En el marco de la crisis delictual que vive el país, el proyecto para la creación de un Ministerio de Seguridad está próximo a cumplir dos años y tres meses de trámite en el Congreso. Actualmente, la iniciativa está radicada en la comisión de Seguridad de la Cámara.
En segundo trámite, el proyecto fue aprobado en general con lo justo en comisión: cuatro votos a favor de los diputados Jorge Alessandri (UDI), Jaime Araya (ind.-PPD), Andrés Longton (RN) y Alejandra Placencia (PC); en contra estuvieron Gloria Naveillán (ind.) y Henry Leal (UDI); mientras que se abstuvo el republicano Cristián Araya.
Si bien ya se visó en su idea de legislar, solo a contar del próximo lunes se espera el comienzo de la votación de enmiendas, las que suman 90, siendo la mitad de ellas de diputados y el resto del Ejecutivo.
La propuesta original firmada por el expresidente Sebastián Piñera llegó a la comisión de Seguridad a inicios de julio pasado, por lo que el tiempo para su tramitación, dicen, no ha sido más que de cuatro meses; en ese período, además, la iniciativa ha debido enfrentar por lo menos cuatro factores que han ralentizado su velocidad, pese a la urgencia legislativa puesta por el Ejecutivo. Uno de esos aspectos es el atochamiento de proyectos que hay en la comisión de Seguridad, la que al ritmo de la crisis de inseguridad ha sido todavía más requerida; se añade el que la contingencia ha devenido en instalar otras prioridades, tal como sucedió en su momento con la Ley Nain-Retamal o, más recientemente, materias referidas al control migratorio o la Ley de Usurpaciones.
De la urgencia de legislar pronto el Ministerio de Seguridad hay coincidencia, tal como lo resalta el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN); pero también concuerdan en que el proyecto es de una técnica legislativa compleja. "Las indicaciones, cuando no tienen consenso y alteran sustancialmente lo que se venía discutiendo desde el gobierno anterior, producen un efecto complejo en la tramitación que afecta naturalmente la celeridad del mismo", comentó Longton a El Mercurio.
En las actuales circunstancias, el diputado por la región de Valparaíso apunta a que la idea sería que el Ejecutivo "se allane a avanzar enfocándose principalmente en el Ministerio de Seguridad, que es lo que urge al país, y no reformas a medida de la ministra del Interior, que busca consolidar su rol en el gabinete fortaleciendo las funciones políticas de Interior".
Efectivamente, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), ha expuesto ante la comisión de Seguridad que parte de las enmiendas de La Moneda apunta a robustecer su repartición, para cuando ya no se dedique a la tarea de seguridad, por lo que se pretende darle un rol preponderante en materia de gestión política y jefatura de gabinete al ministro del Interior, un primus inter pares, en palabras de Tohá.
De los cambios introducidos, el diputado integrante de la comisión de Seguridad Henry Leal (UDI) cree que "sacar adelante el Ministerio de Seguridad Pública es fundamental para el estado actual que vive el país en materia de delincuencia y para eso se requiere celeridad. El Gobierno tuvo todo el tiempo del mundo para preparar este proyecto y resulta bastante curioso que ahora que está presentado lo están llenando de indicaciones; esto evidentemente va a retrasar la tramitación del proyecto".
Análisis de expertos
En conversación con Emol, el académico de la Universidad de Santiago de Chile y ex director de Seguridad Pública en el Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Araya, plantó que la creación de este departamento significa elevar los estándares de seguridad, ya que el actual estamento público abarca diversas tareas, por lo que este no puede abocarse exclusivamente a esta materia.
"Hoy pertenece el tema de la seguridad pública a un ministerio que tiene que ver con todos los asuntos de interiores, es decir, tiene que coordinar las regiones y el trabajo de los delegados regionales en cada localidad del país", argumentó, añadiendo que la actual cartera del interior "tiene un trabajo con los municipios a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)", aseveró.
A su vez, el ministerio liderado por Carolina Tohá, explicó Araya, también se vincula el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
"El hecho de crear un nuevo ministerio específico para la seguridad pública significa que va a haber un ministro encargado específicamente de ese tema", añadió.
Respecto a las funciones específicas que migrarían desde la cartera de Interior a Seguridad, explicó Araya, son las subsecretarías del Interior y la de Seguridad Pública (SPD). Además, planteó que existe una posibilidad de que tanto Carabineros como Policía de Investigaciones (PDI), que se encuentran bajo el mando del Interior, podrían convertirse en subsecretarias del Ministerio de Seguridad.
Sobre el trabajo con coordinado con el Ministerio Público, aseguró se espera alcanzar un "mayores niveles de coordinación de las tareas de seguridad pública", las que se pueden dar a través de "convenios o de mesas de trabajo conjuntos, pero no de una manera orgánica".
"El proyecto impacta en las posibilidades de combatir el crimen organizado y la delincuencia común, el fenómeno del narcotráfico y del orden público. Ayuda en la medida de que va a haber más personal dedicado a estas tareas desde el mundo civil, porque se va a propender a una mayor especialización en los cuadros profesionales que estén ahí a cargo", dijo.
"Se va a contar con más recursos de todas maneras, y va a haber una atención más focalizada en todos estos fenómenos de seguridad pública, orden público, inteligencia del Estado y capacidad de investigación. Por lo tanto, creo que sí va a tener un impacto, que no es inmediato, que no es mágico, pero en el mediano o largo plazo va a haber mejores resultados y va a haber una manera también más focalizada de fiscalizar y de hacer un seguimiento a las tareas que viene impulsando el Ministerio del Interior y que va a impulsar a futuro este Ministerio de Seguridad Pública", cerró.
Por su parte, el investigador Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (Cesc) de la Universidad de Chile y Núcleo Milenio para el Análisis y Evaluación de la Política de Drogas, Diego Piñol, indicó que matiza el debate y afirma que la iniciativa "distribuiría las mismas competencias y labores, que ya existen, en dos entes distintos".
Sostiene que con los antecedentes que se manejan todavía es necesario fortalecer la justificación, como política pública, del Ministerio de Seguridad: "Toda política pública debe sustentar un problema del cual se debe hacer cargo y debe resolver". Sobre si existiría algún cambio significativo con la creación para el combate del crimen organizado o la delincuencia común, apunta a "mejorar los procedimientos de las instituciones que ya existen".
"Ni este ni el anterior Gobierno ha mostrado evidencia de que la creación de un Ministerio de Seguridad va a resolver los problemas que tenemos", dijo, añadiendo que "me parece que son cosas de campaña, de mostrarse, de cortar cinta, pero a nivel de efecto, de resultados, yo creo que nos vamos a encontrar con el mismo problema en cinco o cuatro años más, después de haber terminado todo el proceso que supone instalar un ministerio".
Piñol también opina que "el Estado chileno ha tenido esta costumbre de que a través de la creación de institucionalidad es que se resuelven problemas. (…) En ese nivel de burocracia, yo no veo que en realidad exista realmente un cambio significativo. Creo que la inyección de recursos al área de prevención me parece necesaria, pero también va a depender para qué, en qué se destina y en qué se utilizan todos esos fondos".
