En la segunda jornada de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, la fiscalía entregó antecedentes de cómo la ex jefa comunal
habría instalado un "mecanismo defraudatorio" en la Municipalidad de Maipú entre los años 2016 y 2021.
Según se señaló, el primer hecho se trata de fraude al fisco a través de la modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria. Se acusó que la imputada planificó un gasto no incluido en el presupuesto aprobado por el concejo municipal.
De acuerdo a lo expuesto, Barriga habría emitido una solicitud de modificaciones presupuestarias al Concejo Municipal con antecedentes presupuestario que habrían estado adulterados.
De esta forma, además, habría asegurado "falsamente" a la instancia municipal la existencia de un superávit, mientras se ocultaba la información contable.
El segundo hecho se habría cometido entre 2018 y 2019 y se acusa falsificación de informes de ejecución presupuestario. La ex jefa comunal habría informado "falsamente" el estado financiero del municipio, al menos, en las cuentas públicas de los años 2019 y 2020.
El ente persecutor acusó que durante la cuenta pública 2020 (cuya instancia informa sobre la gestión de 2019) se estableció un saldo positivo de aproximadamente $5.452.024.9576. Sin embargo, al cuarto trimestre de 2019 habría existido un déficit que ascendía al menos a $4.832.000.0007, aproximadamente. A la siguiente rendición pública, en 2021, se estableció, comentó la fiscalía, un saldo presupuestario positivo de aproximadamente $2.805.585.000. En contraste, el Informe de Ejecución Presupuestaria que habría registrado al 31 de diciembre de 2020 un déficit de $14.794.828.372.
Collares
A su vez, dijo la fiscalía, el hecho tres que se acusa es la adquisición de collares a proveedores. Según se expuso, Barriga habría instruido la compra, mediante trato directo, de al menos 1.000 collares de cristal a un proveedor por un valor cercano a $17.850.000, los que permanecieron bajo su custodia y cuyo destino se desconoce.
La imputada habría regalado estos elementos a distintos personeros políticos, quienes se encontrarían Felipe Guevara, ex Intendente Metropolitano, y la diputada Carmen Hertz, quien devolvió el obsequio.
Supuesta periodista
Sobre este punto, la fiscal Lorena Parra, de la Fiscalía Oriente, dijo que para defraudar el fisco se realizaron pagos de indebidos de remuneraciones, con la contratación de Andrea Monsalve en el cargo de periodista, quien no poseería el título profesional y utilizó un certificado falso de la Pontificia Universidad Católica.
Así, el rol de ella, de acuerdo con el Ministerio Público, era de asistente personal, específicamente en el cuidado del hijo de Barriga.
Bajo ese contexto, también habría ocurrido una agresión por parte de la ex jefa comunal a Monsalve, por lo que habría sido derivada a la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana. Así, desde mayo de 2017 hasta el año 2021 habría extendido licencias médicas, por lo que solo trabajó desde enero a mayo 2017.
Monsalve habría presentado 49 licencias durante el mencionado período y percibió entre enero de 2016 y 2020 un total líquido, según se investiga, de al menos a $110.003.072, que es el equivalente a perjuicio fiscal municipal.
Supuesta falsas compras
En el quinto hecho se acusa fraude al fisco de fondos públicos de la Corporación Municipal de Educación. Se trata de tres ilícitos. Hubo dos compras que involucran kit de útiles escolares y otros materiales con cargo a fondos públicos de la corporación. Para la realización de la primera adquisición, se habrían utilizado facturas ideológicamente falsas en las que la individualización de los productos adquiridos por la entidad no coincidía con aquellos realmente solicitados y recibidos.
Entre 2017 y 2018, Barriga instruyó, según apuntó el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, la compra de 30.000 peluches corporativos asociados a su gestión municipal, correspondiente a finalidades ajenas a aquellas legalmente establecidas para la ejecución de fondos. Lo anterior alcanzaría un valor total de al menos a $54.978.000, defraudando el patrimonio público.
Los actos investigados totalizarían un prejuicio fiscal de $30.972.845.635.
