Una crítica situación atraviesa Ecuador, luego que se fugara desde la cárcel Adolfo "Fito" Macías, un peligroso líder de uno de los principales grupos del crimen organizado en ese país: Los Choneros, facción con estrechos vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación de México.
En respuesta, el recién asumido presidente,
Daniel Noboa, decretó
estado de excepción, bajo la consigna de "
no negociar con terroristas". No obstante, la respuesta de los varios grupos del crimen organizado que operan en ese país no ha sido más que una
violencia en escalada, que llevó a que al menos 10 personas -entre ellos, dos policías- hayan muerto hasta ahora.
A las manifestaciones en distintos puntos del país controlados por bandas delictuales, quema de autos, y guardias retenidos por presos en al menos cinco cárceles, se sumó la irrupción de un grupo de encapuchados al canal TC Televisión con sede en Guayaquil, quienes portando armamento de distinto calibre y explosivos, amenazaron a los trabajadores del lugar.
"Muestra las armas, para que sepan que no se juega con la mafia", dijo uno de los sujetos, que posteriormente fue aprehendido por la policía, junto al resto de los antisociales que alteraron la calma de una transmisión rutinaria. El mensaje, de todos modos, era solo uno: demostrar el poder e insurgencia criminal, y de paso, decirle al Estado que, para ellos, está sometido o incluso, no existe.
Minutos más tarde, el presiente Noboa tuvo una nueva reacción:
firmó un decreto donde declaró un "conflicto armado interno", identificó a 22 grupos del crimen organizado transnacional presentes en el territorio -a los que calificó como organizaciones terroristas-, y ordenó a las Fuerzas Armadas "ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos".
Pero ¿cómo llegó Ecuador a convertirse en un foco atractivo para la instalación del crimen organizado? y aún más de cerca: ¿qué señales de alerta se levantan para Chile, considerando que el país también adolece del avance de este flagelo?
El avance del crimen organizado en Ecuador
En mayo de 2022, el sitio especializado en análisis del crimen, Insight Crime, ya seguía la evolución de la instalación del crimen organizado en Ecuador, principalmente de la mano de carteles colombianos y mexicanos.
Una de las principales razones para que estos grupos hayan comenzado a mirar hacia el territorio ecuatoriano, tiene relación con su posición geográfica: la ruta desde Colombia, pasando por Ecuador para llegar a México es un pilar importante para el tráfico global de cocaína. Así, en esos tres países, se comenzaron a unir facciones rivales, que si bien beneficiaban al negocio ilícito, comenzaron a abrir un espiral de violencia en Ecuador.
De hecho, hay antecedentes que desde 2021 las bandas narcotraficantes habían instalado la violencia en provincias costeras como
Esmeraldas, Guayas y Manabí. El 30 de abril del año siguiente, el ex Presidente Guillermo Lasso, había declarado estado de emergencia para dichas zonas.
Los Choneros, la mayor banda criminal de Ecuador -con el prófugo "Fito" entre sus líderes- comenzaron a incursionar hace dos décadas en el tráfico de drogas, formando alianzas con el Cartel de Sinaloa de México, y con elementos de las antiguas FARC, de Colombia, para transportar cargamentos de cocaína desde la frontera colombiana hasta el puerto de Guayaquil, según el Washington Post.
El citado medio revela además que en 2022, Ecuador fue el décimo país más violento de Latinoamérica y el Caribe, después de un aumento del 82% en los homicidios frente al año anterior, y las proyecciones para 2023 lo situaban entre los tres primeros, por sobre Honduras, Venezuela y Colombia. Sólo Guayaquil, principal ciudad portuaria y foco del narcotráfico, registraba a fines de noviembre de 2022 un aumento hasta del 80% de los homicidios.
La razón: la fragmentación de grupos del crimen organizados en disputa por flujos de cocaína a granel. De hecho, Los Choneros, mantuvieron un fuerte enfrentamiento en 2020 con Los Lobos, otro de los grandes grupos que controlan el narcotráfico en ese país y con fuerte control en las cárceles, como en la de Turi, al sur de Quito.
"Esto fue un tsunami en el Ecuador. Puede que no estén las condiciones, pero no te vas dando cuenta, como sociedad y como país, que esto es demasiado rápido", reflexionó esta mañana el periodista ecuatoriano Juan Carlos Calderón, en conversación con Radio Universo. La cifra respalda aquello: en solo dos años, el país pasó de tener 15 muertos por cada 100 mil habitantes, a una tasa de 45 muertes.
El resultado de toda esta trama, lleva a que hoy Ecuador sea escenario de una insurgencia del crimen que ayer dejó, en palabras Calderón, "a toda la población en una situación de rehén colectivo".
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sale de la estación Radio Canela, donde ofreció declaraciones sobre la reciente ola de violencia en el país, hoy, en Quito (Ecuador). Foto: EFE.
El "guión" del crimen organizado
"Nosotros decíamos, no estamos como Colombia, ni como México, somos una isla de paz. Pero abres los ojos, y te encuentras con esto. Ojo, no hay que confiarse. El crimen organizado en América Latina tiene un guión, escuchaba a la fiscal y fue el mismo que se fue dando en el Ecuador, y a esto súmale esta falta de institucionalidad, donde los actores políticos se desentienden unos de otros, boicotean leyes, no se le pone atención al lavado de dinero, por ejemplo".
"Nosotros decíamos, no estamos como Colombia, ni como México, somos una isla de paz. Pero abres los ojos, y te encuentras con esto. Ojo, no hay que confiarse. El crimen organizado en América Latina tiene un guión, escuchaba a la fiscal (de Chile) y fue el mismo que se fue dando en el Ecuador, y a esto súmale esta falta de institucionalidad".
Juan Carlos Calderón, periodista ecuatoriano
La reflexión de Calderón, contempla
otro elemento clave y facilitador para el crimen organizado: los problemas de institucionalidad de un país. En Ecuador, relató, hay grupos políticos penetrados por el crimen organizado, el financiamiento del narco de las campañas, el Poder Judicial corrompido por el narco, el lavado de activos, además del control de la sociedad civil y de la prensa sobre actos de los funcionarios estatales.
"En Ecuador lo que pasó es que a un gobierno inútil, de un presidente pusilánime (Lasso), que no quiso tomar decisiones en su momento. No se puede admitir un mando pusilánime frente al fenómeno. Fueron dejando pasar, no tomando acciones", reflexionó el comunicador.
Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab, comenta que el aumento de violencia en Ecuador, marcado por el control territorial de los grupos criminales, primero, dentro de las cárceles y luego, fuera, pasa países donde "existe corrupción y una una debilidad del Estado para poder ejercer su poder dentro del territorio. Porque al final, el poder transita del Estado al crimen".
El caso de Chile
¿Cuán cerca de este escenario está Chile? A juicio de Calderón, el escenario no es el mismo, pero las alertas están sobre la mesa. La misma opinión tiene la fiscal jefa de la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo Fiscalía Centro Norte, Tania Sironvalle, quien plantea que si bien en Chile "estamos muy lejos" de estas situaciones, lo ocurrido en Ecuador "lo debemos mirar como una señal de alerta para tomar medidas oportunas".
Lo anterior, porque
en Chile el crimen organizado también se ha instalado con fuerza en los últimos años. Ya desde 2020 que las investigaciones penales desarrolladas en Tarapacá mencionaban al Tren de Aragua, de origen venezolano, -hoy expandido por todo el territorio-, y en 2021 también se detectó que el cartel colombiano Clan del Golfo, y los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también miraban a hacia Chile para asentarse.
La presencia del crimen organizado supone un problema que pone el acelerador bajo sus propios términos, donde la ciudadanía alcanza a ver los efectos traducidos en aumento de inseguridad ante el aumento de la violencia con que se cometen los delitos, además, con imputado desconocido: secuestros extorsivos, ajustes de cuenta y cadáveres arrojados en zonas rurales son parte de los nuevos escenarios que se han tomado el cotidiano local.
Según los datos de la cuenta pública conjunta que entregaron el martes las cuatro fiscalías de la RM (Centro Norte, Occidente, Sur y Oriente), la ocurrencia de homicidios en la región aumentó en un 12% durante 2023. La cantidad de delitos totalizó 597.016: el 13% correspondió a robos no violentos, 12% a robos y 11% a hechos de "relevancia criminal".
"Es efectivo que ha ido aumentando la comisión de delitos que se han ido importando de otros países, a partir del ingreso de pesronas que formaban parte de bandas extranjeras, principalmente de bandas de origen venezolano, colombiano y peruano, y comenzaron a tratar de tener cierto control territorial (...) para tener cierta impunidad para realizar otras labores delictivas, como tráfico de drogas o custodia y tenencia de armas de fuego", relató la fiscal Sironvalle.
A ello, se suma el caldo de cultivo que suponen las cárceles en el país, alerta que han levantado varios expertos en el último tiempo. El hacinamiento y la mezcla de reos de alta peligrosidad con otros más novatos, permite poner en marcha una verdadera escuela del crimen, lo que permite que bandas locales puedan replicar las estrategias de los grupos transnacionales.
La lista de "atractivos" para el crimen organizado no termina ahí. La frontera porosa de Chile y la aún baja fiscalización a las economías criminales, permite que las empresas criminales aún puedan manejar y esconder sus ganancias, en definitiva, seguir adelante con la empresa del delito y sacar réditos de ello. El problema, es que a mayor poder adquisitivo, mayor capacidad de penetrar en círculos de poder y ejercer la corrupción.
Cómo avanzar en "medidas oportunas"
El desafío para las autoridades, policías y persecutores nacionales sigue más presente que nunca. Si bien ya se han realizado ajustes en las organizaciones y modificaciones legislativas que permiten investigar y perseguir de mejor forma esta nueva criminalidad, aún hay tareas pendientes ante un problema multifactorial.
"
Lo que nos enfrenta a este desafío, lo escuchábamos en Ecuador, es este sentido de unidad nacional es lo que tenemos que tener en Chile, superando las diferencias partidistas, ideológicas o de intereses particulares para enfrentar la seguridad pública, con una mirada de Estado, que supere los planes programáticos del gobierno de turno y a las personas naturales que dirigen los organismos de persecución e investigación penal", reflexionó la fiscal Sironvalle.
"No podemos caer en disputas ideológicas cuando hablemos de seguridad, y debemos tener una guía clara de acción frente al crimen, que sea comprendida clara y aceptada por todos".
Pilar Lizana, investigadora AthenaLab
Un análisis similar hace Pilar Lizana, quien si bien destaca que el caso de Chile, "
nuestras instituciones tienen un grado de fortaleza y siguen realizando bien su trabajo, el problema que estamos teniendo hoy día, tiene que ver con la conducción política de seguridad".
La experta sostiene que si hoy se va a tomar la decisión de tomar medias fuertes contra el crimen organizado, aquello tendrá, inevitablemente un costo político, porque "el crimen organizado va a responder con mucha violencia, y alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que puede significar enfrentar a este tipo de grupos criminales".
En segundo lugar, la investigadora identifica "un tema ideológico en la coalición de Gobierno, que tienen que ver con cómo un sector de esa coalición se aproxima a los temas de seguridad, como por ejemplo cuando se discutió la Ley Nain-Retamal o de usurpaciones, cuando se habló de criminalizar la pobreza. Tienen una carga histórica asociada al monopolio del Estado y violación de Derechos Humanos, que los hace aproximarse de manera distinta".
El riesgo de Chile con respecto a lo que se está viendo en Ecuador, dice Lizana, "es que nos mantengamos inactivos, o que las acciones que se estén realizando, para enfrentar la delincuencia y criminalidad, no sean suficientemente y claras. Si se da ese escenario, se va a profundizar la crisis de seguridad, se va a consolidar el crimen organizado nacional, y ahí la amenaza viene dada por cuanto puede penetrar el crimen organizado en el Estado de Chile. Si tenemos niveles alto de corrupción y la penetración es profunda, el riesgo es altísimo".
"En definitiva, no podemos caer en disputas ideológicas cuando hablemos de seguridad, y debemos tener una guía clara de acción frente al crimen, que sea comprendida clara y aceptada por todos. No puede que la ciudadanía pida más y más, y que lleguemos a niveles que digamos ¿qué tiene que pasar para que se tomen acciones?, sino que sean los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones y se recuperen esas confianzas que se han roto, de la mano de medidas anticorrupción muy fuertes", cerró.
