Desde que se destapó la polémica por las reuniones de personeros de gobierno con empresarios en el domicilio del lobbista Pablo Zalaquett, la lista de nombres políticos en esas instancias no ha parado de aumentar. Y es que si bien en un principio se conoció que asistieron los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, también se han sumado otros secretarios de Estado y parlamentarios.
Tal es el caso del la senadora PS,
Paulina Vodanovic; el diputado PS,
Juan Santana; y el actual ministro de la Segpres,
Álvaro Elizalde, quien concurrió a la casa del lobbista cuando era senador. Ayer, se conocieron también nombres de la oposición, como los presidentes de la DC,
Alberto Undurraga y de RN,
Rodrigo Galilea.
Los secretarios de Estado que están involucrados en la trama son también la titular de Interior, Carolina Tohá; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; del Trabajo, Jeannette Jara y de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Las repercusiones del llamado "caso lobby" no han hecho más que venir a aumentar una percepción entre algunos analistas respecto a la poca gestión en transparencia del Gobierno, o lo que para algunos es una agenda "escasa" y casi inexistente en esta materia. Poco han servido las declaraciones del propio ministro Grau, quien salió a decir ayer que "no todo diálogo es lobby", o los dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que existe "un proceso de aprendizaje" al respecto.
Los otros episodios cuestionados
Y es que el listado sobre los episodios donde se cuestiona la gestión de transparencia no es corto y abarca distintas áreas: días antes, se abrieron cuestionamientos por la instrucción del Mineduc a las universidades de no divulgar información con los resultados de la PAES.
El viernes, el rector de la UDD, Federico Valdés, comentó a El Mercurio que "no corresponde establecer prohibiciones al respecto. De hecho, mientras más secreta sea la información, más interés provocará en los medios y la opinión pública".
A fines de diciembre, la controversia se abrió por el
otorgamiento de pensiones de gracia vitalicias por parte del Gobierno a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones del 18-O y
no explicitar el criterio que los llevaba a dar ese beneficio. Esto, porque uno de los beneficiarios, Andrés Fuica Fuica (42), fue incluido en el listado pese a que había sido condenado por robar un supermercado durante el estallido social.
A ese nombre, se sumó el de Gabriel Allende (procesado por lanzar un artefacto incendiario a Carabineros en 2019), Adán Castro (sentenciado por 2 delitos de maltrato de obra a Carabineros durante el estallido social, pateando en el cráneo a uno de los funcionarios cuando estaba en el piso), Eliseo Carrera (condenado por lanzar piedras contra un carro de Carabineros en Iquique en 2019) y Jonathan Alfonso Parra Rebolledo (28), quien recibe desde octubre de 2022 una pensión de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales (a diciembre de 2023 se reajustó a 1,5, lo que equivale a $444.767) luego de que el Ejecutivo le concedió el privilegio, según dio a conocer Ex-Ante.
A raíz de aquello, parlamentarios de oposición cuestionaron precisamente el "criterio" utilizado para otorgar dichas pensiones, e incluso han pedido que el Gobierno revoque la medida.
Otra de las solicitudes, de más larga data y que abrió una intrincada trama que el Gobierno no ha podido cerrar del todo, es la de revocar los polémicos indultos otorgados a fines de diciembre de 2022, y que complicaron las tratativas en materia de seguridad del Ejecutivo con la oposición, quien cuestionó latamente el prontuario policial de Luis Castillo, el autodenominado "El Insurrecto".
El Gobierno, pese a las explicaciones y al costo político que pagó la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, dejó de todas formas dudas sobre el nivel de conocimiento o (nuevamente) el criterio aplicado para cada uno de estos beneficios. El fantasma volvió a fines de 2023, cuando Castillo fue detenido y dejado en prisión preventiva por secuestro extorsivo.
"Gestión al debe" y "sin agenda" en transparencia
En conversación con Emol, analistas políticos coinciden en que no hay "interés" o el Gobierno está "al debe" en materia de transparencia. De hecho, algunas voces comentan que hoy "cuesta más que antes" conseguir información por parte de los órganos, lo que se contradice con el discurso purista y de transparencia por parte de esta administración al momento de llegar al poder.
Para algunos, simplemente "no hay interés" en avanzar en esta materia y las consecuencias que eso pueda tener para la ciudadanía, y la opinión que se pueda hacer en materia de la gestión de la transparencia. Esto, sumado a que desde el 21 de diciembre el Consejo para la Transparencia se encuentra sin poder sesionar debido a una falta de quórum tras la salida de Francisco Leturia.
"A la luz de los últimos hechos, vemos que el Gobierno, frente a la transparencia de la información, me parece que tiene más recelo que una actitud de impulsar abiertamente una agenda de transparencia".
Tomás Duval, analista político U. Autónoma
Fuentes conocedoras de dicho proceso comentan que el consejo había quedado con tres miembros cuando se fue
Gloria de La Fuente (PS) a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, pero en diciembre la situación se agravó luego que Leturia finalizara el periodo, quedando solo dos miembros. Según cuentan, el Gobierno estuvo todo este tiempo alertado de que debía presentar nuevos nombres de consejeros.
Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, señala sobre este punto, que el tema de la transparencia "no ha sido abordado plenamente por el Gobierno, porque tiene un Consejo para la Transparencia que está inhabilitado de funcionar porque no tiene los consejeros nombrados. Eso es una forma de decir que 'no requiere importancia la materia', me parece una contradicción en si misma".
En segundo lugar, el analista comenta que "hay una ley de Transparencia 2.0 tramitándose hace tiempo en el Senado, que recibió indicaciones del Presidente a fines del año pasado, y esto aún no avanza, y hasta el momento, aparecen normas bastante contradictorias respecto al lobby". Y como tercer punto, Duval pone el acento en la transparencia municipal, que "sigue teniendo dificultad y que no ha tenido grandes avances".
"Me parece que no se ha hecho nada, y que no se le a la importancia que la materia tiene, y quiere decir que esto no está dentro de las preocupaciones principales del Gobierno. A la luz de los últimos hechos, vemos que el Gobierno, frente a la transparencia de la información, me parece que tiene más recelo que una actitud de impulsar abiertamente una agenda de transparencia", acotó el académico.
El analista político de la UDD, Miguel Ángel Fernández, comenta por su parte que "lo que muestran los últimos acontecimientos relacionados a transparencia en el país demuestran que la gestión del Gobierno esta al debe".
"Por una parte, la comunicación transparente que se espera de una administración no se esta cumpliendo, lo que termina por generar un clima de mayor desconfianza frente al Estado y quienes lo gobiernan. Complementariamente, esto nos fuerza a preguntarnos sobre el estado de la legislación relativa a transparencia y el desafío que tiene el presidente Boric de impulsar una modernización del Estado que efectivamente este al servicio de las personas, sus familias y que de cuentas efectivas de los recursos que provienen de todos los chilenos", cerró.
