Esta tarde, luego del allanamiento que se desarrolló en el Ministerio de Vivienda por parte de Fiscalía y la PDI, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en conjunto con el titular del Minvu, Carlos Montes, detallaron acciones que había tomado el Ejecutivo en la materia y defendieron la gestión de las autoridades de la cartera.
Las diligencias de esta mañana se desarrollaron en el marco de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía de Tarapacá con dos fundaciones (En Red Social y Enlace Urbano).
La ministra Vallejo precisó en esta línea que la diligencia fue "
fruto de una denuncia que el mismo ministro (Montes) y el ministerio interpuso contra un ex funcionario del ministerio, que renunció cuando asumimos como Gobierno, que venía de la administración anterior y puso su renuncia en mayo del año pasado".
Además, defendió que el Ministerio ha realizado una serie de acciones "para poder enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el Caso Convenios", entre ellas, la interposición de cinco denuncias y querellas; establecer responsabilidades políticas; y acciones administrativas.
Por su parte, el ministro Montes comentó que la denuncia por parte de su cartera se presentó el 14 de agosto del año pasado, surgida de "dudas y antecedentes que teníamos respecto a ciertas acciones de un funcionario información que también entregamos a la comisión investigadora (del Caso Convenios) en su momento".
"Nosotros creemos que, para un país, lo peor es pensar que un ministerio tan importante como el de Vivienda es corrupto; este no es un ministerio corrupto (...) toda imagen que se da en esa dirección es un error".
Carlos Montes, ministro de Vivienda
Ahora, precisó Montes, el Ministerio Público "nos ha dicho que quiere complementar la información que entregamos al momento de hacer la denuncia y otra información que llegó (...) bueno, la fiscalía de Tarapacá considera que requiere información adicional y por eso es que viene acá, a recabar antecedentes de la Subsecretaría, del programa de Política Habitacional, del programa de Asentamientos Precarios y de la Divisón Administrativa".
En esa línea, el ministro preciso que estas acciones "nos parece muy bien, tanto que dimos el consentimiento voluntario de esta acción".
Con todo, el ministro Montes subrayó que el principal objetivo para la cartera es que "se clarifiquen las cosas y que se sancionen a los responsables". Añadió que "desde el 17 de junio, al otro día empezamos a actuar, fuimos a entregar todos los archivadores, todos los antecedentes que teníamos sobre el caso de Asentamientos Precarios a la fiscalía de Antofagasta que estaba a cargo del caso, y permanentemente estamos enviando antecedentes y observaciones a las distintas fiscalías".
"Nosotros creemos que, para un país, lo peor es pensar que un ministerio tan importante como el de Vivienda es corrupto; este no es un ministerio corrupto (...) toda imagen que se da en esa dirección es un error", subrayó. Esto, junto con recalcar que "no voy a renunciar".
Montes explicó que lo ocurrido obedece a un "modelo de operación" del programa de Asentamientos Precarios que venía desde antes, de 2019, "y este modelo, se aplicaba también a las fundaciones, lo que dejaba forados y permitió que hubieran actos de corrupción, que fue el caso de Democracia Viva en Antofagasta". Y remarcó que "no es verdad que en cada región de este país hay un Democracia Viva, lo que sí hay es faltas administrativas".
Solicitud de oficios
Consultado por los oficios de la Fiscalía para solicitar más antecedentes para la investigación, Montes sostuvo que, de cuatro de éstos, se respondieron tres "y uno quedó como complementario a los anteriores, quedó extraviado en el camino, pero hoy día se están entregando".
Los dichos fueron complementados por la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, quien detalló que "cuando se hace la denuncia -cuatro denuncias y una querella- se inician las investigaciones por parte de la Fiscalía, se pide más información con cuatro oficios. Tres de esos oficios se contestan oportunamente, y hay un cuarto oficio que pide información complementaria de los tres que ya se habían contestado".
Cuando ese cuarto oficio llega, explicó Elgueta, "la funcionaria ve la misma materia y pensó que era el mismo oficio que ya estaba contestado, y eso es lo que se clarificó ahora y se complementó esa investigación". En tanto, sobre las responsabilidades de la funcionaria, indicó que "se van a iniciar las investigaciones, pero ya está clarificado, y lo que nos interesa a nosotros es poner la información complementaria a la Fiscalía".
