El pleno del Consejo Constitucional comenzó este miércoles la discusión del Capítulo II sobre "Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales", ocasión en que se aprobaron los incisos que establecen que "la ley protege la vida de quien está por nacer", la expulsión de extranjeros que ingresen por pasos no habilitados y la reclusión domiciliaria para enfermos terminales, entre otras.
Con 33 votos de la oposición y 17 en contra del oficialismo, los consejeros aprobaron el inciso 1 del artículo 16 que señala "el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte".
Hito que luego fue destacado en un punto de prensa conjunto entre republicanos y Chile Vamos, marcando un giro respecto al pasado viernes cuando con la abstención de cuatro consejeros del bloque se rechazó la norma que planteaba que "todo ser humano es persona", hecho que generó diferencias en la oposición, sobre todo la molestia de los republicanos. Así, se calmaron -por ahora- las tensiones entre el bloque y el partido, aunque aún restan varias votaciones.
"Con esto hemos recuperado lo que está en el texto vigente de la Constitución, subrayando que quien crece en el seno materno es alguien", apuntó el delegado de republicanos, Luis Silva, agregando que "la norma aprobada hoy prácticamente replica el texto de la Constitución vigente".
"En nuestra bancada todos están por la vida y nadie votará favorable nunca una norma que sea para el aborto libre", apuntó la delegada de la bancada RN-Evópoli, Pilar Cuevas.
El consejero Germán Becker (RN), uno de los que se abstuvo el viernes, aseguró que ambos días votó en conciencia, "nadie de Chile Vamos se sintió presionado (hoy), porque si votábamos en contra de que la ley protege la vida del que está por nacer, la verdad es que lo quedaba era prácticamente el aborto libre".
Consultado respecto a si se superaron las tensiones con Chile Vamos, Silva expresó que "ciertamente, siguiendo con la metáfora de dar vuelta la página, este es un libro con muchas páginas y vamos dando vuelta una a una".
La consejera Marcela Araya (PS) manifestó que las mujeres "estamos en alerta, porque nuestros derechos sexuales y reproductivos se encuentran en peligro con la aprobación del artículo que consagra la vida del que está por nacer, lo que pone en riesgo de inconstitucionalizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales".
La consejera María Pardo (CS) complementó que "el que está por nacer (como en la actual Constitución), no es lo mismo de "quien esta por nacer. Quien está por nacer hace referencia a la calidad de ser humano, persona, respecto de la vida del que está por nacer y eso evidentemente va a tener un impacto (...) habilita la posibilidad de que retrocedamos en derechos de las mujeres".
Desde Unidad para Chile expresaron además preocupación por el "tono" usado en la discusión de hoy por la consejera María de los Ángeles López (republicanos), quien en su intervención en el pleno emplazó a los consejeros oficialistas: "La bancada republicana elige la vida, mientras ustedes eligen la muerte".
Junto con calificar sus palabras de "injuriosas y calumniosas", el delegado de la bancada PS, Alejandro Köhler, consideró que además son "meritorias de análisis jurídico (...) queremos reservarnos el derecho de analizar estas declaraciones".
También se aprobaron el inciso 2 respecto al "derecho a la integridad física y psíquica" y el inciso 3 del articulo 16 sobre "el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación".
Casos de expulsión de migrantes
Otro tema que resaltó dentro del inciso 4 del artículo 16 fue la aprobación del literal b por 34 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Allí se precisa que "la ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, salvo en los casos de refugio o asilo expresamente contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
"A su vez, los extranjeros que cometan un crimen o simple delito dentro del territorio nacional y sean condenados a presidio efectivo, deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen, cuando corresponda, y en caso de cumplir la pena en nuestro país serán inmediatamente expulsados. La ley determinará el proceso de expulsión o devolución. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute con ánimo de lucro el ingreso ilegal de personas al territorio de la República, incurrirá en las sanciones que determine la ley", se precisa.
El delegado de la bancada UDI, Arturo Phillips, expresó que hoy "tenemos un problema real con la migración irregular que tiene a nuestro país en una situación dramática y por eso que existe un real compromiso de las bancadas respetando toda la legislación que signifique poder resguardar las fronteras del país y su soberanía, entendiendo que a nuestro país se entra por la puerta y no por la venta".
Reclusión domiciliaria
En el mismo inciso también resaltó la aprobación del liberal h, el cual precisa que "las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad".
La norma fue ratificada por 31 a favor de la oposición, 18 en contra, incluyéndose entre éstos a la consejera RN Lorena Gallardo, más una abstención de la consejera y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt. Ambas plantearon que el tema es materia de ley y no algo que debería estar en la Constitución.
Durante el debate en el pleno, el consejero Yerko Ljubetic (CS), acotó que esta norma es "sucesora de la enmienda de Punta Peuco", aludiendo así a la indicación bajada por republicanos que permitiría la reclusión domiciliaria para mayores de 75 años, lo que ellos acusaron como una medida que beneficiaba a condenados por delitos de Derechos Humanos.
Ante las críticas del oficialismo, Silva expresó que "yo no voy a aceptar que se invoquen razones humanitarias para excluir de la humanidad a esas personas".
