La Fiscalía Nacional abrió la investigación de oficio.
Aton
El Ministerio Público notificó este jueves la apertura de una
investigación penal de oficio por la eventual entrega de identidades de testigos protegidos del caso contra Los Gallegos, banda criminal vinculada al Tren de Aragua.
La decisión la tomó el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien designó al persecutor regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, para que dirija la indagatoria y ejerza las acciones penales si corresponde.
La idea es buscar determinar si las identidades de los testigos fueron entregadas pese a que la Corte de Apelaciones acogió este jueves un recurso de no innovar. La acción apunta en contra de cualquier funcionario público que haya filtrado algún grado de información.
Al respecto, Arancibia señaló que "por resolución de esta fecha el fiscal nacional ha resuelto abrir una investigación de oficio designándome a mí como fiscal regional para estar a cargo de la misma, a fin de esclarecer los hechos y circunstancias por las cuales el Tribunal de Garantía de Arica entregó información reservada que contiene la identidad de los testigos que actúan en la causa dirigida contra la banda criminal Los Gallegos".
"Con dicha resolución he procedido a abrir la investigación respectiva y a partir de este momento me abocaré a hacer las diligencias que corresponden", complementó el fiscal.
Gobierno estudia requerimiento contra juez
En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el Gobierno está evaluando un posible requerimiento ante la Corte Suprema en contra del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, por haber ordenado la entrega de identidades.
"Nos parece que es una decisión grave porque primero no permitió escuchar a partes intervinientes, como el propio fiscal a cargo, el que tenía que declarar vía telemática justamente porque estaba con medidas de protección, y tampoco se les permitió participar a los abogados del Ministerio del Interior", comenzó señalando la autoridad.
Agregó que "el Gobierno está analizando las facultades constitucionales y también legales que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente, y por lo tanto estamos analizando las facultades que el Gobierno tiene, entre ellas, estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República, particularmente en el articulo 32 de la Constitución y en el numeral 13 de ese artículo, que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial".
"Esta materia se le ha encargado al ministro de Justicia Luis Cordero, pero quiero decir desde ya que el Gobierno pretende actuar para hacer ver que nos parece que esta conducta es grave, que no debió haber ocurrido y que tiene que ser impedida", enfatizó Monsalve.
