Datos solicitados al Ministerio de Justicia y Gendarmería muestran que más de la mitad de la población penal femenina está recluida por infracciones a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes. Hasta el 31 de diciembre de 2023, en los recintos penitenciarios se registraron 4.117 mujeres privadas de libertad. De ese total, un 59,3% está cumpliendo condena o prisión preventiva por delitos vinculados a la Ley de Drogas: eso es 2.443 internas. Los factores son varios y están asociados a los roles de género tradicionales, explica Catalina Droppelmann, directora del Centro de Justicia y Sociedad y académica de la Escuela de Gobierno UC.
"La mayoría son cuidadoras principales de sus hijos y la venta de drogas no solamente les permite acceder a un ingreso, sino que además ese delito para ellas es muchas veces considerado como un trabajo, porque les permite a su vez mantener la crianza de los niños, trabajar desde la casa y salir en horarios que no afectan a sus hijos", sostiene.
