, analistas políticos entregan su visión sobre los avances y los "pendientes" del reporte Jaraquemada.
Detalle de las medidas
La llamada "comisión Jaraquemada", que sesionó durante 45 días, propuso al Presidente un total de 46 propuestas que van desde avanzar en sistemas de control, infracciones y sanciones; formas de relación de las IPSFL con el Estado; temas alusivos a transparencia; su tipología; y seguimiento y monitoreo de las medidas propuestas, entre otras áreas.
Algunas de ellas, por ejemplo, apuntan a la creación de una
ley general de transferencias, "que regule de manera general y supletorio las transferencias estatales a instituciones privadas con y sin fines de lucro"; o crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile, de carácter electrónico "que permita hacer seguimiento y acceder a información sobre las transferencias de recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil".
También propone establecer un
catálogo de sanciones, que sean proporcionales a la gravedad -tales como multa, amonestación, menor recepción de fondos públicos o suspensión- adicionales a la cancelación de la personalidad jurídica de la IPSFL en cuestión. También se propone incorporar
norma de incompatibilidades "para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común", en materia de contratación y transferencias.
El texto también propone aumentar estándares de control a corporaciones municipales y regionales en el sistema de gestión y control oficial de cada municipio; y establecer la obligación de los alcaldes de "informar y rendir cuentas al concejo municipal de toas las transferencias, proyectos de inversión o iniciativas, independiente del monto, aunque no requieran su aprobación", y que se reduzca el monto de 7.000 UTM previsto en la Ley de Gobiernos Regionales, por el cual el gobernador regional requerirá la aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas.
"No va al fondo del asunto"
"Creo que son medidas que no se pueden aplicar en el mediano plazo. En el futuro, estas propuestas podrían servir para intentar evitar el problema de corrupción al interior del Estado, pero no son medidas que vayan a reducir el impacto político del Caso Convenios de manera automática", plantea a Emol el analista político de la UTEM, Máximo Quitral.
"Este es un reporte técnico que mira hacia adelante, es positivo, pero ¿dónde está la señal política?, ¿qué va a hacer el Gobierno? Es muy fácil ahora para el Gobierno usar esto y moverse hacia adelante, pero el punto es que la corrupción no se va a terminar si es que no hay un castigo por este incidente (Caso Convenios)".
Kenneth Bunker, analista político y académico USS
El académico agrega que, a su juicio, el informe da cuenta de "una buena intención, pero no va al fondo del asunto, que es cómo resolver la corrupción en lo inmediato. Esta propuesta apunta al futuro, y no lo que uno esperaría, que es que esto se resuelva rápidamente".
En la misma línea, el analista político y académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Kenneth Bunker, sostiene que siempre que se regule la corrupción hay un "paso en la dirección correcta", y que las medidas que plantea el informe apuntan a hacer la corrupción "un poco más difícil", pero se trata de "pasos básicos, iniciales".
Lo llamativo, subraya, es que "muchas de estas cosas no existían; por una parte, es realmente impresionante lo desregulado que estaba todo el sector, lo fácil que era traspasar recursos del Gobierno central a estas fundaciones sin fines de lucro, que se operara tan fácilmente es llamativo".
"Yo creo que hay que hacer algo más. Tiene que haber algún tipo de castigo mencionado con todos sus detalles para invitar a las personas a no cometer estos actos de corrupción. Creo que tienen que ser un poco más fuerte y se debe mencionar lo que debiese ocurrir si es que no se cumple con aquello", comenta respecto a las sanciones.
En el plano político, Bunker coincide con Quitral al señalar que "no resuelve el problema de fondo; creo que con la magnitud de corrupción que se ha descubierto, tiene que haber personas que paguen con cárcel, tiene que haber alguna forma de que los responsables de desfalcar al Estado sean castigados, sin eso, ¿cuál es el incentivo de no cometer esos actos hacia adelante?".
"Este es un reporte técnico que mira hacia adelante, es positivo, pero ¿dónde está la señal política?, ¿qué va a hacer el Gobierno? Es muy fácil ahora para el Gobierno usar esto y moverse hacia adelante, pero el punto es que la corrupción no se va a terminar si es que no hay un castigo por este incidente (Caso Convenios)", zanjó.
