El ataque con una granada a una funcionaria de Carabineros atizó la preocupación de la oposición por la crisis de seguridad que afecta al país. Con el pasar de las horas se conoció que un ciudadano venezolano con una orden de expulsión pendiente habría perpetuado el ataque, lo que elevó la inquietud por legislar en materia de expulsiones de extranjeros irregulares.
En particular, los parlamentarios de las bancadas de la UDI, RN y el Partido Republicano le pidieron al Ejecutivo poner urgencia al proyecto que consagra como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, tanto por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio. Iniciativa que ya fue aprobada por la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Además, emplazaron al presidente de la Corporación, Ricardo Cifuentes (DC) a poner el proyecto en tabla para que se discuta lo antes posible. Incluso, desde Renovación Nacional, acusaron que Cifuentes estaría siendo presionado por el Ejecutivo para no avanzar en la materia.
No obstante, el presidente de la Cámara explicó a Emol que se acordó con los comités - cuando se aprobó la tabla de la discusión presupuestaria - que durante toda la discusión del Presupuesto 2024 no se autorizarán sesiones especiales ni el funcionamiento de las comisiones, por lo tanto no se podría hacer una sesión especial para revisar el proyecto de ley hasta el 28 de noviembre, fecha en que el Congreso debe despachar el erario.
El proyecto está en tabla para ser discutido y votado en sala el próximo miércoles 22 de noviembre, pero está de sexto punto, por lo que es muy probable que no se alcance a revisar; tal como ha ocurrido en oportunidades anteriores. Ante esta situación, Cifuentes planteó que "es un tema que hay que discutir" y aseguró que "es muy probable" que se convoque a una sesión especial para votar el proyecto la semana del 11 diciembre, al regreso de la semana distrital que será entre el 4 y el 8 del mismo mes.
Ante las presiones de la oposición, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, descartó poner urgencia a la tramitación del proyecto y argumentó que la prioridad del Gobierno es avanzar en las 31 iniciativas que fueron acordadas entre La Moneda y los presidentes de ambas Cámaras, conocido como "fast track" legislativo.
"Nos vamos a concentrar en sacar esa agenda adelante. E insisto, fue una agenda que se estableció con los presidentes de ambas corporaciones y, por tanto, obviamente considerando la opinión de la oposición", dijo el secretario de Estado.
Cabe recordar que este proyecto ya fue visado por la comisión de Seguridad y fue aprobado en general por los diputados Jorge Alessandri (UDI), Cristián Araya (Republicano), Jaime Araya (IND-PPD), José Miguel Castro (RN), Andrés Longton (RN), Diego Schalper (RN) y Flor Weisse (UDI), en reemplazo del diputado Herny Leal (UDI). Mientras que votaron en contra las diputadas Mercedes Bulnes (IND-FA) en reemplazo de la legisladora Lorena Fries (CS) y Alejandra Placencia (PC).
El proyecto dice que "el que, no reuniendo las condiciones para ser declarado como refugiado en nuestro país, o reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas, hiciere ingreso al territorio nacional de manera clandestina por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales".
Además, "a los extranjeros que ingresaren al territorio nacional, mediante alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior y existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de ingreso, se les aplicará la pena de presidio menor en su grado medio".
"Sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo el que entrare al territorio chileno o intentare salir de él valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida", finaliza la propuesta legislativa.
