El mundo político reaccionó sobre la noticia de que hay magistrados bajo amenaza de muerte vinculadas al Tren de Aragua. Esto, luego de que en una audiencia, encabezada por un magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, se informara que se habían reunido datos sobre la planificación de un posible sicariato contra un juez.
Esta causa donde habría surgido la información que se indagará por parte del fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros. El persecutor ya está a cargo de otras diligencias similares, aunque relacionadas con fiscales. Hasta ahora, en investigaciones por narcotráfico o ligadas al crimen organizado no existían antecedentes sobre jueces que hubieran denunciado este tipo de amedrentamientos.
Así, integrantes de las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado entregaron sus visiones respecto de este suceso a
Emol. El presidente de la instancia en la Cámara Baja,
Andrés Longton (RN), señaló que "el crimen organizado está cada vez más violento e instalado y por eso es tan importante avanzar en la agenda de seguridad y fortalecimiento de nuestras instituciones. Se deben tomar los resguardos respecto a la protección de nuestros jueces y fiscales porque cuando el delito permea nuestra institucionalidad ya no hay vuelta atrás".
"Esta semana presentamos junto al senador Kast, una agenda priorizada de seguridad para aprobar cuanto antes proyectos como el ingreso clandestino, la ley antiterrorista, seguridad privada y reincidencias. Esperamos que tanto el oficialismo como el gobierno envíen una señal contundente y apoyen estos proyectos, ya que no vamos a tener dos oportunidades para frenar esta escalada de violencia", anunció.
La senadora miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en tanto, sostuvo que en la instancia se han llevado conversaciones con el Ministerio Público respecto a las medidas de protección de funcionarios y respecto "cómo resguardamos de mejor manera a los fiscales y jueces frente a casos de crimen organizado y otros delitos de gravedad".
Consultada sobre su interpretación de este hecho, la congresista advirtió que "esto se ha dado con frecuencia en otros países, con graves consecuencias: no sólo amenazas, sino que han atentado contra jueces y fiscales (...) Tenemos que hacer una un sistema de protección de jueces y fiscales, porque la amenaza pueden provocar inhibirlos de hacer el trabajo y los expone a ser víctimas de estos carteles".
El ex presidente de comisión de seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), relató que si bien ya existen antecedentes en Chile sobre amenazas contra autoridades, como funcionarios de Gendarmería o fiscales, este hecho es de "extrema gravedad".
"El Gobierno tiene que tomar medidas totalmente extraordinaria y urgentes en el 'fast track legislativo' de seguridad", señaló, apuntando que "hay un proyecto de ley muy importante que el Gobierno todavía no ingresa sobre la Fiscalía Supraterritorial, cuyo objetivo es permitir a fiscales perseguir los delitos que se desplazan por distintas regiones del país".
En ese sentido, el parlamentario aseveró que "esta es una línea roja que Chile está cruzando y de la que cuesta mucho volver atrás". Y agregó que "si se atreven a atacar a la punta del iceberg, es porque ya no le tienen miedo a nada (...). Eso hace tambalear todo nuestro sistema de persecución, lo que llama a poner todas las alertas y proteger a los jueces".
A su vez, Raúl Leiva (PS), aseveró que "este es un problema muy complejo, que requiere la atención urgente no solo de los operadores del sistema penal, sino que de toda la ciudadanía".
"Este es un tema de Estado el resguardar a no solo los jueces a los fiscales Carabineros defensores penales públicos es fundamental para permitir una adecuada persecución criminal", agregó.
El diputado Cristián Araya (Partido Republicano), por su parte, sostuvo que este hecho "lamentablemente no resulta sorpresivo". "Hace varios meses, le había levantado mi preocupación al mismo fiscal nacional (Ángel Valencia) afirmándole que era necesario autorizar el porte de armas para jueces y fiscales que enfrenten al crimen organizado y al narcotráfico", recordó.
Consultado sobre si el "fast track legislativo" contempla medidas de protección para los jueces, señaló que "no contempla avance en esta línea. Nosotros como Partido Republicano hemos impulsado, entre otras medidas, autorizar el porte de armas al personal en retiro de Gendarmería, porque también entendemos que todos aquellos que son parte de la red contra el crimen organizado y el narcotráfico se vuelven blanco o objetivos de estas organizaciones", planteó.
