Allanamiento a una casa en sector de Rinconada, en Maipú, que se utilizaba como lugar de tortura y secuestro por parte de ciudadanos venezolanos.
Aton
El
fiscal regional coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, abordó la preocupación que se generó tras la detección de dos casas en la comuna de Maipú que se destinaban como lugar de cautiverio y torturas para personas secuestradas por organizaciones criminales.
Hasta ahora, son dos inmuebles que han sido detectados y seis personas han resultado detenidas. Según se conoció, los ejecutores de estas prácticas son ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, y entre sus víctimas hay personas colombianas vinculadas a la venta de ketamina.
En conversación con Radio Pauta, Barros comentó que "lo que está ocurriendo acá es una disputa por un mercado que es la venta de ketamina, y de acuerdo a los antecedentes investigativos, lo que buscan las organizaciones venezolanas es que se fije un precio igualitario entre lo que venden ellos como venezolanos y lo que venden los inmigrantes colombianos".
En esa disputa han surgido "los secuestros y posteriores ejecuciones cuando no se pagan los rescates. Esa es la dinámica que está debajo, los fenómenos que están detrás de lo que estamos viendo".
Sobre los cuerpos hallados, el fiscal comentó que están directamente vinculados a dichas casas allanadas en Maipú, a raíz de evidencia científica, "pero ellos (ejecutores) no tienen problema en que los cuerpos aparezcan a ocho minutos del lugar o a muy poca distancia, porque muchas veces lo que buscan las organizaciones es dar un mensaje a las potenciales víctimas. Es un acto de comunicación de 'si usted no paga, estas son las consecuencias'".
En esa línea, Barros comentó que "la frialdad con la que actúan es impresionante para la cultura delictual que nosotros tenemos", pese a que la delincuencia local se ha ido contagiando con la llegada de la nueva criminalidad. De hecho, relató que "cuando antes había una víctima menor de edad, eran los propios círculos delincuenciales quienes informaban a las policías o al Ministerio Público quién es el autor. Esos códigos han ido desapareciendo por contagio con estas otras estructuras criminales".
"Por lo tanto, nosotros estamos viendo una realidad que existía en Centroamérica y que ahora se extrapoló a nuestro país, a propósito de la inmigración", sintetizó. En esa línea, Barros se mostró partidario de que la migración se debe regular, "adoptamos la decisión de que todos se quedan acá, pero los regularizamos con nombre y apellido, aunque sean falsos, pero que los tengamos en nuestro Registro Civil, porque tenemos víctimas e imputados que no sabemos quiénes son".
De todas formas, dijo que no sólo el ingreso ilegal es el problema, sino que cuando se logran detectar a estas organizaciones, "tenemos el problema que no encontramos a los delincuentes, por una razón muy sencilla: ingresan por paso habilitados y se van por pasos no habilitados. De repente tenemos la orden de detención para muchos, pero no tenemos cómo ejecutarla porque no sabemos dónde están".
