Durante las últimas semanas, la gestión de transparencia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha estado varias veces en el banquillo. Y es que si bien el llamado "caso lobby" ha concertado gran parte de los cuestionamientos -con seis ministros que reconocieron haber asistido a reuniones en la casa del lobbista, Pablo Zalaquett-, hay varios otros episodios que han dejado "señales" de opacidad.
Días antes, el Ejecutivo se enfrentó a críticas por la instrucción del Mineduc a las universidades de no divulgar información con los resultados de la
PAES, y a fines de diciembre, la controversia se abrió por el otorgamiento de
pensiones de gracia vitalicias por parte del Gobierno a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones del 18-O y no explicitar el criterio que los llevaba a dar ese beneficio.
A ello, se le suma un telón de fondo que hace mella en la confianza: el Consejo para la Transparencia (CPLT) sesionó gran parte del 2023 con tres integrantes -luego que Gloria de la Fuente pasara a la subsecretaría de Relaciones Exteriores-, y luego que su ex presiente, Francisco Leturia, finalizara su plazo legal de seis años en el organismo, sólo quedan dos miembros.
Lo anterior, significa que las sesiones del CPLT quedan suspendidas, hasta que la Segprés negocie los nombres con los partidos -uno propuesto por el PS y otro, por RN- se llegue a un consenso, éstos sean presentados al Senado, y luego se vote. Todo eso, con un receso legislativo a la vuelta de la esquina, lo que pone "presión" al nombramiento en medio de las polémicas. Sería, de todos modos, el sector oficialista el que estaría más "entrampado" con las negociaciones internas para proponer un nombre, aunque el Gobierno tampoco ha dado señales de tirar del mantel para zanjar prontamente el tema.
Todo lo anterior, considerando que el Gobierno aún no se recupera del todo de la polémica que abrió el Caso Convenios, que si bien ya tiene a algunos de sus protagonistas en prisión preventiva -Daniel Andrade y el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras-, dejó una huella imborrable en el historial de una generación gobernante que traía consigo la promesa de "otros principios" y "un nuevo estándar moral".
Impacto en la percepción ciudadana
En una sociedad donde las instituciones no son transparentes en si mismas, sino que se trata de un proceso de elaboración, cuidado e implementación efectiva, la percepción ciudadana frente a este tema refleja el impacto que generan las decisiones -u omisiones- del Gobierno en la confianza.
La última encuesta
Black & White da cuenta de lo anterior: por el "caso lobby", un 60% de los consultados considera que la existencia de estas reuniones sin que exista registro, empeora su percepción de transparencia del Gobierno. En cuanto a la PAES, la mitad (50%) declara que la prohibición de divulgar estudios o análisis agregados respecto a dicha prueba, también empeora su percepción de transparencia del Gobierno.
Varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con datos y transparencia -como América Transparente, GobLab UAI, Ciudadanía Inteligente y Derecho Digitales- también hicieron un llamado de alerta esta semana. En una carta enviada a El Mercurio, abordan lo "alarmante" que resulta "la falta de acción del Gobierno para presentar oportunamente candidaturas a consejeros el CPLT".
Pero no sólo constatan un hecho, también apuntan a las consecuencias: "este estancamiento no solo impide el funcionamiento efectivo del consejo, sino que también socava la confianza en las instituciones", señalan, junto con advertir que "esta situación pone en peligro la lucha contra la corrupción y la capacidad de los ciudadanos de hacer responsables a sus autoridades".
Los firmantes de la carta, además, pidieron el miércoles una audiencia al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, para expresar la preocupación, y hasta ahora, no han obtenido respuesta, aunque la cartera aún está dentro del plazo para hacerlo.
La trama del CPLT
La carta de las organizaciones pone el foco en el Consejo para la Transparencia, puesto que el estado en que hoy se encuentra el organismo es una piedra angular en la trama, y marca una contradicción en la promesa contenida en el programa de Gobierno presentado por el entonces candidato, Gabriel Boric.
"Promoveremos a nivel nacional la mayor difusión y promoción del principio de transparencia, del derecho de acceso a la información y del rol del Consejo para la Transparencia (CPLT) como órgano garante, con enfoque de género y fortaleciendo la orgánica del Ejecutivo encargada de la formación permanente para los equipos y profesionales encargados de transparencia en todo el país", reza el texto en su página 202.
En 2021, el CPLT invitó a los entonces candidatos presidenciales a firmar un compromiso por la Transparencia, Publicidad y Probidad en el ejercicio de la función pública del Estado; un decálogo de propuestas en que se comprometían a avanzar en materias legislativas orientadas a avanzar en esta materia. Boric estampó su firma.
Pero hoy, el organismo autónomo del Estado cuenta sólo con dos de sus cuatro integrantes: su presidente, Bernardo Navarrete, y la consejera Natalia González, lo que se traduce en que, si bien pueden seguir oficiando a los servicios y fiscalizando -recientemente oficiaron al Minsal por las listas de espera- no tienen el quórum para sesionar y, por ende, fallar en los casos.
¿Qué significa en la práctica? "Que 1.100 chilenos no han podido ejercer el legítimo derecho de apelar a aquella información que organismos del Estado hubieren entregado de forma incompleta o negado su existencia", comentó ayer Navarrete, en referencia al promedio de solicitudes que reciben mensualmente.
"No es aceptable, y por eso estas organizaciones han hecho un llamado al Gobierno a que resuelva a la brevedad. Es facultad del Presidente de la República, Gabriel Boric, proponer al Senado dos candidatos, y no me cabe duda que hay muchos chilenos que pueden contar con las capacidades para representar el legítimo interés que todos tenemos de que el Estado disponga de toda la información que sea de interés de nuestros compatriotas", agregó el presidente del CPLT.
Conocedores del proceso comentan que la inquietud por la reducción de los miembros del Consejo siempre estuvo presente, incluso desde la salida de Gloria de La Fuente, preocupación que se acrecentó ante la inminente salida de Leturia que ocurriría en diciembre. La idea era que ya en noviembre existieran dos nombres sobre la mesa, lo que no ocurrió.
Todo eso, en medio de la molestia que quedó en el ambiente luego que el Gobierno ingresara el 7 de noviembre del año pasado las indicaciones a la "Ley de transparencia 2.0", donde se eliminó el punto que existía en el borrador de la normativa que apuntaba a normar el lobby entre autoridades. Es decir, no es posible contar con un registro para conocer si los secretarios de Estado se reúnen y las materias que aborden.
"Efectivamente propusimos una norma para ingresar por lobby las reuniones entre autoridades de los distintos poderes del Estado. Entiendo que esa propuesta no quedó incluida en el proyecto que está actualmente en el Senado", comentó el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), uno de los impulsores de esta idea, a Emol.
Un problema de "gestión" y "de principios"
Para Eric Latorre, director del magíster en Gobierno y Dirección Pública de la U. Autónoma, el Gobierno carece de un "problema estructural" en la gestión en materia de transparencia, de la mano de una falta de estrategia comunicacional consistente y transparente. "Lo que más bien hemos tenido son discursos a medias, justificaciones poco creíbles, lo que deja una sensación de que no hay claridad en el Gobierno", comentó.
"Estos ya no son problemas de instalación o de ignorancia. Este es un problema político y de gestión. Pero también hay una cuestión de principios que comienza a entrar en duda. Tú puedes cometer errores, pero si vemos lo que está pasando hoy, hay un problema de principios. Esto ya no es parte de la idea que 'otra cosa es con guitarra'".
Eric Latorre, director magíster Gobierno y Dirección Pública U. Autónoma
A ello, se suma "
un problema de rendición de cuentas en general", comenta el académico; como por ejemplo, "los avances en la agenda de Seguridad. Puede que la información esté en una plataforma, pero la rendición de cuentas implica poner esto a disposición de la ciudadanía y sus interesados, y no simplemente publicarla por ahí".
"Estos ya no son problemas de instalación o de ignorancia. Este es un problema político y de gestión. Pero también hay una cuestión de principios que comienza a entrar en duda. Tú puedes cometer errores, pero si vemos lo que está pasando hoy, hay un problema de principios. Esto ya no es parte de la idea que 'otra cosa es con guitarra'", acota Latorre.
En la misma línea, Kenneth Bunker, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, comenta que la gestión "ha estado bajo lo mínimo", y no le quedan dudas que en lo político, va a traer costos. "Esta era una generación que estaba 'limpia', porque no había gobernado, nunca se le podía acusar de haber cometido actos de corrupción, de hecho, basaron su plataforma en la idea de oxigenación de la política, en ser garantes de una nueva forma de hacer política, y sólo en los dos primeros años, echaron abajo ese mito".
"Nunca van a poder volver atrás con ese estándar moral; a esa idea de que con la juventud venía una cierta pureza. Y es difícil ver cómo el Gobierno va a resolver hacia adelante, considerando que aún hay varios flancos abiertos", zanjó.
