La zona norte del país se ha convertido, en los últimos años, en un foco de deterioro de la seguridad que afecta al territorio nacional. La presencia de organizaciones criminales ha puesto en alerta a las autoridades, debido a la nueva forma en que estos grupos actúan, la penetración que han conseguido en el territorio y los desafíos que implica intentar detener su acción delictiva.
Lo cierto es que son múltiples los factores que subyacen a esta realidad y que permiten un escenario idóneo para que la criminalidad se instale con más fuerza en el norte del país. Las últimas semanas se ha conocido un nuevo paso en la expansión del crimen organizado: ahora, miembros del
Tren de Aragua -organización criminal principalmente compuesta por personas de nacionalidad venezolana- han comenzado a amenazar a jueces.
El amedrentamiento, la extorsión, y explotación sexual son parte de los crímenes que suele practicar esta organización que partió con sus bases en el norte del país -y que ya ha expandido sus tentáculos por al menos cinco regiones-, siempre con fines económicos.
El detalle de todos esos factores son los que explora el último estudio de AthenaLab, "Actualización geopolítica de la zona norte de Chile", que incluye a las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, y cuyos investigadores se trasladaron a la zona para observar y extender el análisis con los habitantes y autoridades.
En concreto, el documento busca recoger las singularidades de estas regiones, explicar por qué se han convertido en "zonas estratégicas", y explorar las situaciones que se han observado en los últimos años, de modo de proponer una visión geopolítica actualizada de lo que ocurre, identificando riesgos, amenazas y oportunidades.
Situación geopolítica: débil presencia del Estado
En estudio detalla que al revisar la información disponible y recorrer la zona, es evidente el "retroceso por parte del Estado", lo que se manifiesta en distintos aspectos. "Lo más llamativo es el deterioro
de los espacios públicos y la percepción de inseguridad de las personas, recogido en distintas entrevistas de campo, así como el cambio en la topografía social, tanto de Arica como de Iquique y sus alrededores", dice el texto.
En esa línea, se detecta que la acción del Estado
no está adecuadamente coordinada ni integrada, pese a que se reconocen iniciativas y programas para hacer frente a distintas problemáticas. De esta manera, "se dejan espacios vacíos que son empleados por organizaciones de corte criminal para su beneficio, incrementando la condición de inseguridad de los ciudadanos y las empresas que operan en ambas regiones", sostienen los investigadores.
Otro aspecto vinculado al anterior es el control fronterizo. Esto, porque en el caso del norte, la realidad geográfica "muestra condiciones complejas para las autoridades"; entre ellas, la extensa frontera, la existencia de límites con dos países distintos, una topografía agreste en gran altitud, la multiplicidad de pasos informales, y la presencia de organizaciones criminales que aprovechan "la configuración del escenario y debilidad del Estado a su favor".
En esa línea, el informe muestra que "la reacción del Estado frente a miles de inmigrantes -mayoritariamente ciudadanos venezolanos, quienes forzadamente debieron dejar su país- accedieron a territorio chileno por pasos no controlados ni autorizados ha sido débil e ineficiente".
"Por un lado, la acción estatal laxa y tardía permitió el ingreso de miles de personas sin conocerse antecedentes mínimos para el control policial o social. Esto significa que no se sabe la cantidad exacta ni el tipo de personas que ingresaron, mucho menos si cuentan con antecedentes criminales anteriores. También se perdió la oportunidad de levantar un registro biométrico de los inmigrantes, de manera de conocer la verdadera identidad de los sujetos y, de paso, facilitar eventuales investigaciones", señala el texto.
Otro tema relevante que manifiesta debilidad estatal en la zona norte, de acuerdo a AthenaLab, es la gran magnitud de tomas y ocupaciones ilegales de terrenos que pertenecen a Bienes Nacionales y que se ubican en las principales ciudades de ambas regiones, situación que llega a un estado de "alarmante".
Estos factores gatillan, además, una percepción mayoritaria -en la población de ambas regiones- por el deterioro de la situación de seguridad; lo que se respalda con las cifras que en los últimos años han entregado las policías y el Ministerio Público. "La presencia de grupos criminales extranjeros, como el Tren de Aragua, así como la multiplicación de delitos que eran considerados ajenos o aislados en la realidad nacional, se han convertido en asuntos casi cotidianos para la población de ambas regiones", agrega el documento.
Riesgos, amenazas y oportunidades
En cuanto a los principales riesgos detectados, el estudio apunta a que "el retroceso del Estado y la debilidad en el ejercicio de la soberanía efectiva, generan espacios que pueden y serán ocupados por organizaciones criminales o incluso actores o intereses foráneos en una zona de características estratégicas para Chile. Todo espacio vacío tiende a ser ocupado por algún actor".
En segundo lugar, detecta que "el empleo sostenido de las Fuerzas Armadas en tareas consideradas como 'excepcionales', si bien puede estar plenamente justificado, generará un desgaste en el personal y medios que impactará la preparación de la fuerza en el mediano y largo plazo"; y que "la escasa presencia estatal en la zona altiplánica, sumado a una muy baja densidad de población, debilitan aún más el control territorial y el ejercicio de la soberanía".
"El retroceso del Estado y la debilidad en el ejercicio de la soberanía efectiva, generan espacios que pueden y serán ocupados por organizaciones criminales o incluso actores o intereses foráneos en una zona de características estratégicas para Chile. Todo espacio vacío tiende a ser ocupado por algún actor".
Otra amenaza apunta a "la limitada vigilancia de la zona costera", que "representa una gran vulnerabilidad al ser un área de potencial uso por parte de organizaciones criminales".
En cuanto a las amenazas, el estudio detecta que "la ausencia de las principales instituciones del Estado de Chile, puede generar espacios con una soberanía inefectiva en la que otros actores imponen sus particulares intereses", y que la acción del crimen organizado transnacional, en sus múltiples manifestaciones ha impactado a ambas regiones, así como también a sus habitantes, a la actividad comercial y productiva.
El estudio señala también que la existencia de tomas ilegales, "además de evidenciar la inacción de las autoridades políticas por mucho tiempo, está generando zonas donde persiste el descontrol y aumenta la presencia criminal, lo que está irradiando negativamente a las ciudades", y que se evidencia una "dificultad creciente del Estado para imponer la ley".
Entre las oportunidades, detaca la posibilidad de generar una sinergia entre las ideas y expericiencias locales, junto con las capacidades del Gobierno e instituciones centrales. En la misma línea, plantean que la integración y coordinación de distintas agencias del Estado presentes en la zona o del Gobierno central, "aumentará la eficacia estatal y, finalmente, el desarrollo, seguridad y bienestar de la población nortina".
Asimismo, apuntan a "incorporar tecnología para materializar la idea de una frontera eficiente"; e incorporar al mundo privado, "para determinar e implementar iniciativas que faciliten el poblamiento en el altiplano chileno, podría potenciarse a través de facilidades otorgadas
por el Estado y que sirvan de incentivo para la inversión y generación de actividades económicas y sociales".
Revisa el estudio completo:
