Luego de dos meses de labores investigativas, la Contraloría General de la República dio a conocer este jueves su informe final sobre los contratos entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, hecho que dio inicio al denominado Caso Convenios.
En el documento, el ente fiscalizador constató la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, que contenga los mecanismos para su elección, tales como una invitación a participar a diversas entidades privadas mediante llamados públicos, indicando las competencias técnicas y requisitos legales requeridos para llevar a cabo las iniciativas.
En ese sentido, la asignación de los recursos para la ejecución de los proyectos relacionados con los convenios suscritos entre el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de la Región de Antofagasta, con las respectivas entidades privadas sin fines de lucro, fue de manera directa, sin que los actos administrativos pertinentes que los autorizaron se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron, actuación que infringe el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Al respecto, Contraloría indicó que "para el caso de las iniciativas asignadas a la Fundación Democracia Viva a través de tres convenios por un total de $426.000.000, ni en las resoluciones emitidas por el Seremi Minvu y el Serviu, ambos de Antofagasta, como tampoco en los respectivos convenios se mencionan los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten la motivación de tal elección, considerando, además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar y de su experiencia en ellas, relacionadas con el Programa de Asentamientos Precarios".
"Es así como se constató que a través de correo electrónico de 12 de julio de 2022, el Seremi Minvu de Antofagasta de la época (Carlos Contreras, quien debió renunciar al cargo), solicitó al Encargado de Planes y Programas de esa repartición, enviar un correo de invitación a dos fundaciones, entre ellas Democracia Viva, para evaluar su potencial incorporación al listado de organizaciones colaboradoras", agregó el organismo.
Por lo anterior, el ente sugirió tanto a la Seremi de Vivienda como al Serviu de Antofagasta "adoptar las medidas que correspondan con el objeto de implementar un procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que llevarán a cabo los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios, informando de ello documentadamente en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción de este informe final".
Además, anunció el inicio de un proceso sumarial en ambas entidades "a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas", y señaló que entregará todos los antecedentes recabados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
"Se advirtió que la conducta del entonces calidad de Seremi de la Región de Antofagasta, quien intervino en razón de sus funciones, como firmante y responsable del control financiero y administrativo de los actos suscritos con la Fundación Democracia Viva y mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de dicha fundación receptora (Daniel Andrade), eventualmente habría vulnerado el principio de probidad, toda vez que carecería de la imparcialidad necesaria en su actuación; por lo que le asistía el deber de abstenerse de participar en el proceso asociado a esa entidad privada, sin que haya dado cumplimiento a dicha obligación", subrayó Contraloría.
Puntualizó que "lo descrito no se aviene con el artículo 8° de la Carta Fundamental, que indica el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones. Vulnera, además, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 18.575, en cuanto previene que dicho principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo".
Por otro lado, el informe de Contraloría establece que, al momento de suscribir los convenios de transferencias de recursos, no se exigió a la fundación un plan de trabajo, los cuales tienen como objetivo identificar las acciones a ejecutar en el marco del convenio y la cantidad de recursos destinados a ese fin.
Junto con esto, se concluyó que, "en dependencias del Seremi de Vivienda de Antofagasta se desempeñaban, al menos, 12 personas que fueron contratadas por los organismos receptores de fondos para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, las que desarrollaban actividades propias de esa secretaría, entre ellas, labores en su gabinete, revisión de las rendiciones efectuadas por las distintas entidades privadas receptoras de fondos y su contabilización, algunas de las cuales disponían de acceso al sistema contable SIGFE y otros aplicativos institucionales".
Asimismo, en el Serviu de esa región se han desempeñado, al menos, 3 personas que también fueron contratadas por entidades que recibieron transferencias para la ejecución del programa en análisis.
"Lo anterior da cuenta que cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas y/o negligencias en su desempeño por no revestir la calidad de funcionarios públicos", complementó Contraloría.
Revisa el informe completo de Contraloría
