La Fiscalía Nacional se pronunció ante la polémica decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, y afirmó que esperan revocar la determinación, ya que se tratan de "delitos son graves"
La determinación del magistrado consistía en que internos del módulo de seguridad de la cárcel puedan realizar videollamadas. La decisión fue tomada el pasado 25 de enero y generó un conflicto entre el Poder Judicial y la administración penitenciaria, por lo que esta última acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la medida.
A través de una declaración, el Ministerio Público señaló que el organismo "ha estado en constante coordinación con Gendarmería de Chile, revisando tanto la apelación como el recurso de hecho, esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia".
"Estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados", cerraron.
El caso
Según un reportaje de Meganoticias, está situación provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto "pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada".
Pese a esta situación, Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución a recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un recurso en el cual alertan sobre la gravedad de la decisión.
"Considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados", señala el documento consignado por el medio citado.
En esta línea, argumentan que el hecho que las personas encarceladas puedan comunicarse libremente con terceros, es "particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración".
Finalemente, el tribunal de alzada dio una orden de no innovar, suspendiendo la resolución del juez Urrutia. El 13 de febrero, el tribunal de garantía entregó un plazo máximo de dos días para que se remita un informe con los detalles de la decisión.
