Cuestionadas están las pensiones de gracia otorgadas a personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados en el marco del estallido social.
Ello porque dos personas que reciben el beneficio, Juan Villalobos y Andrés Fuica, mantienen líos con la justicia. El primero está imputado por el delito de estafa y se mantiene prófugo de la justicia, mientras que el segundo, fue sentenciado por saquear un supermercado en octubre del 2019, según información revelada recientemente.
Con un decreto, el Ministerio del Interior elevó la pensión de Fuica hasta los 504.069 pesos mensuales. En tanto, Villalobos, ha recibido entre el 18 de abril y 15 de diciembre nueve pagos que totalizan $5.698.168. Recursos que recibió incluso después de que se conociera públicamente que era buscado por la Justicia.
Con estos antecedentes, el diputado Henry Leal (UDI), presidente de la comisión investigadora que aborda las pensiones de gracia del estallido social, hizo un emplazamiento al Gobierno para efectos de retrotraer el beneficio vía decreto.
"Hace algunas semanas nos enteramos que se le entregó a una persona que estaba prófuga de la Justicia, ahora a una persona condenada por haber saqueado, robado en un supermercado en el contexto del estallido social", destacó, apuntando como "fundamental que el Gobierno se allane a lo que la comisión va a proponer, que es anular, dejar sin efecto las pensiones entregadas a personas condenadas", sostuvo.
Y agregó: "La próxima semana se vota el informe en la Cámara y esperamos contar con el apoyo mayoritario de los diputados. Esto es impresentable, no puede seguir ocurriendo, tienen que ser dejadas sin efecto estas pensiones de gracia. El Gobierno lo puede hacer a través de otro decreto, invalidar una resolución anterior".
Sobre lo anterior se refirió el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve. "Las pensiones de gracia a víctimas del estallido social se han entregado cumpliendo un mandato de la ley. El Parlamento aprobó en la Ley de Presupuesto una glosa que establecía la posibilidad de entregar estas pensiones y los requisitos y los criterios por los cuáles se entregaban, y el Gobierno anterior dictó un reglamento para proceder estas pensiones", partió por aclarar.
En esa línea, relevó que "el Gobierno anterior y este Gobierno han respetado expresamente lo que decía la glosa, que decía que había que entregarle la glosa a víctima del estallido social, que tenían informe del INDH".
Y precisó: "Ni la ley, ni la glosa, ni el reglamento decía que tenía que tener a la vista los antecedentes penales de las personas. Por lo tanto, ni el Gobierno anterior, ni este Gobierno pidió los antecedentes penales".
Dicho eso, la autoridad explicó que "a partir de los hechos, nos parece que ese procedimiento evidentemente tiene falencias y que por lo tanto, es razonable y necesario que las autoridades pidan los antecedentes penales primero. Por eso, vamos a presentar una indicación a un conjunto de mociones parlamentarias que están en la Cámara, indicación del Gobierno, para establecer la obligación".
"La segunda indicación es para entregar una facultad que no entrega la ley, porque no hay ninguna ley que la entregue, la facultad de revocar el beneficio (...) cuando las personas incurran en conductas que justifiquen revocar el beneficio", añadió.
Críticas de la comisión
Desde la instancia que estudia los beneficios, parlamentarios cuestionaron la falta de consideración sobre los antecedentes penales.
El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, acusó que la pensión otorgada a Fuica "demuestra la poca rigurosidad, el amateurismo de este Gobierno, pero sobre todo que hay una mirada complaciente por ciertos grupos marginales que se mueven ciertamente entre el delito y el desorden público, y eso en definitiva contamina mucho al Gobierno".
El también integrante de la comisión, Andrés Longton (RN), aseveró que "el Ejecutivo no tiene excusas y debe dar explicaciones, actuando rápido, invalidando o revocando este beneficio, o bien mandando un proyecto de ley que revierta esta decisión".
Por su parte, el diputado Tomás De Rementería (PS) consideró "necesario que haya un análisis certero y fuera de toda animosidad por analizar el tema del estallido, sobre si es necesario mantener la facultad de las pensiones de gracia, en qué términos y cuáles son las pensiones para seguir manteniéndolas, porque si una comete un delito, por ejemplo de estafa, o un delito grave, podría dar lugar a perderla".
