La Contraloría General de la República remitió un categórico informe a la Cámara de Diputados donde da cuenta de una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social.
En el documento se establece que 58 beneficiarios cuenta con antecedentes penales y no 41 como había dicho el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Entre los delitos cometidos se encuentran estafa, homicidio, tráfico de estupefacientes y producción de material pornográfico, entre otras.
Asimismo, se advierte que en relación al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se constató que 10 de los 144 casos revisados no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante, lo que da cuenta, además, de que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados; faltando a los principios de control, eficiencia, eficacia y responsabilidad.
Sobre esto, el diputado y presidente de la comisión investigadora que indagó posibles irregularidades en la entrega de estos beneficios, Henry Leal (UDI), dijo que "como bancada vamos a iniciar un procedimiento de destitución de los consejeros del INDH que participaron de este procedimiento. Ellos tienen un deber de responsabilidad. Esperamos que el Gobierno, revoque las pensiones de gracia sin más trámites".
Explicó que "la ley del INDH contempla un procedimiento, que con la firma de 10 diputados se puede recurrir a la Corte Suprema por abandono de deberes o de negligencia inexcusable, si es que el consejero no hace bien su trabajo". Según el diputado, "este proceso está viciado y se debe revocar ahora todas las pensiones de gracia entregadas a delincuentes".
"Este proceso está viciado y se debe revocar ahora todas las pensiones de gracia entregadas a delincuentes"
Diputado Henry Leal
Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) dijo que "me parece que la continuidad del subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) está absolutamente comprometida. Creo que lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad, especialmente porque tenemos que formarnos una opinión acabada sobre cuál ha sido el manejo de información que ha hecho el Gobierno. Y me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho".
Asimismo, el diputado Andrés Longton llamó al Presidente Gabriel Boric a reevaluar su gabinete, para así hacer valer las responsabilidades políticas por las pensiones mal otorgadas: "Mientras tenemos más de 4.000 carabineros lesionados, tenemos delincuentes que siguen recibiendo pensiones de gracia. Y por eso le decimos al gobierno que esto no se puede quedar así, que tienen que poner cargos a disposición, porque si no, la sensación que ya está instalada en todo el país es que estas pensiones de gracia a delincuentes fueron otorgadas con complicidad por parte del gobierno y también de los miembros del INDH que no tuvieron ni la más mínima diligencia para poder verificar que estas personas eran realmente víctimas y no delincuentes”.
Oficialismo
La diputada Lorena Fries (CS), ex directora del INDH, planteó que "obviamente sorprende porque da cuenta de una gestión administrativa deficiente que debiera ir reparándose a través de medidas disciplinarias, pero también con nuevos antecedentes que puedan aportar y concluir efectivamente que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y lo digo porque todo esto, lo único que ha hecho es contribuir a relativizar el tema de los derechos humanos en Chile".
Según Fries, lo anterior "está logrando que la derecha imponga una mirada sobre los derechos humanos que tergiversa totalmente lo que es la universalidad de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Frente a una violación de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar. Ello es independiente de los antecedentes penales que puedan tener esas personas, porque los derechos humanos lo que hacen es cubrir a todos de un manto mínimo de protección frente a los abusos del Estado".
da cuenta de una gestión administrativa deficiente que debiera ir reparándose a través de medidas disciplinarias, pero también con nuevos antecedentes que puedan aportar y concluir efectivamente que hay víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y lo digo porque todo esto, lo único que ha hecho es contribuir a relativizar el tema de los derechos humanos en Chile"
Diputada Fries
"Esos abusos del Estado quedaron comprobados, se gestionaron mal efectivamente. Puede que haya pensiones de gracia que sean fraudulentas. Pero lo que no puede ser es que se condicione una reparación a la buena o mala conducta de una persona. Eso es negar los derechos humanos y dejar que el gobierno sea el que define qué entendemos por derechos humanos y claramente constituye una nueva violación y una regresión a los estándares internacionales", añadió.
A su vez, el diputado Tomás de Rementería (PS), dijo que "es inaceptable que hayan personas inescrupulosas que con informes poco legibles, anterior al estallido social, declaren que son víctimas de violaciones de derechos humanos porque acá si hubo víctimas reales, lesione graves para toda la vida, daños oculares (…) Cuando hay un grupo que falsea documentos, es un problema porque se está relativizando lo que de verdad pasó".
"Las pensiones de gracia fueron entregadas por una razón muy especia, el daño generó daños muy graves y por eso el Presidente Piñera decidió seguir ese camino, y el Presidente Boric siguió (…) me parece que cuando hay personas condenadas por delitos graves o que falsearon información, ahí está la gravedad", añadió.
Finalmente, dijo que "acá hubo situaciones donde ameritan las pensiones de gracia, pero también hubo sinvergüenzas y negligencia de organismos del Estado y que la Contraloría lo ha establecido (…) Soy de la postura del subsecretario Monsalve que dijo que vamos a analizar los requisitos y si una persona cometió un delito, se pueda revocar, no porque no se le reconozca su calidad de víctima, sino porque no están cumpliendo con los requisitos para mantener la pensión. Si las pensiones fueron mal otorgadas, es más grave aún, tienen que devolver los dineros que recibieron de mala forma".
