El crimen contra tres carabineros en Cañete, región del Biobío, hizo que el mundo político lograra ponerse de acuerdo para avanzar en la
agenda legislativa en materia de seguridad, como la ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la reforma a la ley Antiterrorrista.
De hecho, la inquietud ya había sido expresada a mediados de abril por el presidente del Senado, José García Ruminot (RN) y el vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Walker (Demócratras), quienes habían hecho un llamado al Gobierno a sacar adelante la agenda de seguridad e incorporar más proyectos al listado.
El año pasado se lograron sacar 23 proyectos adelante, pero otros siete quedaron en el camino, como el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la mejora en la persecución penal ante reincidencia, las normas generales del Uso de la Fuerza y el subsistema de Inteligencia Económica.
No obstante el acuerdo de que "hay que avanzar", oficialismo y oposición no han coincidido en la velocidad con que se deben sacar adelante las normativas.
Así lo dejó ver la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, quien el pasado domingo, un día después del crimen de los carabineros, comentó a 24 horas que "esto no se trata de dar palos de ciego, o de hacer por hacer. Se trata de fortalecer las acciones en materia de seguridad".
Hoy, el Presidente Gabriel Boric, en medio de su discurso por el Día del Trabajador, comentó que "podrán haber diferencias o debates sobre los proyectos de ley, porque estamos pensando y trabajando para cuestiones permanentes, y las cuestiones permanentes tienen que legislarse con urgencia, pero no en caliente".
Reglas de Uso de la Fuerza (RUF)
Las palabras del Presidente Boric pueden interpretarse como un guiño a la polémica que protagonizó su propio sector en medio de la discusión por las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que tuvo lugar este lunes y martes en las comisiones unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara.
Esto, porque el lunes, en la primera sesión, la diputada Maite Orsini (FA), se negó a dar la unanimidad para que el proyecto se votara hasta total despacho, acción que repitió el martes.
El argumento de la parlamentaria, según explicó el martes a Radio Universo, apunta a dos indicaciones de la derecha: que sea la justicia militar y no la ordinaria la que juzgue a policías o FF.AA, que cometen delitos, y que "sean las víctimas las que tengan que probar" que el actuar de aquellos funcionarios fue ilegal.
"Prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi Presidente a que tenga que hacer una acción como esa, que yo estoy previendo que puede ocurrir (...) tengo que ser cortafuegos porque no puedo permitir que este Gobierno tenga que vetar su propia ley", dijo Orisini.
El martes, y pese a las tensiones generadas al interior de las comisiones, los parlamentarios lograron pactar que sesionarán el jueves hasta el total despacho.
Comisión de Seguridad y ley Antiterrorista
Este martes, y tras una doble sesión que concluyó pasadas las 20.00 horas, la comisión de Seguridad del Senado despachó la nueva Ley Antiterrorista, la que será discutida en la Sala mañana jueves 2 de mayo.
En una primera sesión, se aprobaron normas que guardan relación con la definición de penas y lo que se entiende como asociación terrorista. Por ejemplo, la legislación establece que toda persona que sea parte de una agrupación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo, es decir 5 años y 1 día a 10 años.
También se señala que las penas serán de 5 años y un día a 15 años, a toda personas que reclute nuevos miembros o entregue entrenamiento militar, de combate o el uso de armamento de artefactos explosivos. Y de 10 años y un día a 15 años para quien lidere una asociación.
Se entenderá por organización terrorista todo grupo de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que se forme para cometer delitos que tengan como fin socavar el orden institucional o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado, entre otros.
En la sesión de la tarde, donde participó el fiscal nacional Ángel Valencia y la ministra del Interior Carolina Tohá, se aprobó mantener la figura de "lobo solitario" para procesar a quienes cometan delitos de carácter terroristas de manera individual, como el caso de envío de bombas a exautoridades.
Asimismo, se aprobó una norma que aumenta las sanciones para los funcionarios públicos que, en el desempeño de su cargo, cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley. Por último, el proyecto incluirá en su debate en sala una disposición que permite al Ministerio Público solicitar el traslado de las causas previa autorización de la Corte Suprema, cuando existan casos de especial complejidad o alarma pública.
Ministerio de Seguridad
Se prevé que para el viernes se logre destrabar la discusión por la creación del Ministerio de Seguridad, alojada en la Comisión de Seguridad de la Cámara. En tanto, se espera que a eso de las 12.00 a 13.30 horas, la comisión de Hacienda vote las normas de ese proyecto relativas a su competencia.
La idea es que esta semana cierre con RUF y Ministerio de Seguridad siendo votados en Sala.
Así lo planteó ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo a Cooperativa que "nos preocupaba que no nos habían dado el acuerdo para -por ejemplo- tramitar el Ministerio de Seguridad Pública esta semana, y ahora sí se da el acuerdo. Entonces se logró ordenar la discusión. Me parece que esa es una buena noticia, que podamos justamente hoy día dar una señal de acuerdo, de unidad".
Así, el viernes "estarían votándose ambos proyectos, Reglas del Uso de la Fuerza como el Ministerio de Seguridad Pública, y por lo tanto poder despachar esos dos proyectos con debate en el Congreso Nacional", comentó la ministra. De esta manera, afirmó, "se lograría combinar el sentido de urgencia con el tiempo de debate que se requiere para que los proyectos salgan bien, que es lo que nos interesa".
