Lo habían planteado ya otros personeros del Ejecutivo, pero fue la ministra del Interior,
Carolina Tohá, quien explicitó finalmente el criterio, fijando que si funcionario de Gobierno enfrenta un proceso de formalización, deberá dejar su puesto. Palabras que han generado debate no sólo en el mundo político, sino que también entre los expertos.
"Nuestra filosofía, con los funcionarios que son de nuestra dependencia, es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones", sostuvo la secretaria de Estado.
Situación que no sólo podría afectar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuya formalización está programada para mayo, sino que también algunos creen que salpicó al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien eventualmente podría enfrentar un escenario similar por la indagatoria del Caso Convenios.
Cuestionamientos políticos
En ese escenario, son varios los personeros que han cuestionado el "criterio Tohá" y la idea de que la decisión sobre el futuro profesional de una persona quede en manos del fiscal, sin demostrarse primero su culpabilidad. Incluso hay quienes cuestionan que éstos pueden llegar a reemplazar las funciones de los jueces.
"Me parece que no se está delegando la responsabilidad a los jueces, se está delegando la responsabilidad a los fiscales. Basta con que tú seas objeto de una investigación donde formalmente se está iniciando una investigación para que sean los fiscales quienes deciden qué autoridad sigue y qué autoridades salen", expresó esta mañana el presidente de la UDI, Javier Macaya.
De este modo, Macaya puso el acento en dos puntos: "O primero tenemos que tener una reflexión respecto a lo que significa la naturaleza de la formalización como acto procesal o veamos cómo se estudia el criterio, porque quedar solamente en manos de un fiscal para que una autoridad continúe o no en un cargo, me parece que no es como se concibió originalmente la herramienta jurídica de la formalización".
Otros, en cambio, son partidarios de revisar caso a caso la continuidad de las autoridades. Así lo planteó el ex convencional de republicanos Luis Silva, en una carta publicada hoy en El Mercurio: ¿Pero qué ocurre si, como le sucede a Carabineros, la persecución penal se confunde con revanchismo ideológico? ¿Es lógico traspasarle a la Fiscalía la capacidad -en los hechos- de remover a autoridades legítimamente constituidas, con la mera formalización de cargos, aunque estos finalmente se derrumben por su propia fragilidad?"
Ante ello, Silva sugirió "reemplazar la regla de 'todo formalizado se va' por una de 'revisemos caso a caso con máximo rigor'".
Desde el oficialismo también surgieron algunas voces críticas, por ejemplo, el diputado PPD, Raúl Soto, afirmó el fin de semana que el Gobierno "se está equivocando" y "está negándose a hacer política y tomar decisiones difíciles descansando en argumentos jurídicos, pero la verdad es que acá hay que evaluar caso a caso".
Y agregó que "hay situaciones donde la formalización va a ser tarde y el daño político ya va a estar hecho, como Miguel Crispi".
Asimismo, la presidenta del FRVS, Flavia Torrealba, enjuició el "criterio Tohá", asegurando a EmolTV que es "errado", pues se "se rompe el principio de presunción de inocencia, que es la base de todo el sistema democrático, además del Estado de derecho".
Para Torrealba, esto es "efectivamente un ante juicio, cuando en realidad es un derecho de la persona enterarse de que lo están investigando, por cierto que hay un juicio público que puede distorsionar la gestión, pero eso hay que decidirlo políticamente".
La opinión de los expertos
En la misma línea, el doctor y académico de la Universidad Autónoma, Javier Castro Jofré, piensa que "se trata de un criterio peligroso, pues menoscaba garantías fundamentales y conduce, en la práctica, a efectos nocivos. Podría suceder, por ejemplo, que una persona pierda su trabajo y luego aparecer, durante la investigación, que, en realidad, no existía ninguna responsabilidad penal".
Castro Jofré además recordó que "la formalización de la investigación es una garantía procesal, para el imputado, ya que se le comunica en presencia de un juez que está siendo investigado, para que pueda defenderse". Aun así, advirtió, que el "criterio Tohá", apunta a "una instrumentalización política de una institución procesal".
El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, coincidió en que el fijado por Tohá, "es un criterio adicional a los comúnmente establecidos, pero muy peligroso desde mi perspectiva. Cada vez que una autoridad es formalizada, es cierto que se tiende un manto de dudas sobre la institución y sobre los superiores de esa autoridad, y que es muy difícil sostener en su cargo a una autoridad formalizada. Sin embargo, formalizar implica sólo comunicar la apertura de una investigación".
"La ventaja del criterio Tohá, en todo caso, implica que el Gobierno se ahorrará explicaciones o defensas institucionales frente a cualquier autoridad formalizada, pero con el peligro de caer en injusticias", precisó Morales.
Ante la pregunta de si podría entenderse que a partir de este criterio los fiscales actuarían como jueces, Morales aseveró que "podría ocurrir eso, lo que de por sí produciría un gran problema, pues una formalización no es una prueba de culpabilidad, sin perjuicio de que se llegue a ella producto de antecedentes de los que disponga la Fiscalía".
Para el académico de la Universidad Central, Marco Moreno, en tanto, si bien este tema partió teniendo "nombre y apellido" en alusión al general Yáñez, ahora "este criterio Tohá se aplica a todos y esto también podría salpicar como ya sabemos a Miguel Crispi, pues si bien es cierto tiene que ver con los cargos a nivel del Ejecutivo, no son todos los funcionarios de la administración del Estado, se entiende que el cargo que ostenta como jefe de asesores del Segundo Piso estaría dentro" en caso de ser procesado, Según reafirmó el fin de semana el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, aludió.
"De alguna manera, este tema se comienza a politizar, es decir, las decisiones de los tribunales de justicia, comienzan a politizarse y eso no le hace bien al funcionamiento de nuestra institucionalidad. Estamos hablando de poderes del Estado distintos, por tanto, uno esperaría que actuaran de manera autónoma e independiente", recalcó Moreno.
A su juicio, hay que "evitar que se politicen las decisiones de los tribunales de justicia (...) porque de los contrario podríamos entrar a poner en discusión esta idea de que las resoluciones de los fiscales podría afectar la trayectoria política e institucional de distintas autoridades. Hay que ser muy cuidadoso para no caer en una suerte de persecución".
