Han pasado cuatro años desde que la Fiscalía Nacional detectó que peligrosas organizaciones criminales trasnacionales intentaban operar en el país. De ellas, el Tren de Aragua es la que logró instalarse con mayor fuerza, y a la fecha, ya ha dejado decenas de registros de secuestros, extorsiones y casos de explotación sexual. Su última actuación conocida le quitó la vida al
ex militar venezolano, Ronald Ojeda.
Pero otras organizaciones que están bajo la lupa de las policías y el Ministerio Público podrían estar operando en el país, aunque a un nivel aún un poco más discreto que el asentado Tren de Aragua.
El 18 de enero del año pasado, el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, profundizó en lo que ocurría. "Si usted me pregunta si hay organizaciones criminales de otros países que están incidiendo en Chile, yo le voy a contestar que sí", dijo la autoridad, junto con señalar que la migración "se ha transformado en un negocio para las organizaciones criminales".
Ese día, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, sobre criminalidad en la macrozona norte, en su tercera sesión, dejó una duda en el aire, luego que el diputado Jaime Araya (PPD) le preguntara al subdirector de Inteligencia de la PDI, prefecto general Luis Silva Barrera si
"Las Maras" (de Salvador) estaban llegando a Chile. "
Para ser fiel a esa respuesta se lo pediría hacer en una sesión reservada, por favor", respondió este último.
Por esos días, algunos expertos en materia de crimen organizado también apuntaron a la presencia del
Primer Comando de la Capital (PCC), originaria de Brasil, específicamente de Sao Paulo. "Hay otra organización que es altamente peligrosa, el PCC, que está extendido en toda en la región. Es una multinacional del crimen que estaría presente aquí, sobre todo en el norte", dijo
Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab a
EmolTV.
Días más tarde, dos integrantes de la mencionada comisión investigadora -diputados Juan Manuel Fuenzalida y Renzo Trisotti, ambos UDI- pidieron al Gobierno que transparentara la situación que el país estaban viviendo ante una amenaza progresiva, advirtiendo que el PCC ya estaría en Chile.
Ayer, un reportaje de T13 dio cuenta de los nexos de esta organización criminal con Chile. El fiscal Álex Cortez, de la Fiscalía Metropolitana Sur, comentó al citado medio que "se ha detectado que tiene alguna relación con ciudadanos chilenos, y por lo tanto, se han iniciado investigaciones para mantener el control e información con respecto a esta organización criminal en el país".
La organización
El Primer Comando de la Capital es considerada una de las mayores trasnacionales del crimen a nivel latinoamericano. Surgió en Sao Paulo, tras la masacre registrada en octubre de 1992 en la cárcel de Carandiru, luego que un motín terminara con un centenar de reos asesinados por parte de agentes policiales.
El PCC ha tenido actividad desde la década de los '90, dedicados principalmente a organizar millonarios robos a bancos, aunque ya desde el 2010 logró expandirse de sus fronteras e iniciar operaciones como tráfico de drogas y armas en Bolivia y Paraguay.
El sitio especializado en materia de crimen organizado, Insight Crime, detalla que ya por ese año (2010) el grupo contaba con 11 mil miembros en todo Brasil, y entró al mundo del narcotráfico internacional al estrechar lazos con Ndrangheta, de la mafia italiana, e incluso comenzó a lavar dinero en China. Desde entonces, su poder fue en auge.
De hecho, el
informe del Observatorio del Narcotráfico (2022) de la Fiscalía Nacional, ya advertía que en diciembre de 2020, cuando el -aún- desconocido "Tren de Aragua" comenzaba a ser investigado por sus operaciones y su alta violencia, se obtuvo información desde las autoridades brasileñas donde se conoció que "las conexiones de esta violenta organización criminal denominada 'Tren de Aragua', habrían llegado a la incorporación de parte de sus miembros a la principal organización criminal de Brasil, denominada Primer Comando de la Capital".
El PCC está organizado en torno a un fuerte liderazgo local independiente que opera en forma de franquicias, en lugar de depender de una jerarquía vertical. No obstante, a los miembros de la organización se les cobran cuotas, las que luego se usan para pagar abogados, comprar policías y guardias de las cárceles, además de seguir abasteciéndose de drogas y armas. Esta estructura, señala el citado medio, es la que ha dificultado a los organismos de seguridad el poder hacer frente a esta organización.
Un informe de 2018 de la Policía Federal de Brasil describió a la pandilla como dirigida al más alto nivel por un grupo de líderes regionales poderosos, muchos de los cuales están encarcelados.
